Al magistrado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, le preocupa que la legitimación de la judicatura sea atacada tanto activa como pasivamente, lo que mina la confianza en el sistema judicial. Foto: Yolanda Rodríguez/Confilegal.
Entrevista | Sergio Oliva, portavoz de la AJFV: “Que todo se judicialice nos pone a los jueces en una picota pública”
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08/12/2024 00:45
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Actualizado: 08/12/2024 12:26
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Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), desgrana la posición de su asociación frente a los desafíos actuales del sistema judicial, la polémica sobre los jueces sustitutos, y los esfuerzos por aumentar el número de jueces ante una jubilación masiva en el horizonte.
Para el portavoz nacional de AJFV, defensor de la independencia judicial como valor fundamental de una sociedad democrática, así como de la necesidad de acercar la Justicia a la ciudadanía, el actual sistema de nombramientos no es el adecuado y por eso proponen de cambios estructurales en la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En tiempos de creciente judicialización de la política, la voz de la AJFV resuena con un mensaje claro: aspirar a ser la principal representante de las asociaciones judiciales y contribuir a fortalecer un poder judicial auténticamente independiente y equitativo.
Un tema polémico en los últimos tiempos ha sido el de los jueces sustitutos. A ustedes les preocupa que puedan entrar a la carrera judicial por la «puerta de atrás»…
Hicimos un pronunciamiento en la Asamblea, donde nuestro órgano máximo entendió que la única manera de entrar a la carrera judicial debe ser por la oposición del turno libre o por el cuarto turno, que son los sistemas existentes. No cuestionamos la calidad de los jueces sustitutos. De hecho, tenemos algún compañero en el propio juzgado que es sustituto y hace un trabajo excepcional.
El problema está en que entrar en la carrera judicial por una especie de consolidación quebrantaría todos los principios de mérito y capacidad que nos hemos dado desde la Constitución.
¿Cree que sería posible plantearse una alternativa similar a la italiana, con los jueces honorarios?. Que no formen parte de la carrera judicial. Es una propuesta planteada por Agustín Azparren, abogado de las dos principales asociaciones de jueces sustitutos.
De ninguna manera. No es posible, aunque el Gobierno pueda hacerlo. Ya veríamos qué solución podríamos tomar o qué medidas podríamos adoptar para intentar que esto no ocurra.
Existe la posibilidad de entrar en la carrera judicial por el cuarto turno, juristas de reconocida competencia con más de 10 años de servicio de su profesión, que en este caso todos los sustitutos lo cumplirían.
El problema es que creemos que podría afectar a esa independencia e imparcialidad, que está garantizada por los sistemas de oposición. No quiero decir que estas personas no merezcan una solución a su problema laboral, pero eso no puede implicar que se desnaturalice el Poder Judicial.
«La única manera de entrar a la carrera judicial debe ser por la oposición del turno libre o por el cuarto turno, que son los sistemas existentes».
Bueno, también es cierto que en el año 2032, un tercio de la carrera judicial estará jubilado. ¿Esto significa que para que no se produzca este tipo de colapso, se tendrían que crear 350 plazas de jueces cada año y, sin embargo, para este año solo se han convocado 120?
Claro, existe una deslegitimación del Poder Judicial de manera activa con todas las campañas que hemos escuchado y una desnaturalización por omisión. No se cubre ni la tasa de reposición de los jueces que se jubilan. De aquí a 2032 se van a jubilar el 30% de la carrera judicial.
¿Desde la AJFV, qué solución proponen?
La solución para enfrentar la sobrecarga judicial pasa necesariamente por incrementar el número de jueces. El Consejo General del Poder Judicial ha propuesto la creación de 6.500 nuevas plazas de jueces de aquí al 2032, lo que supone añadir unas 350 plazas anuales. Sin embargo, no parece haber un interés real por implementar esta medida.
Aunque el gobierno actual destaca que bajo los gobiernos socialistas se han creado más plazas para jueces, la realidad es que estas medidas son insuficientes para satisfacer las necesidades actuales.
