Los servicios jurídicos del Congreso no ven problema para que la Mesa del Congreso dé trámite este martes a la proposición no de ley en la que Junts exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.
Recalcan que, en caso de llegar al Pleno y ser aprobada «carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo».
Así lo expresan los letrados de la Cámara en un informe jurídico de 14 páginas, y que este martes será analizado en la reunión del órgano de gobierno de la Cámara que deberá decidir si califica o no el texto de los de Carles Puigdemont.
En su informe, que no es vinculante, los servicios jurídicos constatan que no existen precedentes de ninguna iniciativa en la que se inste al Gobierno a presentar una cuestión de confianza, una herramienta constitucional que sólo puede ser activada por quien ocupa la Presidencia del Gobierno.
«No habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares a la que ahora nos ocupa, corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro», apuntan los letrados.
En todo caso, dejan claro que, dado que se trata de una proposición no de ley, «el resultado de la votación de esta iniciativa, si fuera admitida y sometida al Pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo».
La Mesa está presidida por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y cuenta con tres representantes del grupo socialista, que sumados a otros dos de Sumar pueden conformar mayorías frente a los cuatro representantes con que cuenta el grupo popular.
Entre la moción de censura encubierta y el carácter político de la propuesta
El informe jurídico que será sometido a consideración de la Mesa del Congreso advierte de dos posibles interpretaciones sobre la proposición presentada por Junts. Por un lado, alerta de que podría tratarse de «una moción de censura encubierta» que no cumpliría con los requisitos ni los procedimientos establecidos por la Constitución y el reglamento parlamentario.
Sin embargo, el documento también señala que el «carácter político» de las proposiciones no de ley impide apreciar en ellas una vulneración de las competencias del Gobierno.
Bajo este enfoque, la propuesta debería ser admitida a trámite, aunque los letrados sugieren que se añada una aclaración explícita sobre su naturaleza: tendría un valor «puramente político» y no generaría en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «el deber jurídico de plantear la cuestión de confianza».
Por otro lado, el informe expone una perspectiva distinta. Desde esta visión, la confianza otorgada al presidente del Gobierno durante su investidura solo puede ser revocada a través de una moción de censura, mecanismo que la Constitución establece como el único idóneo para tal fin. En consecuencia, se argumenta que la iniciativa de Junts no debería ser admitida.
El informe concluye dejando la decisión en manos de la Mesa, sin inclinarse de manera definitiva por ninguna de las opciones planteadas.
Esta deliberación será clave para definir el alcance político y jurídico del mecanismo impulsado por los independentistas catalanes.
