La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) califica de «insostenible» la continuidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tras la decisión del magistrado instructor del TSJM de elevar al Supremo la causa por la filtración de datos del compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
«La situación ya ha traspasado todos los límites que puede soportar la institución», afirma APIF en un comunicado.
El pasado 14 de marzo, esta asociación –una de las tres existentes junto con la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales– expresó su preocupación al propio fiscal general del Estado tras la publicación de una nota por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Dicha nota abordaba posibles pactos de conformidad entre la Fiscalía y Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso.
La APIF subrayó que este proceder excedía las previsiones del artículo 4, 5º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y comprometía el derecho a la presunción de inocencia, protegido por el artículo 24 de la Constitución Española, además del derecho de reserva y sigilo.
Resaltó, además, que, en el ejercicio de su función, las relaciones entre fiscales y abogados deben mantenerse en secreto, salvo en casos de acuerdos de conformidad, que se hacen públicos solo al dictarse sentencia.
Esta práctica está respaldada por el Estatuto de la Abogacía, que impone el deber de secreto profesional.
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO ACTUÓ DE FORMA INAPROPIADA
«Hoy nos encontramos con que el Fiscal General no podía desautorizar lo que él mismo había ordenado: la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid».», dice la APIF.
«La forma de proceder ha sido en todo momento inapropiada, los Tribunales dirán si además es delictiva. El fiscal General del Estado y la fiscal jefe de Madrid, de considerar que se propagaban noticias que afectaban a la Fiscalía de Madrid debieron simplemente denunciar la filtración de dichas noticias al Colegio de Abogados y emitir una breve nota dando cuenta de esta actuación», añade.
La APIF le reprocha a García Ortiz y a Rodríguez la inacción de los primeros momentos que permitió la imputación de Julián Salto Torres, fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, para el cual el magistrado instructor del TSJM, Francisco José Goyena Salgado, ha acordado el sobreseimiento libre de la querella, lo cual equivalente a una sentencia absolutoria.
«Proceder contra el criterio de la Fiscal Superior de Madrid, que según noticias de prensa ordenó a la fiscal provincial que se abstuviera de cualquier actuación hasta el día siguiente, y desvelar datos en vez de denunciar a quien los hubiera desvelado antes ha permitido la imputación de un fiscal de Madrid, lo cual debió ser evitado por el Fiscal General y la Fiscal Jefe de Madrid asumiendo desde el primer momento la autoría de la nota y la consiguiente responsabilidad», asevera esta asociación.
La APIF también critica la falta de actuación de la Inspección Fiscal, que no ha investigado estos hechos de mayor relevancia.
Y subraya que, aunque el fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid tienen derecho a la presunción de inocencia, los fiscales involucrados en el procedimiento no pueden estar bajo su dependencia jerárquica.
Por último, la APIF hace un llamamiento para la regeneración de la Fiscalía General del Estado y destaca la necesidad de que la Fiscalía sea dirigida por quienes actúen en defensa de la legalidad y del interés público, eviten a una «situación penosa» como la que «hoy sufrimos».