La deficiencia en el número de jueces no solo afecta la estructura de la carrera judicial y la salud laboral de nosotros, como profesionales, sino que también compromete la eficacia judicial en su conjunto, extendiendo los tiempos de resolución de casos hasta siete u ocho años.
Esta situación prolonga innecesariamente los litigios, poniendo en riesgo el acceso a la justicia para muchos ciudadanos, que se ven obligados a esperar años para resolver sus pleitos.
Ahora mismo, hay órganos judiciales que están citando para dentro de cuatro o cinco años.
Sí, en mi juzgado estamos en 2026, en verano. Pero en Sevilla, Andalucía, algún social está en 2028. Es evidente, mucha gente ya llega, si llega viva a ese año, cualquier garantía o resarcimiento que vayas a hacer de su tutela judicial efectiva ya está truncada.
¿Qué le parece que todos los temas estén judicializados?
Habla mal de la política actual, en mi modesta opinión. Creo que se ha perdido un concepto claro que es la ética. Que todo se judicialice nos pone a los jueces en una picota pública que a largo plazo va a ser difícil de recuperar porque se está creando una concepción en la ciudadanía, en las trincheras actuales que existen de jueces de un lado, de jueces de otra ideología, con claro perjuicio para la propia administración de justicia y para el poder judicial, que en vano tiene que defender y proteger las libertades y los derechos de la ciudadanía. A nosotros nos preocupa mucho la judicialización de la política.
Toda esa deslegitimación del poder judicial al hilo del señalamiento a jueces, genera desconfianza en la ciudadanía respecto a la independencia e imparcialidad de los Jueces. Y esto nos aboca a un Estado fallido.
Los ciudadanos nos hemos acostumbrado a levantarnos con cuatro o cinco noticias relacionadas con la judicialización de la política o la politización de la justicia…
Antes, los periodistas especializados en tribunales operaban de manera aislada, pero la situación ha cambiado dramáticamente; ahora, los periodistas de política y tribunales colaboran estrechamente. Esta convergencia destaca la creciente judicialización de la política, una tendencia que plantea desafíos significativos.
Los jueces en España, a pesar de no ser funcionarios tradicionales, están sujetos a un régimen especial como servidores públicos y parte integral del poder estatal. Dependemos de los recursos técnicos y materiales provistos tanto por las comunidades autónomas como por el Estado, lo que a veces puede influir en nuestra autonomía y en cómo se percibe nuestra independencia.
Actualmente, enfrentamos un entorno donde la legitimación de la judicatura es atacada tanto activa como pasivamente. Los jueces están bajo un escrutinio intenso, y las decisiones judiciales son a menudo vistas a través del prisma de la política partidista.
Se etiqueta a los jueces como ‘fachas’ o ‘justos’ dependiendo de si sus fallos favorecen o desfavorecen al partido en el poder, distorsionando la percepción pública de la imparcialidad judicial.
Este ambiente no solo mina la confianza en nuestro sistema judicial, sino que también amenaza con debilitar los principios de justicia e imparcialidad que deben guiar nuestro trabajo.
«Se etiqueta a los jueces como ‘fachas’ o ‘justos’ dependiendo de si sus fallos favorecen o desfavorecen al partido en el poder, distorsionando la percepción pública de la imparcialidad judicial».
Ese término tan peyorativo como el “lawfare” hace un daño terrible, ¿no cree?
Es muy importante respetar la legitimidad y la labor del poder judicial. Sin embargo, es igualmente fundamental que los jueces mantengan este respeto y adhieran a la separación de poderes.
Esta relación es bidireccional: no se puede denunciar ataques externos al sistema judicial mientras internamente algunos jueces podrían estar socavando otros poderes del Estado.
Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como jueces, como representantes de un poder judicial y actuar en consonancia. Y es importante destacar eso.
En las últimas elecciones a las Salas de Gobierno, la AJFV ha incrementado su presencia.
Somos la única asociación judicial que ha subido, pero aspiramos a mucho más. Aspiramos a ser la asociación judicial con mayor número de asociados de España y la que más representación tenga en todas las salas de gobierno.
