Los antecesores de Bolaños, Juan Carlos Campo y Pilar Llop, consideraron que, por ser una reforma de enorme calado, necesitaría un tiempo de adaptación largo.
La futura LECRim a la que Bolaños quiere darle vida no entraría en vigor hasta 6 años después
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08/4/2024 06:33
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Actualizado: 08/4/2024 01:57
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A pesar del acelerón que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pretende darle al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) elaborado cuando Juan Carlos Campo era ministro de Justicia y trabajado con su sucesora, Pilar Llop, las previsiones de que entre en vigor, contenidas en el propio texto, no son nada cercanas: 6 años.
Por lo que sería improbable que estuviera vigente en la presente legislatura. Es una forma de enorme calado que requiere una arquitectura jurídica y organizativa muy compleja que precisa de varias fases.
A pesar de todo, Bolaños quiere darle el empujón final para que finalmente la investigación penal sea asumida por el Ministerio Público, poniendo fin a la histórica institución de los jueces de instrucción.
El ministro ha dejado claro que quiere enviarla al Consejo de Ministros entre junio y septiembre de este año.
Aunque esta medida busca alinear a España con la práctica común en su entorno europeo, suscita preocupaciones acerca de la independencia y la imparcialidad de la Fiscalía, especialmente en un contexto donde la figura del actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, está siendo muy cuestionada tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo nombramiento consideró inidóneo, como por dos de las tres asociaciones de fiscales, que han pedido su dimisión repetidas veces.
En este sentido, cuatro vocales del CGPJ han asumido la responsabilidad de elaborar la ponencia sobre el proyecto de texto legislativo –Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballestero, Roser Bach y Clara Martínez de Careaga–. El órgano de gobierno de los jueces tiene que aprobar el informe preceptivo, tal como manda la ley.
Los magistrados consideran esencial que para que el futuro código procesal penal español sea viable hay que realizar, al mismo tiempo, una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por el que se garantice la autonomía –independencia la definía Julián Sánchez Melgar cuando era fiscal general del Estado– de la Fiscalía. Para que no sea una correa de transmisión del Gobierno.
Precisamente, el fiscal general del Estado ha convocado a las tres asociaciones de fiscales –la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales– para crear un grupo de trabajo que desarrolle el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de cara a una futura LECRim.
El borrador del informe sobre el que trabajan los tres vocales, y que tendrá que ser aprobado por el Pleno del CGPJ, según revela ABC, aboga por la reforma legislativa pero señala la urgencia de acompañarla con cambios en el Estatuto Fiscal que profundicen en la garantía de imparcialidad de la institución.
Este punto de vista se alinea con las observaciones de la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) sobre la necesidad de fortalecer las relaciones entre el gobierno y el fiscal general del Estado, proponiendo mejoras en el régimen de nombramiento y en la estabilidad del fiscal general para asegurar una mayor independencia de esta figura.
SUPONE UN CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL
La reforma propuesta no solo busca un cambio estructural en la administración de la justicia penal, sino también introducir nuevas herramientas y técnicas de investigación para combatir la criminalidad, así como reforzar las garantías procesales para los involucrados en el proceso penal.
Además, plantea la creación de nuevas figuras judiciales como el juez de garantías y el juez de la audiencia preliminar, con roles específicos en la protección de los derechos de los investigados y en la toma de decisiones sobre la apertura de juicios y la validez de las pruebas.
El Consejo Fiscal ya expresó su preocupación, en 2021, por la viabilidad del cambio sin una reforma del Estatuto Fiscal y adecuaciones en recursos y organización que permitan a la Fiscalía asumir eficazmente su nuevo papel investigador.
En ese sentido, enfatizó la necesidad de autonomía organizativa, funcional, presupuestaria y de gestión para implementar el nuevo modelo de manera flexible y adaptada a las realidades territoriales.
En este complejo escenario, la reforma de la LECrim se presenta como un ambicioso intento de modernizar el sistema de justicia penal español.
Sin embargo, su éxito y aceptación dependen críticamente de la capacidad para implementar reformas complementarias que fortalezcan la independencia y eficacia de la Fiscalía, asegurando que su actuación sea percibida como objetiva y libre de influencias partidistas, conforme a los estándares europeos y las expectativas de la sociedad española.
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