El Ejecutivo respeta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero discrepa de su argumentación y se sorprende de algunas manifestaciones «inusuales e innecesarias » para la motivación del auto. Foto: EP

El Gobierno, ve «manifestaciones inusuales e innecesarias» en el auto que rechaza la querella de Sánchez contra Peinado

18 / 10 / 2024 16:48

Actualizado el 18 / 10 / 2024 16:49

El Ejecutivo respeta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar la querella por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez, pero discrepa de su argumentación y se sorprende de algunas manifestaciones «inusuales e innecesarias » para la motivación del auto.

De este modo responden al auto judicial en el que el TSJM rechaza por unanimidad la querella por prevaricación contra Peinado, donde se achaca a Sánchez un «intento de tergiversar» el delito de prevaricación y le afean que se haya valido de la Abogacía del Estado para emprender acciones legales contra Peinado.

El Gobierno, sorprendido

En el Gobierno se dicen sorprendidos por «algunas manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del auto» y remarcan que tanto la Presidencia del Gobierno como la Abogacía del Estado solo pretenden «preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal».

En el Gobierno, además, señalan que la querella presentada ya advertía sobre el «verdadero fin» de llamar a declarar al presidente del Gobierno, a su juicio, convertir esa declaración presencial en La Moncloa en «un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial», indican.

Declaración filtrada a los medios

En la misma línea, señalan que esa sospecha «se ha revelado cierta», dado que el mismo día que el juez envió a las acusaciones particulares la declaración «esta fue filtrada a numerosos medios de comunicación».

Finalmente, señalan que esperan que lo sucedido contribuya «al necesario debate social» sobre las consecuencias de la «estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha» basada en el «envenenamiento de la convivencia» y el «acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares».

Por último indican que su obligación como Gobierno es defender la legalidad, el Estado de Derecho y las instituciones.

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