Hoy se cumplen 35 años desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Hoy se cumplen 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero se sigue vulnerando el derecho a la educación
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20/11/2024 05:35
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Actualizado: 20/11/2024 10:20
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Hace 35 años fue adoptada la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue un acuerdo clave que marcó un hito para reconocer, por primera vez, los derechos infantiles. Surgió tras años de debate y la necesidad de un marco vinculante frente a graves problemas como mortalidad infantil, el abuso y explotación.
Esta convención busca garantizar a los niños acceso a salud, educación y protección ante todo tipo de conflictos.
Tres décadas y media después, el aniversario invita a reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos pendientes para garantizar una infancia digna, segura y libre de discriminación en un contexto global que sigue presentando profundas desigualdades y nuevas amenazas.
Paloma Abad Tejerina, presidenta de la Asociación Madrileña de Abogados de Familia (AMAFI) explica que, aunque han pasado 35 años, todavía sigue habiendo explotación infantil y dificultades para acceder a la educación y a la sanidad. Sobre todo, en contextos de pobreza y conflicto. «A pesar de los avances logrados, la protección y el bienestar de los niños aún enfrentan retos importantes».
Para la letrada, el derecho más vulnerado a nivel mundial es el derecho a la educación. Especialmente para niños en situación de pobreza, conflicto o discriminación. Por poner datos sobre la mesa, alrededor de 250 millones de niños y adolescentes no asisten a la escuela.
Según UNICEF, las tasas de niños sin escolarizar más altas se dan en Eritrea y Liberia, donde el 66% y el 58%, respectivamente no asisten a la escuela primaria.
Pero en España también hay falta de escolarización plena en comunidades como la gitana. Estos casos, tal y como explica la letrada, «evidencian desigualdades sociales y culturales que deben abordarse desde una perspectiva de inclusión, educación y respeto a los derechos fundamentales. Garantizando que ningún niño o niña quede atrás».
Por otro lado, Abad Tejerina explica que, probablemente, los más olvidados son el derecho al ocio y al juego. «Este aspecto fundamental para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños suele ser ignorado en contextos donde las prioridades son la supervivencia o la competitividad en la educación», comenta.
El papel de los tribunales y abogados con niños
Asimismo, los tribunales y los abogados juegan un papel fundamental en la protección de aquellos niños desamparados que sufren abuso o maltrato. Actúan como garantes de sus derechos y su seguridad. La presidenta de AMAFI varias cuatro claves.
En primer lugar, los tribunales pueden adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad inmediata del menor retirando la custodia o ingresando al menor en un entorno seguro. Un paso esencial para prevenir daños mayores y estabilizar la situación.
Además, los letrados especializados desempeñan un papel crucial al velar porque el niño reciba asistencia legal, psicológica y social durante el proceso. Por último, explica que los tribunales son determinantes en la restauración de la estabilidad.
«Evalúan la mejor solución a largo plazo, como la reunificación familiar, si es segura, o medidas como la tutela, acogida o adopción. Para ello la intervención judicial, y no exclusivamente administrativa, en procedimientos agiles es crucial».
Leyes para proteger de abusos y violencia
Abad Tejerina comenta que en España se han dictado normas jurídicas clave como la Ley Orgánica 8/2021, que protege a la infancia frente a la violencia, reformas del Código Penal para endurecer las penas por maltrato infantil, y protocolos educativos que incluyen la figura del coordinador de bienestar.
Sin embargo, «las dotaciones presupuestarias han sido insuficientes para su plena implementación». Por ello reivindica la dotación de recursos económicos y profesionales necesarios para garantizar el pleno cumplimiento de la ley y la efectiva protección de los derechos de la infancia.
Por lo que, pese a los avances legales, cree que queda mucho por hacer para proteger los derechos de los niños. Entre las prioridades señala, como ya ha comentado, la dotación de recursos adecuados para implementar y supervisar las leyes.
Asimismo, subraya la importancia de reforzar los programas de prevención y educación para detectar situaciones de violencia antes de que ocurran. Asimismo, ve importante mejorar los protocolos de actuación para que sean rápidos, uniformes y accesibles en casos de abuso o maltrato, evitando la revictimización del menor.
Y, por último, fomentar la cooperación y la colaboración efectiva entre los organismos judiciales, educativos y sociales para una respuesta única, integral y oportuna.
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