Caracas.-Desde temprano, la avenida Francisco de Miranda recibe a multitudes de personas que bajan desde los cerros de Petare, el barrio popular más grande de Caracas.
A la una de la mañana del mismo día, el 29 de julio, el Centro Nacional Electoral (CNE) había anunciado la victoria de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, un anuncio que incluso en las ciudades históricamente chavistas se ha interpretado como un fraude. Para entonces, el equipo del candidato Edmundo González Urrutia, encabezado también por María Corina Machado, no había puesto todavía las actas electorales a disposición de los votantes a través de internet, como ya lo ha hecho.
Pero grandes porciones de la población, expresándose a través de redes sociales o saliendo a la calle, se adelantaban al anuncio por parte de la oposición de la victoria de González Urrutia, que sacó un 70% de los votos según las actas presentadas, sin que el CNE reciprocara. Adelantándose a una conclusión prevista, se podría decir, tanto los organizadores de la campaña de González Urrutia como quienes votaron por él reclamaban su triunfo.
Y todo esto en unas jornadas electorales que excluyeron a 4,5 millones de venezolanos en el exterior. Que vieron episodios de violencia (con un muerto confirmado en Táchira) de parte de los colectivos, bandas armadas a favor del Gobierno, e irregularidades denunciadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), incluyendo la limitación del acceso a centros de votación a los ciudadanos y a la sala de totalización del CNE a los testigos asociados a la oposición. Además, se paralizó la transmisión de los resultados antes de pronunciarse los resultados.
Incluso ahora el CNE no ha publicado por su lado las actas electorales, y varias denuncias ciudadanas apuntan con evidencia videográfica a la detención masiva y secuestro de los miembros de las mesas que las firmaron durante las elecciones.
«Nos robaron»
«Nos robaron, ha sido el fraude más grande de la historia», exclama Rosalba mientras reparte agua en vasitos de plástico a los manifestantes, varios de los cuales llegan desde Petare en una marcha espontánea a lo largo de la ruta que bajo tierra sigue la línea más larga del metro de Caracas.
Ella bajó de su edificio con un botellón para apoyar jóvenes y ancianos que se arremolinan a su alrededor para refrescarse antes de seguir marchando. «Claro, si algunos vienen hasta de Guarenas», dice, apuntando en dirección a una ciudad de la que salieron varias personas a altas horas de la mañana, quienes ahora gritan consignas en contra del Gobierno.
En la Plaza Francia, donde se concentran centenares de manifestantes con carteles y banderas, César se quita los zapatos para descansar. «Venimos desde Caucagüita, salimos a las ocho de la mañana y queremos llegar al CNE», dice, destacando que no ha visto policías hasta el momento. A su lado, Jhondry señala que los jóvenes salen porque sienten que la situación les roba el futuro.
«Estudiamos, tenemos negocios, pero no hemos podido hacer lo que hemos querido en este país; por eso reclamamos nuestros resultados, nuestros votos», dice la joven. Las «camionetas montadas» de los llamados «enchufados», que tienen lazos comerciales y financieros con el Gobierno, son apenas uno de los ejemplos que se le ocurre para destacar lo que estos se pueden permitir y ellos no.
Entre los ruidos de las cacerolas y las cornetas de los coches y las motos, Orlando marcha solo desde Petare, donde vive, porque veía como «algo lógico» acompañar a sus vecinos y dirigirse al centro de Caracas.
«Vengo por mi consciencia, la gente sale porque no aguanta, ya está feo», dice. Así apunta a la reducción de la economía en más del 70% y a la situación de pobreza extrema de más de la mitad de la población bajo el mandato de Maduro.
Pero también a los abusos y atropellos que han marcado la campaña electoral y que en pocas horas estallarán en ataques de los funcionarios de la policía y la Guardia Nacional: dejarán 11 muertos y más de 170 detenidos durante las protestas a lo largo del país, así como numerosísimos desaparecidos, según Foro Penal, organización dedicada a representar a las víctimas de represión.
