Madeira Invest Club, la plataforma de inversión que operaba en España y que ofrecía servicios relacionados con las criptomonedas, ha sido denunciada ante la Audiencia Nacional por más de 500 afectados que alegan haber perdido grandes sumas de dinero en inversiones que resultaron ser fraudulentas en lo que parece presentar todos los rasgos de una posible estafa piramidal.
La denuncia, interpuesta por Carlos Arangüez, socio director de Arangüez Abogados, ha sido dirigida contra su filial, Madeira Invest Club, que ha dejado de estar operativa en Internet. En el contexto actual, se encuentra en el centro de una controversia debido a un presunto esquema fraudulento.
La plataforma prometía rentabilidades del 53% sin pagar impuestos.
La interposición de la denuncia se produjo el pasado viernes. Es la primera acción judicial de este tipo que se presenta contra esta entidad.
El CEO de la plataforma, conocido como Luis, alias CriptoSpain, cuyo nombre real es Álvaro Romillo, se presentaba ante los inversores como un experto en elusión fiscal y criptomonedas, según ha explicado Arangüez. Las investigaciones tienen que centrarse en determinar si la naturaleza de Madeira Invest Club era la de una estafa piramidal.
A través de su marca «CriptoSpain», logró persuadir a más de 27.000 personas para que se unieran a su club privado de inversiones, Madeira Invest Club, prometiendo altos rendimientos en inversiones relacionadas con relojes, coches de lujo e inmuebles, bajo el pretexto de «obras de arte».
EL SUPUESTO FRAUDE DE MADEIRA INVEST CLUB PODRÍA ELEVARSE A LOS 300 MILLONES DE EUROS
Se estima que el fraude podría ascender a más de 300 millones de euros, aunque la cifra exacta aún está por determinar.
El esquema colapsó recientemente, lo que llevó al cierre de todas las cuentas de la plataforma y dejó a miles de inversores sin la devolución de su dinero.
A pesar de una advertencia previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en mayo de 2023, que calificaba a Madeira Invest Club como un «chiringuito financiero», el esquema siguió operando hasta su colapso.
Esta sociedad “no está autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva previstas en el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva”, publicó la CNMV.
Romillo ha vinculado públicamente la paralización de la plataforma con Alvise Pérez, líder del partido político «Se acabó la fiesta», argumentando que esta relación ha impedido la devolución de los fondos a los afectados.
Este caso plantea varias cuestiones que podrían cambiar la manera en que se regulan las inversiones en criptomonedas y activos alternativos en España.
En primer lugar, la denuncia sobre esta supuesta estafa piramidal representa una oportunidad para que el sistema judicial aborde la creciente problemática de los fraudes asociados con plataformas no reguladas que operan en mercados emergentes como el de las criptomonedas.
De fallar a favor de los demandantes, esto sentaría un precedente para futuros litigios, aumentando la presión para que el gobierno introduzca marcos regulatorios más estrictos que protejan a los inversores y dificulten la aparición de chiringuitos financieros.
Además, el impacto mediático de este caso, potenciado por las vinculaciones políticas, podría generar un debate público sobre la necesidad de mayor supervisión en torno a la publicidad y promoción de productos financieros a través de redes sociales.
Las plataformas digitales han sido el principal canal utilizado por CriptoSpain para captar inversores, lo que resalta la importancia de controlar los mensajes financieros que se transmiten en estos espacios.
