En un caso que pone de relieve las dificultades que enfrentan algunos trabajadores para que se reconozcan sus derechos a prestaciones por discapacidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha concedido finalmente el grado de gran invalidez a M.A.M.G., un funcionario de prisiones del Centro Penitenciario Brians-1, en la provincia de Barcelona, tras más de tres años de litigios.
El caso, que fue defendido por Ambar Zambrano, letrada responsable del departamento de Laboral de Vosseler Abogados, se inició cuando a M.A.M.G., aquejado de una grave dolencia cervical que le provoca vértigos y una «inestabilidad muy limitante», le fue negada inicialmente la incapacidad permanente por el INSS.
A pesar de las evidentes limitaciones físicas y la necesidad de asistencia continua de una tercera persona, el INSS le obligó a reincorporarse a su trabajo en 2021, desoyendo los informes médicos que recomendaban lo contrario.
«Es un caso tan evidente de incapacidad laboral que cuesta entender cómo se le obligó a coger el alta para un trabajo tan delicado como es el de funcionario de la prisión Brians 1«, explicó Zambrano.
La situación de M.A.M.G. se agravó al punto que durante su primer día de reincorporación necesitó apoyo constante para realizar actividades básicas, evidenciando la incompatibilidad de su estado con las demandas de su puesto.
«Es muy habitual que el INSS considere aptos trabajadores con cuadros clínicos tan extremos, tanto física como psíquicamente, que son totalmente inhábiles. Y en demasiadas ocasiones, estas personas se encuentran indefensas ante la maquinaria del Estado”, según la abogada Zambrano
M.A.M.G., de 46 años, ya presentó en 2015 unas patologías graves, reconocidas en diagnósticos médicos, por las que encadenó bajas durante seis años.
En febrero de 2021, ante la imposibilidad de volver a desarrollar su trabajo como funcionario de prisiones, y avalado por un informe del Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), inició los trámites para acogerse a la incapacidad permanente absoluta.
El informe del ICAM recogía que M.A.M.G. sufre una «espondilodiscartrosis cervicodorsal’ que le provoca una «inestabilidad muy limitante» y un «trastorno ansioso depresivo».
En octubre de 2022, tras presentar la demanda, el Juzgado de lo Social nº1 de Lleida falló a favor de M.A.M.G., otorgándole la incapacidad permanente absoluta.
Sin embargo, el INSS apeló esta decisión. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) confirmó el fallo, desestimando el recurso del INSS.
Tras conseguir la incapacidad permanente absoluta, la letrada ya anunció que solicitaría la gran invalidez para su cliente.
Para ello aportó informes que ratificaban que M.A.M.G. está en peores condiciones de las que reconoce el (TSJCat).
Y a raíz de esta labor de la letrada Ambar Zambrano, el propio INSS es el que, finalmente, le ha reconocido la gran invalidez, un estatus que no solo contempla una pensión equivalente al 100% de su base reguladora sino también un complemento por la necesidad de asistencia de una tercera persona.
«Aunque cueste creerlo, no es el único caso de este tipo de situaciones que defendemos en Vosseler Abogados», señaló Zambrano.
«Es muy habitual que el INSS considere aptos trabajadores con cuadros clínicos tan extremos, tanto física como psíquicamente, que son totalmente inhábiles. Y en demasiadas ocasiones, estas personas se encuentran indefensas ante la maquinaria del Estado”, concluye la abogada.
