El Consejo de Ministros ha dado el ‘visto bueno’ al proyecto de ley para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero con el texto que se paralizó en el Congreso en julio por la convocatoria anticipada de elecciones, según ha explicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al consejo.
Se trata del paso necesario para que el proyecto pase al Congreso de los Diputados y dé comienzo su tramitación parlamentaria. Cuerpo, que cree que la ley podría estar en vigor antes de que finalice 2024, ha recordado que se trata de un proyecto que decayó justo antes de su adopción final, pero que fue aprobado por el Congreso de los Diputados. «Es precisamente ese texto, el que salió del Congreso, el que recogemos, esperando que pueda aprobarse de una manera rápida».
«Es un proyecto de especial relevancia y al que le hemos venido dando mucha prioridad, tanto desde el ministerio como desde el Gobierno, en estos primeros meses con el fin de cerrar esta red de protección de los clientes financieros, de los consumidores, de las entidades financieras», ha explicado.
La nueva autoridad consolidará los servicios de reclamación del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), permitiendo a los clientes presentar quejas sin costo y recibir respuestas rápidas en un máximo de 90 días..
Podrán presentar reclamaciones ante la autoridad las personas físicas o jurídicas
Podrán presentar reclamaciones ante la autoridad las personas físicas o jurídicas clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros.
Igualmente podrán hacerlo por abusividad de cláusulas declaradas como tales por el Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), o en su caso, hayan sido inscritas con tal carácter en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
Las resoluciones sobre reclamaciones financieras se emitirán en máximo 90 días y serán obligatorias para los bancos en casos de normativa de protección al cliente o cláusulas abusivas por menos de 20.000 euros. Si no son obligatorias, pueden usarse como prueba en juicio.
El incumplimiento de estas resoluciones podría resultar en sanciones.
La financiación de la autoridad responsable provendrá de tasas variables pagadas por las entidades, basadas en el número y resultado de las reclamaciones, reemplazando la tasa fija anterior.
Los recursos contra resoluciones obligatorias serán competencia de la justicia civil, un cambio introducido para mejorar la protección del cliente.
Estructura
Por otro lado, el organismo, que estará adscrito al Ministerio de Economía contará con autonomía e independencia funcional y se financiará, cuando su actividad esté en pleno funcionamiento, a través de tasas recabadas por las reclamaciones admitidas.
La autoridad será liderada por un presidente y un vicepresidente designados por el Consejo de Ministros por seis años, con una estructura de direcciones generales y secciones para gestionar reclamaciones, garantizando su independencia.
Para unificar criterios en las decisiones, se contempla una sección especial.
Además, habrá un comité consultivo con miembros del Consejo de Consumidores, representantes de seniors, discapacitados, sector financiero, comunidades autónomas, y dos expertos académicos en finanzas.
