La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que no es «ninguna sorpresa» que el Tribunal Supremo vaya a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo y ha sostenido que ello no debe provocar «ninguna interferencia» en las negociaciones sobre la amnistía.
En declaraciones a los periodistas antes de visitar el DFactory del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), María Jesús Montero ha asegurado con relación a la decisión del Supremo y la ley de amnistía: «No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal».
«Siempre hemos dicho que sabemos perfectamente qué es terrorismo y qué no lo es», ha insistido Montero, que ha mostrado en cualquier caso su «respeto» al trabajo de la Justicia y de la Fiscalía -que, en este caso, opinaba que no se debe investigar por terrorismo-.
Respecto a las negociaciones con Junts para la ley de amnistía, ha señalado que se trabaja con «discreción» para alcanzar un acuerdo.
Montero ha asegurado que «la amnistía es imprescindible para pasar página» más allá de lo que pueda suceder con «particulares o tribunales».
También ha afirmado que «la apuesta del Gobierno de España por el reencuentro trasciende a la propia legislatura».
La resolución del Supremo sí podría complicar la ley de amnistía
La decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa al expresidente catalán Carles Puigdemont por su relación con Tsunami, investigado en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, coloca a la ley de amnistía ante una posible traba ante la UE.
La decisión del Supremo se produce, además, a pocos días del vencimiento del plazo para que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo en el Congreso sobre la ley de amnistía.
Ahora habrá que ver si la ley de amnistía se amplía hasta incluir cualquier tipo de delito, como exige Junts o no.
De momento, en el PSOE, insisten en mantener la línea roja que supuso la ruptura hace un mes, esto es, que no se puede tocar la ley para incluir todo tipo de delitos de terrorismo, como exigía Junts, porque eso supondría arriesgarse a que la norma fuera declarada inconstitucional en España o que la tumbara la justicia europea.
La decisión de ayer del alto tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a ‘Tsunami Democràtic’ se incardinan en el delito de terrorismo y recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito.
Esta decisión del alto tribunal desautoriza los argumentos de la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, que rechazaba investigar a Puigdemont y solicitaba que la causa de «Tsunami» fuera devuelta a la Audiencia Nacional, en contra del criterio mayoritario de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que consideraba al expresidente catalán líder de Tsunami, «un grupo organizado de carácter terrorista».
