Salvador González, presidente del CGAE, considera que es un derecho de los ciudadanos el conocer, de manera precisa, los costos de un procedimiento judicial en caso de que se pierda. Foto: Confilegal.
La Ley del Derecho de Defensa anula la base de la sanción de la CNMC al ICAB por las costas procesales, según el presidente del CGAE
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14/11/2024 00:45
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Actualizado: 14/11/2024 00:12
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Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), afirmó ayer que la Ley del Derecho de Defensa, que entra hoy en vigor, deja sin fundamento jurídico la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por establecer criterios orientativos sobre las costas procesales.
“La nueva ley habilita expresamente a los colegios de la abogacía para emitir este tipo de criterios, garantizando así el derecho de los ciudadanos a ser informados de las posibles consecuencias económicas de un procedimiento judicial”, explicó González en rueda de prensa.
Según el presidente, esta habilitación legal convierte en obsoleta la base del expediente sancionador de la CNMC contra el ICAB, ya que la práctica en cuestión ahora está plenamente respaldada por la normativa.
González destacó que la Ley del Derecho de Defensa es un hito normativo sin precedentes en Europa, al reforzar las garantías de los ciudadanos y consolidar derechos fundamentales como el acceso a la justicia y la claridad en la relación con los profesionales del derecho.
Además, remarcó que la ley no solo protege los derechos de los justiciables, sino que también fortalece el papel de los colegios de abogados en aspectos clave como la deontología y el secreto profesional.
“Confiamos en que el expediente sancionador será archivado lo antes posible, ya que carece de objeto tras la aprobación de esta ley”, subrayó el presidente del CGAE, dejando claro que esta normativa representa un avance crucial en la defensa de los derechos ciudadanos y en la seguridad jurídica del ejercicio profesional de la abogacía.
El presidente de la Abogacía Española anunció, asimismo, que se iba a formar un grupo de trabajo para estudiar y establecer criterios claros sobre las costas procesales en caso de perder sus casos. El objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan estar informados de manera precisa sobre los costos potenciales de un procedimiento judicial. «Voy a proponer un grupo de trabajo para establecer un prototipo de criterios. Esto sin perjuicio de cada colegio de abogados pueden hacer lo mismo», dijo.
Lo que es una pensión digna, según el CGAE
González, por otra parte, puso el foco en la necesidad de garantizar una pensión digna de al menos 900 y pico euros mensuales para los abogados mutualistas que han cumplido con los requisitos de cotización. Una pensión estable, revalorizable cada año, de 14 pagas. Actualmente, muchos de los mutualistas retirados reciben pensiones de 600 euros por 12 pagas y no revalorizables.
Según el presidente del CGAE, el sistema de mutualidades alternativas, bajo el cual cotizan miles de abogados en España, genera una desigualdad estructural que afecta tanto a las prestaciones como al acceso a una pensión digna. Y esto hay que cambiarlo.
“Un abogado que ha cotizado durante 35 o 40 años no debería recibir menos de lo que marca el sistema público, que garantiza una pensión mínima superior a los 900 y pico euros. El mutualista ha cotizado al mismo tiempo. No ha cotizado lo que ha querido sino lo que le han pedido. Y eso lo ha estado tutelando la Seguridad Social”, explicó.
González también señaló que las mujeres mutualistas se ven particularmente perjudicadas, ya que los cálculos actuariales penalizan su mayor esperanza de vida, reduciendo el importe de sus pensiones.
El presidente del CGAE argumentó que el objetivo de alcanzar una pensión de al menos 900 euros no es una petición extraordinaria, sino un acto de justicia. “Estamos reclamando que los mutualistas tengan acceso al mismo trato que los autónomos, en función de los años cotizados y las contribuciones realizadas. No se trata de pedir privilegios, sino de garantizar equidad”, puntualizó.
Además, recordó que las pensiones públicas están respaldadas por los Presupuestos Generales del Estado, un apoyo del que los mutualistas han estado excluidos históricamente, a pesar de contribuir también con sus impuestos.
Acciones en Europa y en España
Para abordar esta problemática, González ha recordado que el CGAE ha llevado el caso ante el Parlamento Europeo, donde ha solicitado una investigación sobre la discriminación que sufren los mutualistas en comparación con otros trabajadores.
Subrayó que “no se puede seguir ignorando una situación que afecta a miles de profesionales, especialmente en un momento en que muchos se acercan a la edad de jubilación y se enfrentan a una incertidumbre que genera angustia”.
Asimismo, aseguró que la transición hacia un sistema que garantice pensiones de 900 y pico euros euros es viable y no compromete la solvencia de las mutualidades. Según datos presentados, el impacto económico podría ser asumido mediante una coordinación gradual entre el Ministerio de Seguridad Social, las mutualidades y los propios mutualistas.
En este contexto, el CGAE continúa abogando por un cambio estructural que ponga fin a la discriminación histórica y garantice una pensión digna para todos los abogados mutualistas en España.
La Mutualidad no está en riesgo
Por otra parte, el presidente del CGAE afirmó que «la Mutualidad no está riesgo. Su capacidad para afrontar un eventual desembolso, en una referencia clara a la pasarela al RETA, está asegurada.
“La Mutualidad cuenta con una solvencia muy superior a la exigida por la Dirección General de Seguros, lo que demuestra que estamos preparados para afrontar cualquier desafío sin comprometer la estabilidad del sistema”, afirmó González. «Está preparada para gestionarla de manera planificada y coordinada, minimizando cualquier riesgo”. Insistió en que esta situación no comprometería ni la solvencia ni la seguridad del sistema.
El sistema de capitalización individual implementado por la Mutualidad, desde su punto de vista, garantiza que cada mutualista tenga una «bolsa de ahorro» separada. “El que yo me salga con mi bolsa no tiene por qué afectar a la bolsa de mi vecino”, explicó, destacando la independencia de los fondos y la seguridad que esto aporta al sistema.
Además, resaltó que la Mutualidad duplica los mínimos de solvencia exigidos, consolidándose como una entidad financiera robusta. Recordó que destina el 70% de sus fondos al ahorro complementario. «Solo un 30% está directamente relacionado con la previsión social obligatoria», señaló.
«La rotación constante de inversiones permite garantizar la liquidez necesaria para absorber cualquier eventualidad, sin afectar a los mutualistas que decidan permanecer en el sistema”, aseguró.
Finalmente, transmitió un «mensaje de tranquilidad a los mutualistas. Contamos con las herramientas necesarias para garantizar que las decisiones individuales no pongan en riesgo la seguridad colectiva”, aseguró González.
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