Postergar la jubilación podría beneficiar a las finanzas públicas, alargando la vida laboral y conteniendo el gasto en pensiones. Sin embargo, un estudio reciente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) revela que esta medida incrementa el riesgo de mortalidad temprana entre los trabajadores.
Según el estudio, demorar un año la salida del mercado laboral eleva «significativamente» el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años, especialmente en los sectores y ocupaciones físicamente más exigentes y sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental.
Igualmente, revela que el riesgo de mortalidad temprana es «mucho menor» entre aquellos trabajadores que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.
Mayor riesgo en las ocupaciones físicas
El riesgo se concentra especialmente en los sectores y, especialmente, las ocupaciones físicamente más exigentes y las sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental.
Y es mucho menor para los individuos que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad», sostiene el informe.
En base a estos resultados, los autores del estudio calculan el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción de la jubilación anticipada y muestran que «el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales».
Utilizando el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en España, el estudio señala que un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable en 8.564 euros por cada individuo.
Por otro lado, Fedea sostiene en este estudio que dicha reforma supone un retraso en la salida del mercado laboral que genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros.
Además, debido a que tal reforma conduce a una mortalidad temprana, la Seguridad Social ahorra 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión. Como resultado, defiende Fedea, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma.
El retraso de la jubilación no compensa la perdida social
«En suma, los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida».
Lo que sugiere, según Fedea «que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social».
El análisis parte de un experimento realizado a partir de la reforma del sistema de pensiones acometida en 1967, en virtud de la cual se modificó la edad de jubilación anticipada.
Tras los cambios, aquellos trabajadores que hubieran cotizado antes del 1 de enero de 1967 podían solicitar de forma voluntaria a los 60 años el retiro y el acceso a una pensión.
Para quienes comenzaron a cotizar después de 1967, la edad mínima de jubilación se ha incrementado a 65 años, endureciendo las condiciones para muchas generaciones de trabajadores.
Tras recientes reformas, esta edad se elevará a 67 años a partir de 2027 para aquellos que hayan cotizado menos de 38 años y seis meses.
A raíz de esos datos, los autores del informe concluyen que postergar la jubilación no solo eleva significativamente el riesgo de morir antes de los 70 años, sino que además el beneficio económico generado por esa demora no compensa la pérdida de esperanza de vida.