«Ojalá termine en paz, pero nosotros estamos reclamando nuestros derechos», se apresura en añadir Orlando, sudando como si supiera lo que está a punto de pasar.
Las detenciones y retenciones de dirigentes políticos de la oposición y de sus colaboradores formales e informales previas a las elecciones motivan su preocupación. Más allá, hacia Chacao, empiezan a sonar los disparos.
Son sonidos más agudos y secos que los que aparecen en el cine, distinguirlos es cuestión de costumbre. Una tromba de hombres y mujeres corre en medio de la calle a la vez que grupos de motorizados aceleran en el sentido contrario mientras otros los siguen a pie.
Algunos llevan cámaras de fotos y de video. Otros, con piedras.
Gas lacrimógeno
Al avanzar en dirección a los enfrentamientos empieza a oler a gas lacrimógeno, pero la Guardia Nacional Bolivariana ha ido replegándose, dejando paso a los manifestantes enmascarados que llegan a montar barricadas.
Las calles se llenan de carteles metálicos arrancados de los postes, de bolsas de basura en llamas, y los jóvenes gritan de júbilo mientras arrastran los escombros para adelantar posiciones.
Cada vez que se escucha una detonación, se dibuja una estela de humo que forma un arco estrecho antes de aterrizar con un sonido metálico en el suelo. Varios agarran las bombas con la mano y las lanzan en dirección de la Guardia Nacional, que llega en motos rodeando una tanqueta.
Mientras algunos hacen gestos desafiantes, otros jóvenes advierten que los agentes están trasladándose a las calles aledañas a la avenida para emboscarlos.
Y cuando las motos embisten con un rugido que parece el de una sola máquina descomunal para hacer un contragolpe, los manifestantes empiezan a correr.
La diferencia entre el sonido de los disparos de bombas lacrimógenas y de perdigones es sutil, y las circunstancias impiden el tiempo necesario para reflexionar y distinguirlos. Los gritos de los manifestantes se mezclan con los de los vecinos, varios de los cuales abren las puertas de sus edificios para dejar entrar a quienes escapan, cubiertos de sudor, amoratados por el impacto de los perdigones en las piernas y la espalda.
En otras calles, en otros estados, hay heridos por armas de fuego real, por celadas de colectivos que atacan a manifestantes de todas las edades y les roban sus pertenencias sin que intervengan los funcionarios de seguridad, que se ocupan de quienes marchan para protestar.
Son escenas de años anteriores, que también convirtieron las calles en un baño de sangre, un ‘déjà vu’ perverso. Y un baño de sangre fue lo que prometió Maduro si no se garantizaba su victoria electoral.
Ahora, con la apertura de un canal en la aplicación VenApp para denunciar a los participantes en las manifestaciones, Maduro abre la veda a sus seguidores para que señalen a quienes consideren, a lo que seguirá una visita de los funcionarios estatales.
Detenciones y retenciones durante la campaña
Para quienes siguieron la campaña electoral, se trata de una continuación de la estrategia gubernamental, de la que destaca la persecución contra numerosos dirigentes de la oposición, así como contra personas que no se encuentran afiliadas a ningún movimiento político.
De estos casos, uno que destaca actualmente es el de los seis asilados en la embajada de Argentina, que se encuentra ahora bajo asedio por las fuerzas armadas. Se trata de miembros del comité de María Corina Machado después de que esta ganara las primarias de la oposición para volverse candidata presidencial y antes de su inhabilitación electoral.
También el jefe de seguridad y varios coordinadores de Vente Venezuela, partido de Machado, fueron detenidos, aunque algunos, incluyendo el primero, han sido excarcelados.