En los últimos años somos la asociación que más ha crecido, y esto es importante porque consolida el proyecto de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Ahora somos la segunda asociación en número de afiliados, pero aspiramos a ser la primera.
Creemos que los valores que defendemos los “vitorinos” son los idóneos y los ideales para la justicia de nuestro país. Te lo digo con honestidad..
¿Por qué siendo la segunda asociación judicial, muy alejada de la tercera y la cuarta, están fuera del reparto del Poder Judicial?
Todos los vocales designados son independientes y son imparciales, pero el problema está en que por el sistema de designación política y partidocrática, que es el actual sistema de designación de vocales, no tienen apariencia de independencia ni de imparcialidad.
Y es precisamente a los partidos políticos a los que les interesa trasladar a la ciudadanía, que tienen un aparente control sobre los vocales que designan, aunque sea irreal, pero eso se traslada a la ciudadanía.
Estamos orgullosos de no tener ningún vocal con este sistema de designación. Por eso promulgamos, proclamamos, y exhortamos al actual Consejo a elaborar la propuesta para las Cortes de un cambio de modelo y asemejarnos con todos los países europeos de nuestro entorno.
¿Y creen que ese cambio de modelo se va a dar al final? Porque según se ha visto el reparto, en el CGPJ, se han mantenido las cuotas de poder.
España, junto con Polonia, se destaca por no seguir el modelo común en Europa de un Consejo General del Poder Judicial mixto, donde los jueces y juristas de reconocida competencia seleccionan a los vocales judiciales. Este método promueve la independencia y la especialización dentro del sistema judicial.
Nuestra propuesta es reformar nuestro sistema para que se asemeje más al de otros países europeos donde hay consejos generales del Poder Judicial formados por jueces y juristas de reconocida competencia, es la carrera judicial la que elige a los vocales del turno judicial.
¿A qué se refiere cuando habla de independencia judicial?
La carrera judicial en España está rodeada de numerosos prejuicios y miedos infundados. Desde la Asamblea de Francisco de Vitoria, invitamos a todos los políticos para que se acerquen y observen la diversidad de pensamiento y la pluralidad ideológica que caracterizan nuestra institución. Nuestro objetivo común es salvaguardar la independencia de los jueces y mejorar sus condiciones profesionales, pilares esenciales para un sistema judicial independiente y robusto.
Se ha convocado a la plaza para la Presidencia de la Audiencia Nacional, hay ocho candidatos. Uno es mujer: María Tardón, una “Vitorina”. Se supone que en términos de igualdad de condiciones habría que priorizar a la mujer.
A ver, nosotros los “vitorinos” siempre somos optimistas cuando hay alguien de nuestra asociación. Quiero destacar que María Tardón dentro de la carrera judicial tiene una consideración intachable. Es una experta en el campo penal, pero además sabe llevar perfectamente a fines gubernativos la Audiencia Nacional.
Creo que es una candidata excelente y si se va a valorar solamente el mérito y la capacidad, tenemos opciones de que María Tardón pueda ser la presidenta de la Audiencia Nacional.
Confiamos en que primen esos criterios y no haya un intercambio de cromos en el que, evidentemente, estaría perjudicada nuestra candidata porque es de Francisco de Vitoria. No es del bloque conservador ni progresista, como les gusta llamarse a ellos mismos. Esperemos que tenga suerte.
Hablando de paridad, ¿cree que el hecho de que el CGPJ haya empezado sus nombramientos pendientes por el Supremo puede hacer que esto se enquiste?
Sí, claro. Por eso tuvieron que pedir informe al gabinete técnico para que esa paridad no fuese conforme a las cuatro salas, presidencias, sino conforme a los nombramientos en los cinco años. Claro, que haya paridad en un examen final, por así decirlo, cuando termine el mandato y se vea si hubo o no paridad en los nombramientos.
Nosotros lo que nos tememos es que vaya a haber un intercambio de cromos, aunque la propia presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, a mí personalmente me dijo que no iba a suceder.
