La Asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido un comunicado respaldando a la Fiscalía de Madrid por la nota de prensa que difundió ayer en la que aparecían informaciones sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Dieron datos concretos de una investigación donde aparecían fecha detalladas y el contenido de conversaciones.
Pero para UPF, la fiscalía encargada del asunto no divulgó ningún tipo de información reservada. «Simplemente actuó en el ejercicio de sus funciones con absoluta imparcialidad».
«Sólo han emitido una nota de prensa para aclarar informaciones inexactas de determinados medios de comunicación sobre el papel desempeñado por la propia Fiscalía de Madrid», han comentado.
Y con el objetivo de «aclarar los pasos seguidos en un asunto cuando existe un claro intento de intoxicación informativa» con un interés público.
Por lo que consideran que la información aportada ha sido «aséptica, objetiva, respetuosa con los derechos de la defensa y dirigida a defender el principio de imparcialidad de la institución y la honorabilidad de todos los/las fiscales de la plantilla de Madrid».
ICAM Y APIF piensan distinto
En cambio, no todos piensan así. A juicio del Colegio de la Abogacía de Madrid, esta situación es «de extrema gravedad», por lo que su Junta de Gobierno se reunirá el próximo lunes para examinar con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, para llegar «hasta las últimas consecuencias».
Desde el ICAM consideran que la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal.
Al igual que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que se ha dirigido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz para que la desautorice.
La APIF considera que el contenido de la nota «excede en mucho la obligación impuesta» por el artículo 4.5º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Y recuerda que el artículo 24 de la Constitución consagra el derecho a la presunción de inocencia y que el mencionado artículo del Estatuto Fiscal señala como límite la obligación de información por parte del Ministerio Público «con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados».
