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Opinión | La Corte Penal Internacional frente a Netanyahu: el paso definitivo hacia la justicia universal
León Fernando del Canto es abogado español y "barrister" en Londres, donde pertenece a Guernica 37, un despacho internacional de abogados y consultores especializado en la defensa de los derechos humanos. Foto: Confilegal.
04/12/2024 05:34
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Actualizado: 04/12/2024 07:33
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“La Corte (o Tribunal) Penal Internacional desempeña un papel clave en la lucha global contra la impunidad. A través de la justicia penal internacional, busca garantizar que los responsables rindan cuentas por sus crímenes y prevenir su repetición. No obstante, la Corte no puede lograr estos objetivos por sí sola. Como tribunal de ultima instancia, su propósito es complementar, no sustituir, a los tribunales nacionales. Establecida bajo el Estatuto de Roma, la CPI se erige como el primer tribunal penal internacional permanente del mundo”, Pagina de la Corte Penal Internacional.
La reciente orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI, o ICC por sus siglas en inglés) contra Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, exministro de Defensa, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, marca un momento histórico para la justicia internacional y los derechos humanos.
Cuando Estados Unidos y Rusia, ambos ajenos al Estatuto de Roma, representan las mayores amenazas al orden mundial y al futuro de la ciudadanía global el caso del Estado de Palestina es clave.
A pesar de su relevancia en el Derecho Internacional, sorprende el cinismo y los mensajes erróneos en redes sociales que minimizan su importancia y cuestionan su eficacia.
Entre las críticas, juristas y periodistas señalan la supuesta ineficacia de la orden, argumentando la debilidad de la CPI, la falta de una fuerza policial propia y la ausencia de Estados Unidos e Israel como miembros, lo que, según ellos, resta seriedad a esta orden.
¿UNA FUERZA POLICIAL INTERNACIONAL PARA LA CPI?
Estos argumentos no deben ser ignorados. Sería ideal contar con una fuerza policial internacional para la CPI y que todos los países fueran miembros del Estatuto de Roma, acatando sus decisiones.
Por desgracia, el multilateralismo sigue condicionado por el veto o respaldo de potencias como Estados Unidos, China, Rusia e India, que curiosamente no son miembros de la CPI, como tampoco lo son Israel, Arabia Saudí, Turquía o Pakistán.
A mi juicio, más que culpar a la CPI, esta falta de adhesión refleja la debilidad del multilateralismo en el ámbito de las Naciones Unidas.
Esta orden de detención expone las tensiones entre el compromiso con la justicia universal y los intereses políticos de las grandes potencias, que ademas de no ser miembros de la CPI, frecuentemente boicotean sus decisiones.
La noticia para mi es que la orden es legalmente ejecutable en los 125 países que han ratificado el Estatuto de Roma, cuyo respaldo y el apoyo ciudadano refuerzan su legitimidad incluso en un entorno multilateral adverso.
Este caso refuerza el papel de la CPI en la lucha contra la impunidad y destaca la importancia del enfoque plurilateral, frente al multilateralismo, donde el grupo de Estados Parte pueden esforzarse por colaborar haciendo su cumplimiento un asunto no negociable para las grandes potencias.
Es importante entender la importancia de lo que estamos viviendo, y desde luego que dicha orden de detención es eficaz, con limitaciones, pero eficaz, y sobre todo muy importante; y trataré de argumentar porque lo veo así.
El Caso ICC-01/18 ante la CPI: Situación en el Estado de Palestina
En primer lugar hay que considerar que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, es un tribunal permanente y complementario a las jurisdicciones nacionales, creado en 1998 bajo el Estatuto de Roma.
De los 160 países que participaron en su adopción, 125, incluidos Palestina, los Estados de la Unión Europea y el Reino Unido, son actualmente miembros.
La situación del Estado de Palestina comienza a investigarse por la Fiscalía de la CPI que el 3 de marzo de 2021 abrió una investigación sobre la situación en Palestina, tras la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I del 5 de febrero, que confirmó la jurisdicción del tribunal sobre Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.
En medio de esta investigación, el 7 de octubre de 2023, un ataque de una facción de Hamás en Israel, que dejó 1.200 muertos, desató una respuesta militar sin precedentes en Gaza y Cisjordania.
Desde entonces, más de 43.700 palestinos han muerto y 102.000 han resultado heridos en Gaza, mientras que en Cisjordania se registran 736 muertos y 5.500 heridos.
Por su parte, Israel contabiliza 368 soldados muertos y 2.394 heridos. Estas cifras, actualizadas a noviembre de 2024, revelan una de las crisis humanitarias más graves de nuestra era.
El 20 de mayo de 2024, el fiscal de la CPI, Karim A.A. Khan KC, presentó órdenes de detención por crímenes contemplados en el Estatuto de Roma contra figuras clave del conflicto palestino-israelí.
Entre ellas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, alias Deif, comandante de las Brigadas Al-Qassam de Hamás, acusado de crímenes de lesa humanidad y de guerra, incluido homicidio y tortura.
También fueron señalados el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, imputados por crímenes de guerra, como el uso de la inanición como arma, y crímenes de lesa humanidad.
Las órdenes contra Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, líderes de Hamás, fueron retiradas tras confirmarse sus muertes; al haberse tomado Israel la justicia por su mano.
Israel ha intentado sin éxito argumentar que la Corte Penal Internacional (CPI) carece de jurisdicción para investigarlo y que no fue debidamente notificado, olvidando que la investigación fue iniciada en 2021.
La CPI ha rechazado las alegaciones, afirmando su jurisdicción sobre los crímenes cometidos en Palestina, reconocida como Estado Parte desde 2015, lo que le permite investigar crímenes perpetrados por Israel en dicho territorio.
Además, considera válida la notificación, reforzando su independencia frente a intentos de deslegitimación, incluidos los de Israel y Estados Unidos.
Un precedente histórico y necesario
La decisión de la CPI es la primera contra líderes democráticamente electos de lo que se considera, ridículamente, “Occidente”, aunque Israel está de Oriente Medio.
Este acto, sin precedentes, contra un líder de un país elegido democráticamente, no solo tiene profundas implicaciones para Israel y Palestina, sino también para el orden global que se encuentra muy amenazado por países como EE.UU. y Rusia, que por desgracia no son miembros de la misma.
La emisión de esta orden, aunque no garantiza una detención inmediata, tiene consecuencias legales y diplomáticas, ademas de un claro impacto moral, restringiendo la movilidad internacional de los acusados y destacando el compromiso de la CPI con la justicia universal.
A la pregunta «¿Cuándo será detenido Netanyahu?», Luis Moreno Ocampo, fundador de la CPI, responde en una reciente entrevista con eldiario.es: «No lo sé. Para mí, la cuestión no es cuándo, sino cómo preparamos a los Estados para ejecutar una orden de arresto como la de Netanyahu. Nadie está actuando en ese sentido. España o la Unión Europea podrían asumir un papel de liderazgo».
La orden contra Netanyahu trasciende el ámbito judicial: es una declaración de que la defensa de los derechos humanos sigue siendo una prioridad global. España, con su historial en justicia internacional, puede desempeñar un papel clave en este proceso.
La reacción de la comunidad internacional, pero también nuestras repuestas ciudadanas, serán decisivas para demostrar si estamos realmente preparados para avanzar hacia una justicia universal efectiva.
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