También Ricardo Bodas, que es el presidente de la Comisión de Calificación, en la Asamblea de los “vitorinos” en Benidorm, incidió en que no se va a producir ese “intercambio de cromos”.
Pero los primeros datos me invitan a pensar que sí va a haberlo, es decir, la presidenta actual del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo pertenece a la asociación Juezas y Juezas por la Democracia y el vicepresidente actual del Consejo y del Tribunal Supremo pertenece a APM. Ellos son excelentes juristas, ambos.
Todo el mundo habla maravillas de Dimitry Beberoff e Isabel Perelló, pero no los han elegido por eso. Los han elegido por la asignación partidista dentro de los bloques que hay actualmente en el Consejo.
«Nosotros lo que nos tememos es que vaya a haber un intercambio de cromos, aunque la propia presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, a mí personalmente me dijo que no iba a suceder».
Por eso nos tememos que esta reproducción se pueda imitar a lo largo de los nombramientos que tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial y sea residual lo que se dé al resto de participantes en los procesos de nombramiento.
Por eso, entre estas cosas, hemos recurrido conjuntamente con el Foro Judicial Independiente las bases de las convocatorias de más de 56 plazas que han salido ahora mismo.
Entendemos que falta claridad en las propias bases porque, de tapadillo, se pasa de la igualdad, que para nosotros es muy importante. Es cierto que no hay factores claros que puedan determinar los previsibles de igualdad para ser respetados a la hora de llevar a cabo los nombramientos, pero creemos que en las bases recurridas hay demasiado campo para la arbitrariedad dentro de los nombramientos discrecionales, que son discrecionales como su propio nombre indica, pero lo que no pueden ser son arbitrarios.
Desgraciadamente, existen unos indicios, unos feedbacks que nos inducen a temer que va a haber un intercambio de cromos entre la asociación autodenominada progresista y la asociación autodenominada conservadora. No lo digo yo, lo dicen los propios vocales de los bloques..
¿Y nosotros, los medios de comunicación, contribuimos también?
Sí, los medios también, pero eso es más normal. Lo que yo no había escuchado, hasta ahora, es que un vocal se autoproclamarse dentro de un sector. Eso me llama la atención, pero supongo que para los suyos será lo que buscan.
Su asociación, la Francisco de Vitoria, ha tenido una progresión espectacular, en los últimos 20 años, respecto al resto de las asociaciones que prácticamente no han crecido, ¿a qué cree que debe?
En mi modesta opinión, radica en que los compañeros y las compañeras que entran en la carrera judicial nos ven como una asociación que es absolutamente técnica, profesional y ausente de cualquier tutelaje político. Y esas características son fundamentales para generar una confianza y un sentimiento de pertenencia.
Y luego, cuando estás ya dentro de la asociación, te das cuenta de que es un campo perfectamente abonado para poder dar tu opinión, que tu voto valga lo mismo que el de un magistrado del Tribunal Supremo, que puedas hablar con el mismo turno de palabra que un magistrado del Tribunal Supremo, un juez, por ejemplo, de Tudela.
Eso transmite una imagen de modernidad de lo que es la carrera judicial plural, que hace que, evidentemente, vayamos creciendo año tras año. Pero nuestro objetivo prioritario, ya le digo, es seguir creciendo como estamos creciendo y aspirar a poder ser la asociación judicial mayoritaria. Creo que es la asociación que representa mejor a los jueces de España.
Antes se me ha hablado de los valores “vitorinos”. ¿Cuáles son?
La independencia es el pilar fundamental de nuestra asociación, caracterizada por una clara ausencia de tutelaje político. Nos esforzamos por evitar el compromiso de nuestros principios para obtener cargos, centrando nuestra atención en la mejora de las condiciones profesionales y económicas de los jueces. Esta postura exige mantenernos alejados de las esferas de poder, una postura que define el espíritu moderno y desenfadado de Francisco de Vitoria.
Nuestro compromiso con la equidad y la transparencia en la carrera judicial nos hace atractivos para nuevos integrantes, asegurando que todos tengan voz igualitaria, sin que nadie pueda influir desproporcionadamente en las decisiones colectivas. A pesar de los retos, nos mantenemos firmes en nuestra decisión de no integrar las estructuras de poder del Consejo General del Poder Judicial, aunque esto nos sitúe a menudo fuera de las decisiones de reparto de cargos.