Un abogado que declaró a este periódico bajo condición de anonimidad afirmó que, si bien la mayoría de las detenciones las hace la Policía Nacional Bolivariana, también participan funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Según el abogado, los agentes del SEBIN, que se volvieron famosos por acumular denuncias de detenciones arbitrarias y tortura y habían dejado de realizar operaciones de alto perfil en los últimos años debido a estos escándalos, han empezado a llevar uniformes de la PNB como «fachada» y para aprovechar el alcance nacional y las bases de la policía.
Hacia el final de la campaña electoral, Foro Penal había registrado más de un centenar de detenciones relacionadas al equipo de la oposición. Alfredo Romero, director de la organización, define la prisión política y la represión como «una herramienta de intimidación para sostenerse en el poder» de la que el Gobierno echa mano desde hace varios años.
«Ahora tenemos la cifra de presos políticos más alta en al menos dos años», declara. «La arbitrariedad es clara, hasta descarada».
Romero señala que la mayoría de los detenidos no han sido los dirigentes políticos, sino las personas relacionadas con estos, incluyendo a «dueños de equipos de sonido que se los suministraron a la campaña de Machado, los dueños de hoteles o casas donde ella se ha hospedado» e incluso quienes les han vendido empanadas o la han trasladado en su gira junto a González Urrutia, «restringiendo la posibilidad [de Machado] de pernoctar en cualquier lugar, de sentarse a comer».
De hecho, las represalias que sufrieron algunos de estos colaboradores fueron el cierre de sus negocios por supuestos problemas tributarios u otras presuntas infracciones.
Sin embargo, destaca el efecto de «puerta giratoria», observado también en Cuba y Nicaragua, que permite que los detenidos sean liberados al poco tiempo, a diferencia de otros presos políticos que duran años bajo custodia.
«Mantienen bajo el número de presos políticos para que no sean tantos, y el efecto intimidatorio para ellos y sus equipos es el mismo si lo tienes dos meses o tres días que si lo tienes más de once años sin juicio, como ocurre con el militar José de Jesús Gámez Bustamante, aunque sabemos que varios también sufren torturas en el poco tiempo que permanecen detenidos».
Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y abogada defensora de los derechos humanos, traza estos actos de persecución a manos de los órganos policiales con un patrón que empieza con la retención y traslado a una casa donde se realizan interrogatorios sobre la campaña, terminándose en varios casos en pocas horas en el caso de las personas que no tienen que ver con ella directamente.
Uno de los aspectos más graves, dice, es que «no se les ha permitido tener a un abogado de confianza, quedando varios de ellos incomunicados y sin conocer las causas legales por las que se les detiene».
«La única información que se tiene es la información oficial que da casi siempre el Ministerio Público, pero no hay acceso a los expedientes ni a las personas que se encuentran detenidas».
La acción legal queda limitada de tal manera que «no hay una acción, por decirlo, que se pueda hacer más que interponer una denuncia ante el Ministerio Público», una situación que los lleva a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llevar procedimientos ante las Naciones Unidas. Recuerda también que la mayoría de los presos políticos son militares, en varios casos acusados de «supuestos planes para derrocar el Gobierno o de atentar contra el presidente».
Las garantías judiciales, la libertad de pruebas y un juez imparcial son apenas algunas de las violaciones que denuncia la Coalición por los Derechos Humanos, cuya directora denuncia las «posturas políticas que se señalan abiertamente en las audiencias de juicio y las limitaciones al derecho a la defensa».
«Otra de las irregularidades que nosotros denunciamos es que no hay una determinación, no hay una individualización de la acción de los presos políticos, o sea, de la persona que es imputada, en el sentido de que todos son acusados exactamente por lo mismo», reclama Acosta.
«Hemos denunciado que no hay pruebas de los hechos que se les imputan, sino que todas las acusaciones se basan en un informe de inteligencia, que puede dar una presunción, pero los hechos tienen que ser investigados y en estos casos no hay investigación de parte del Ministerio Público», dice, declarando «abiertamente» que las agencias de inteligencia responden a los intereses del oficialismo.
