Hace 24 horas fue recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, junto a la Selección Nacional de Fútbol, vencedora del Campeonato de Europa.
Hoy Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha sido inhabilitado durante dos años por el Tribunal Adminsitrativo del Deporte (TAD) por haberse excedido en sus funciones cuando presidía la Comisión Gestora que se formó tras el cese de su antecesor, Luis Rubiales.
La decisión tiene su base en el despido de Andreu Camps, secretario general de Luis Rubiales, para el que supuestamente no tenía ningún poder.
Rocha se enfrentaba a una inhabilitación de 6 años, según la propuesta de la instructora del caso, la abogada del Estado Marina Adela Porta Serrano, por haber vulnerado el Reglamento Disciplinario de la anterior Ley del Deporte.
Porta Serrano considera que el dirigente extremeño había incurrido en tres faltas muy graves.
Estas faltas incluían la destitución de Camps, la rescisión del contrato con el despacho GC Legal (propiedad de Tomás González Cueto, asesor legal de la RFEF durante el mandato de Rubiales) y la personación de la Federación en el caso Supercopa.
El TAD ha sancionado también a Rocha con una multa de 16.527,84 euros por cada una de las dos últimas decisiones (GC Legal y caso Supercopa).
El Tribunal Administrativo del Deporte afirma que las actuaciones de Rocha «no superan el juicio de la razonabilidad» y «deben calificarse de arbitrarias y groseras». Fueron unilaterales y no fueron sometidas a la deliberación y aprobación de la Comisión Gestora, vulnerando los derechos básicos de los miembros del órgano colegiado, alterando la formación de la voluntad de la RFEF y sustituyéndola por la suya.
La causa tiene su origen en una denuncia que presentó Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE, ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), el cual la trarsladó al TAD.
El Tribunal Administrativo del Deporte abrió expediente a Rocha y al resto de los miembros de la Comisión Gestora, quienes, finalmente, quedaron libres de imputación sancionadora.
