La filtración del borrador que la delegación de la Comisión de Venecia ha realizado sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de amnistía, ahora en elaboración en el Congreso de los Diputados, cuestiona, por una parte, la inclusión de los delitos de terrorismo sin condena firme.
Tal inclusión contraviene principios fundamentales del Estado de Derecho y del derecho internacional, que generalmente prohíben las amnistías para crímenes de gravedad internacional, incluidos los actos de terrorismo.
La preocupación radica en las implicaciones para la justicia y los derechos de las víctimas, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y el respeto a las normativas internacionales.
Por otra parte, el citado borrador también aborda las preocupaciones sobre la posible inclusión de delitos de corrupción y malversación bajo la amnistía, indicando que solo una relación causal más estrecha entre estos delitos y los eventos específicos podría justificar su inclusión.
La inclusión de delitos financieros en la amnistía, sin una vinculación clara y directa con el intento de independencia catalán, plantea dudas sobre la justificación de privilegios legales especiales para ciertos individuos, en detrimento de la igualdad jurídica y la transparencia.
Además, se señala la importancia de mantener la independencia judicial y evitar la interferencia política en la administración de justicia, particularmente en relación con las comisiones de investigación del Congreso.
La Comisión de Venecia recuerda que el objetivo principal de los comités parlamentarios de investigación es supervisar y controlar el trabajo del poder ejecutivo para garantizar la responsabilidad política democrática y mejorar la transparencia y la eficiencia del gobierno y la administración.
«Los jueces no deberían estar obligados a informar sobre el fondo de sus casos a nadie ajeno al poder judicial. La Constitución española otorga la competencia para conocer de las posibles faltas disciplinarias cometidas por los jueces al Consejo General del Poder Judicial», por lo que recomienda que los jueces no sean llamados para responder por los casos que estén bajo su jurisdicción.
La Comisión de Venecia recalca la importancia de una definición precisa y restrictiva del alcance de la amnistía para evitar arbitrariedades y garantizar la igualdad ante la ley.
NO AVALA NI DESAPRUEBA EXPLÍCITAMENTE LA LEY DE AMNISTÍA
Pero no avala ni desaprueba explícitamente la ley de amnistía propuesta por el gobierno en relación con Cataluña. Ni se posiciona directamente a favor o en contra, sino que proporciona un análisis crítico y varias recomendaciones para asegurar su alineación con los principios democráticos fundamentales y los derechos humanos.
Asimismo, hace un llamado a un diálogo constructivo y cooperación entre todas las autoridades españolas, sugiriendo la exploración de alternativas a la amnistía, como procedimientos de justicia restaurativa, que puedan ofrecer reconciliación sin eludir la responsabilidad por actos graves como el terrorismo, la corrupción y la malversación.
Por último, subraya el desafío de equilibrar la búsqueda de reconciliación en Cataluña con el imperativo de adherirse a los principios del Estado de Derecho y respetar los compromisos internacionales de España.
La Comisión fue convocada para valorar el proyecto de ley de amnistía del gobierno por Pedro Rollán Ojeda, presidente del Senado, en nombre de la Mesa del Senado.
Este borrador está previsto que se debata en el seno de dicho órgano en la 138ª sesión plenaria de dicha Comisión de Venecia, prevista para los días 15 y 16 de marzo próximos.
Titulado, «España, Proyecto de opinión en los requisitos del Estado de derecho de las amnistías con referencias particular al proyecto parlamentario ‘sobre la Ley orgánica de amnistía a las institucionales, político y normalización social de Cataluña» [literal], ha sido elaborado por Marta Cartabia (Italia), Philip Dimitrov (Bulgaria), Regina Kiener (Suiza), Martin Kuijer (Países Bajos) y José Luis Vargas (México).
El Consejo de Europa no es Unión Europea ni forma parte de ella, si bien sus 27 miembros pertenecen a él y sus miembros trabajan sobre objetivos idénticos en materia de derechos humanos y democracia.
Fue fundado en 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de promover la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho en Europa y la integración europea.
Tiene su sede en Estrasburgo, Francia. Cuenta con 46 estados miembros –Rusia fue expulsado de su seno tras las invasión de Ucrania–. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es uno de sus órganos.
Otro es la Comisión de Venecia, cuyo nombre oficial es Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho.
Es un órgano consultivo. Está compuesto por expertos independientes en el campo del derecho constitucional.
Fue establecida en 1990, después de la caída del Muro de Berlín, con el propósito de asistir a los países de Europa Central y Oriental en su transición hacia la democracia, ofreciendo asesoramiento legal y apoyo en el desarrollo de instituciones democráticas y en la estructuración de sus marcos legales y constitucionales.
