Incluso la policía, del Ayuntamiento de Gorliz, estuvo de baja por ansiedad. Situación que un juzgado calificó, por sentencia firme, de accidente laboral. Foto: Wikipedia
Un policía local habla de los pechos de una compañera y el Ayuntamiento acaba condenado por «no hacer nada»
Tiene la obligación de garantizar la seguridad de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo mediante la adopción de cuantas medidas sean necesaria
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18/7/2024 06:36
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Actualizado: 18/7/2024 10:43
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La titular del Juzgado de lo Social Nº2 de Bilbao, Mónica González Fernández, ha condenado al Ayuntamiento de Gorliz a indemnizar con 29.690 euros a una policía local por haber incumplido las medidas de prevención de riesgos laborales ante una situación de acoso por parte de otro agente.
La mujer llegó incluso a estar de baja por ansiedad desde el 1 de noviembre de 2021 al 26 de abril de 2023. Incapacidad temporal que este mismo juzgado calificó de accidente laboral en una sentencia firme emitida el 17 de febrero de 2023.
Según se explica en la sentencia 228/2024 de 3 de julio, la mujer de 41 años comenzó a detectar que en 2019 uno de sus compañeros tenía comportamientos inadecuados con ella. Le agarró de la coleta y, con violencia, acercó su cabeza a sus partes genitales mandándola callar.
Además, en diversas ocasiones se dirigía a ella en términos como, por ejemplo, “para estar mirando y no hacer nada, mejor no salgas de la comisaría” o “si no te gusta tu trabajo, vete”.
Pero esta situación no cesó. En 2021, la agente decidió durante sus vacaciones realizarse una cirugía estética. El policía le preguntó que qué se había hecho y, ante la negativa de la mujer de darle explicaciones le dijo que “ya se las vería en verano”. Al tiempo habló de ellas como “peras de goma”. Comportamientos que hizo delante de otros compañeros.
La policía local puso los hechos en conocimiento del Ayuntamiento en julio de 2019 y mayo de 2021, pero no hicieron nada. De modo que la mujer decidió presentar una demanda de reclamación de responsabilidad civil patronal por vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales. Solicitó 59.521 euros.
Decisión de la jueza
La titular del juzgado, a la hora de tomar una decisión, tuvo en cuenta la sentencia firme del 17 de febrero en la que se declaró la ansiedad de la policía local por accidente laboral. En ella se explicó que había quedado acreditado «la clara concurrencia de situación de conflictividad laboral» y quedó descartado que los hechos fuesen discusiones subidas de tono.
«Sino que, muy al contrario, tienen encaje en una situación de acoso hacia la actora» al manifestar un comportamiento reiterativo tendente a socavar su integridad, manifestó.
A la luz de lo expuesto, la jueza no dudó en que el Ayuntamiento sí había incurrido en un incumplimiento de medidas preventivas al haber puesto la situación en su conocimiento en dos ocasiones «sin que nada se actuara por parte de la empleadora».
El consistorio «tenía conocimiento de los hechos que se estaban produciendo, por lo que debería acreditar haber agotado toda diligencia exigible para evitar o minimizar el riesgo» cosa que no hizo.
No se hizo «absolutamente nada»
Además, la jueza recuerda que tienen la obligación de garantizar la seguridad de los empleados en todos los aspectos relacionados con el trabajo mediante la adopción de medidas necesarias para la protección de la seguridad.
Por otro lado, el hecho de que que existiese un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, un Plan de Igualdad y un Protocolo de Resolución de conflictos no podía dar por cumplida la deuda de seguridad.
Ya que no servía de nada tener esos documentos si una trabajadora denunciaba unos hechos que pudiesen ser constitutivos de acoso, con numerosos testigos, y «no se hacía absolutamente nada para atajar esa situación».
Respecto a la cuantía de la indemnización, la jueza consideró que sólo se le debía otorgar 29.690 euros que corresponden al perjuicio personal, pero no la de daño moral, que eran otros 29.831.
El caso de la policía lo ha llevado Bidelagaun Fundazioa
El caso ha sido defendido por Bidelagun Fundazioa, una fundación creada por la central sindical ELA para la promoción de la salud laboral. No obstante, han querido aclarar en un comunicado que los hechos ocurrieron durante la legislatura del anterior equipo de gobierno del PNV.
Pues el actual encabezado por Gorliz Bizirik «ha mostrado su apoyo y colaboración a la trabajadora facilitando su reincorporación a su puesto de forma segura».
La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco.
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