Mirando al futuro, a cinco años de la próxima renovación del Consejo, nos enfrentamos a la disyuntiva de mantener nuestra integridad o adaptarnos al sistema vigente. Aunque el sistema de designación pueda cambiar, nuestra esencia no lo hará. La independencia real es la meta, aun cuando eso implique sacrificar oportunidades en el corto plazo. Estamos convencidos de que adherirnos a nuestros ideales sin concesiones es el precio que vale la pena pagar para fomentar una justicia verdaderamente imparcial y eficaz.
Ser independientes, pero de verdad, no con la boca pequeña. De verdad. Y eso implica pagar un precio. Y yo creo que todos los “vitorinos” pagamos el precio a gusto.
«Apoyamos una reforma que no solo democratice la elección de vocales, sino que también abra el sistema a una mayor diversidad de opiniones y enfoques, garantizando un sistema judicial más abierto y equitativo para todos».
Entonces, ¿son optimistas respecto a los próximos cinco años, de cara a la próxima renovación del Consejo, siempre que cambie el sistema?
Con la posibilidad de un cambio en el sistema de designación de vocales judiciales, nuestra asociación aboga por un sistema electoral que permita una mayor representación y pluralidad dentro del Consejo General del Poder Judicial. Proponemos una transición de la actual designación partidocrática a un modelo más representativo, evitando así un sistema de votación mayoritaria que podría favorecernos, pasando de cero a hasta cinco vocales.
Hemos iniciado un grupo de trabajo con otros vocales para discutir la implementación de un sistema de ‘cuota decreciente’, inspirado en modelos como Eurovisión, donde los votos se asignan de manera no consecutiva, asegurando que las minorías también estén representadas. Este método promovería un equilibrio, reflejando mejor la diversidad de la carrera judicial y no solo las mayorías dominantes.
Lo que buscamos es que el Consejo no solo sea más inclusivo, sino que también mejore su conexión con las necesidades de la justicia y de la ciudadanía. Consideramos esencial que los jueces sean elegidos por sus pares a través de un sistema que fomente una amplia pluralidad, lo cual ayudará a entender y atender mejor las problemáticas legales de la sociedad.
Apoyamos una reforma que no solo democratice la elección de vocales, sino que también abra el sistema a una mayor diversidad de opiniones y enfoques, garantizando un sistema judicial más abierto y equitativo para todos.
Pero cambiar las estructuras siempre es complejo…
Sí, siempre. Pero bueno, en esto sí que soy optimista. Creo que se va a lograr.
España es uno de los países en los que más se destina a Justicia y, sin embargo, desde las asociaciones siempre indican que estamos faltos de jueces, en relación con su población.
Las preocupaciones se centran no solo en la cantidad, sino también en la calidad de la inversión judicial, lo que anticipa la necesidad de una reforma estructural.
Con la próxima aprobación de la ley de eficiencia para los tribunales de instancia, a las asociaciones judiciales nos preocupa cómo esta puede impactar la independencia judicial. El temor radica en que la asignación de jueces a las secciones de los tribunales podría comprometer principios básicos, como el del juez predeterminado por ley, fundamental para garantizar la imparcialidad del sistema.
Nuestra asociación está preparando un informe detallado para evaluar estas reformas, con especial atención en cómo se distribuyen los recursos y se respetan los estándares constitucionales. El objetivo es asegurar que cualquier mejora en la eficiencia no sacrifique la autonomía judicial ni diluya la calidad del servicio público ofrecido por la Administración de Justicia.
Esta revisión pormenorizada será crucial para adaptar mejor las prácticas judiciales españolas a los estándares europeos, sin perder de vista la protección y promoción de una justicia verdaderamente independiente y equitativa.
Hay que leer la letra pequeña y estaremos estudiando y fiscalizando de manera exhaustiva cómo es la ejecución de esos tribunales de instancia.
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