Las revelaciones de que la imagen que proyectaba Íñigo Errejón, como diputado modelo de la izquierda, era puro «fake» y que detrás de ella parece haber estado habitando un depredador sexual que pronto se las va a ver con la justicia, ya ha llegado a las playas de los colectivos de la justicia.
Uno de ellos, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) –anteriormente conocidos como secretarios judiciales–, ha dado hoy un paso público adelante animando a todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual, como la actriz Elisa Mouliaá en el caso Errejón (a los que no mencionan pero a cuyo caso se refieren, como es evidente) para que no duden y denuncien los hechos.
La UPSJ, cuyo portavoz nacional es Xoán Xosé Yáñez –letrado judicial del Juzgado de lo Penal 1 de Vigo–, les aconseja que lo hagan de forma efectiva en tres sitios concretos: ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (hay que incluir también aquí a los Mossos, la Ertzainza y la Policía Foral de Navarra) o ante el Juzgado de Guardia más cercano a sus casas.
«Aunque haya transcurrido tiempo desde la comisión de los hechos», subrayan.
La UPSJ (guardan su antigua sigla de secretarios judiciales, un colectivo muy movilizado y sensible ante este tipo de situaciones), explica también, en un comunicado que durante todo el proceso judicial que se abra, sus compañeros, los letrados judiciales, les podrán informar de una forma «clara, sencilla y accesible sobre sus derechos» y sobre la situación del proceso penal «en el que podrán tener una participación activa».
«Los trabajadores del Servicio Público de Justicia tenemos como deber garantizar toda una serie de derechos que abarcan que se evite el contacto entre víctima e infractor, la protección de la intimidad y la adopción de medidas de protección tanto durante la instrucción como en el enjuiciamiento», explican a las mujeres que pudieran encontrarse en una situación similar a la de Elisa Mouliaá.
Y recuerdan que se han creado numerosas oficinas de atención a la víctima para acompañarlas en todo el proceso.
«De todos los grandes temores y dificultades que padecen las víctimas, el acceso a la Justicia no debe ser uno de ellos. Somos muchos los profesionales y funcionarios que trabajamos para evitarlo«, concluyen.
