La segunda asociación de jueces muestra su contundente oposición a que personas que no han hecho la oposición o el cuarto turno entren en la carrera judicial. Foto: AJFV.
La AJFV rechaza la coexistencia de jueces de carrera y jueces contratados laborales indefinidos: No es acorde a la Constitución
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15/11/2024 21:17
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Actualizado: 15/11/2024 21:26
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Esta es una de las conclusiones principales de la XXXVIII Asamblea anual que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha celebrado en Benidorm, Alicante. Supone una reivindicación de la profesionalidad de los hombres y mujeres que administran justicia todos los días, una responsabilidad a la que han accedido a través del sistema de oposición libre, que es la máxima expresión del mérito y la capacidad.
«La Asociación judicial Francisco de Vitoria no contempla como solución aceptable, ni acorde con las exigencias constitucionales, la coexistencia estable de Jueces y Magistrados integrados en la Carrera Judicial, con Jueces y Magistrados en régimen de contratación laboral indefinida no fija, abogando por una Justicia profesional», dice el texto en cuestión, aprobado por los 250 asistentes.
Es la respuesta de la segunda asociación de jueces –de las cuatro existentes– al Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, recientemente aprobado por el Congreso de los Diputados, que permitiría precisamente esta coexistencia.
Para la AJFV, esta medida supone un grave riesgo para la estructura del Poder Judicial. «Los sistemas de oposición actuales garantizan la independencia, la imparcialidad, el mérito y la capacidad de los jueces. No podemos aceptar un sistema paralelo que atente contra estos principios», afirmó Sergio Oliva, portavoz de la asociación.
La AJFV considera que la justicia profesional debe estar basada en un sistema de acceso transparente y competitivo que asegure la igualdad de oportunidades y la preparación adecuada de quienes integran la Carrera Judicial. Permitir el acceso por «la puerta de atrás» compromete la calidad y los valores fundamentales de la justicia en España.
Además, «Es desigual obligar a los jueces recién incorporados a quedar tutelados por los Tribunales Superiores de Justicia en el ejercicio de sus funciones, tras la superación del proceso de oposición y periodo formativo en la Escuela Judicial y practicas correspondientes, a diferencia de los jueces sustitutos a quienes no se tutela en ningún momento».
Esta Asociación viene advirtiendo, precisamente, de que antes de enero de 2032 1.243 jueces cumplirán 70 años, edad de la jubilación obligatoria. Es decir, el 21,23 %, casi una cuarta parte de la plantilla actual, que está conformada por 5.854 jueces y magistrados. Pero prevé que serán, finalmente, 1.764, el 30,14 %.
Los cálculos que hizo públicos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su informe, titulado Plan Estratégico para el decenio 2024-2033, aconsejaban al Ejecutivo convocar 355 plazas cada año, hasta 2033, para poder cubrir las vacantes por jubilación, fallecimiento y renuncia que se vayan produciendo.
ATAJAR EL DÉFICIT ESTRUCTURAL DE JUECES
La AJFV ha recordado el déficit estructural de jueces que viene sufriendo nuestro país. Con solo 11 jueces por cada 100.000 habitantes, España está muy lejos de la media europea de 17 recomendada por el Consejo de Europa.
Este déficit tiene un impacto directo en la calidad del servicio judicial, generando demoras en los procesos, una sobrecarga de trabajo insostenible para los magistrados y un deterioro en la percepción ciudadana de la justicia. Sin olvidar la escasez de medios.
La respuesta debe ser: «Convocar oposiciones públicas que incrementen la plantilla judicial de manera profesional y acorde con las necesidades del servicio», afirmó Sergio Oliva, portavoz de la asociación. «El camino no es crear una plantilla paralela, sino fortalecer el sistema existente mediante una reposición justa».
Este es el camino, no el que plantea el Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que viene, por lo que respecta a esta problemática, «inspirado» por las propuestas de Sumar y del secretario general del PCE y diputado, Enrique de Santiago, a los que no se mencionó durante el debate interno.
A fecha de 1 de enero de 2024, en España había 1.008 jueces y magistrados sustitutos, de los cuales el 73,4% eran mujeres. Este colectivo representa aproximadamente el 16% del total de jueces y magistrados en el país.
CRÍTICA AL TRIBUNAL SUPREMO
La 38 Asamblea anual de la AJFV también ha dirigido una crítica directa a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que el 13 de diciembre de 2023 dictó una sentencia estableciendo que los jueces que ocupan plazas de magistrados –sin haber obtenido dicha categoría– deben percibir el sueldo correspondiente a su categoría de juez
El 13 de diciembre de 2023, el Tribunal Supremo de España emitió una sentencia que establece que los jueces que ocupan plazas de magistrados, sin haber obtenido dicha categoría, deben percibir el sueldo base correspondiente a su categoría de juez. Esta decisión se fundamenta en que el sueldo base está vinculado a la categoría profesional que se ostenta y no al puesto desempeñado. Lo que «restringe la igualdad retributiva entre jueces y magistrados que sí se ha reconocido a jueces sustitutos».
Por otra parte, la AJFV ha destacado la importancia de fortalecer la capacidad del sistema judicial y forense para responder de manera efectiva ante grandes catástrofes. Este desafío se ha puesto de relieve tras los devastadores efectos de la DANA en diversas regiones de España, especialmente en la Comunidad Valenciana.
Por ello, insta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia a revisar y actualizar el Protocolo de Grandes Catástrofes de 2011. Según la Asociación, este documento requiere una adaptación urgente para responder a las necesidades actuales y garantizar una actuación coordinada y eficiente en situaciones de emergencia.
En la última DANA, los partidos judiciales más afectados, como Catarroja, Torrent y Requena, destacaron por el esfuerzo y la dedicación de jueces, magistrados, médicos forenses y funcionarios de justicia. Sin embargo, la falta de una Comisión Judicial de Crisis en Valencia evidenció carencias organizativas que deben ser subsanadas para futuras emergencias.
La AJFV ha reconocido el trabajo abnegado de estos profesionales, pero ha señalado que es necesario contar con protocolos claros y recursos adecuados para evitar que estas situaciones desborden al sistema judicial y forense.
«Es esencial que las instituciones judiciales y forenses estén preparadas para actuar con celeridad y eficacia ante crisis de gran magnitud. La experiencia reciente ha mostrado la necesidad de mejorar la coordinación y los recursos disponibles», afirmó Sergio Oliva, portavoz de la AJFV.
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