Firmas
Opinión | El fiscal se excusa
Lourdes Pulido es abogada colegiada en el ICAM. Foto: LP.
23/12/2024 05:35
|
Actualizado: 22/12/2024 21:55
|
Así me notificaron hace unos días, que el Ministerio Fiscal se “excusaba» de acudir a una vista en un procedimiento de familia.
¿Cuál era la razón?
El Fiscal, en escrito del cual luego me dieron traslado, refería que “dados los medios personales de los que dispone esta Fiscalía de Área, en atención al volumen de funciones y servicios que tiene que asumir la plantilla, hacen imposible su asistencia al acto de la vista”. También mencionaba que, “con el fin de no retrasar el curso de los autos, ni causar perjuicio a las partes cuyos intereses y derechos fundamentales pueden verse afectados por la dilación de dicho procedimiento, el Fiscal no solicita la suspensión del acto, sin perjuicio de poder emitir informe por escrito”.
La vista, a la que no podía acudir el Fiscal, era de un procedimiento en el que se solicitaban unas medidas que afectaban a dos menores, es decir, con que progenitor tienen que vivir, quien ejercerá la patria potestad y la guarda y custodia, cuantas veces tienen que cambiar de domicilio, cogiendo su maleta los fines de semana, donde van a vivir, con cuánto dinero pueden disponer para atender sus necesidades, etc.
Todas estas cuestiones que, como en miles de procedimientos de divorcio o de medidas paternofiliales, se tienen que ventilar cada día en los juzgados, en este caso, no iba a contar con la presencia del Ministerio Fiscal, pero, sorpresivamente, al final si estuvo en dicha vista.
No obstante, cuando leí la notificación, me quedé pensativa. Al Fiscal le es imposible acudir. Y de verdad que estuve un rato sin poder continuar con el trabajo del despacho.
¿A dónde estamos llegando en estos momentos en la justicia española?
Lo de que los fiscales asistan a las vistas por videoconferencia, no me parece adecuado, porque, aunque sí comparecen, la realidad es que lo hacen a medias, dado que no pueden ver la documentación que las partes aportan en el acto, y por tanto ¿cómo pueden solicitar medidas sin haber dispuesto de todo el material probatorio que las partes pueden aportar en la vista?
Pero esto de que se excusen de acudir, pone en evidencia, la falta de medios que tiene la Justicia en nuestro país.
Porque, no creo que sea culpa de los Fiscales el que les resulte imposible acudir a una vista, no pueden estar en dos sitios a la vez, o no pueden asumir más asuntos de los que materialmente les resulte posible.
Esta situación no es una cuestión baladí, porque en un proceso de familia se ven afectados intereses muy importantes, no solo para menores, sino también para todos los miembros del núcleo familiar. Es, el día a día de la vida de hijos y de progenitores, lo que se ventila en estos juicios. No es algo sin importancia, el determinar con quien, y donde viven los hijos y que nivel de vida pueden tener, en función de los recursos de sus progenitores y de la pensión de alimentos que se fije. Es relevante el que se determine de la mejor forma posible, como unos niños puedan desarrollarse completamente con una adecuada relación con ambos progenitores.
La ruptura de las familias es un punto de inflexión en la vida de quienes se ven afectados por ella, y determina de forma notable el futuro de sus miembros.
Por ello, que tengamos estas grietas en el sistema judicial, es alarmante.
No es de un estado de derecho, que los procedimientos duren años. No se le puede decir a una familia, como el caso al que me estoy refiriendo, que va a tardar más de un año y medio en que se celebre la vista de medidas provisionales, y que, para ahorrar comparecencias, vamos a juntar las medidas con el juicio, porque, total, como nos hemos retrasado tanto, qué sentido tiene celebrar unas medidas “provisionales” un año y medio después de presentar la demanda.
No es de un estado de derecho, que el M. Fiscal, se encuentre tan saturado de trabajo que no pueda acudir a una vista en donde están en juego los derechos de menores.
No es de un estado de derecho, el que se tenga que esperar meses y meses para que se haga un informe psico-social.
En definitiva, no es de un estado de derecho, que los ciudadanos, que pagan religiosamente sus impuestos (algunos no tanto, pero son los menos) no tengan derecho a una Justicia rápida, efectiva y eficiente.
No se me han olvidado las palabras que dijo el ahora ministro Bolaños, cuando era ministro de la Presidencia, en nuestro Colegio de la Abogacía de Madrid, que la Justicia no había sido una prioridad para los gobiernos. Obviamente, no lo ha sido, ni para el suyo ni para los anteriores gobiernos que han dirigido nuestros intereses. Y, dado como estamos, nadie podrá contradecirle.
Quienes si sabemos cómo está la Justicia, desde luego, somos los abogados.
Pero las diferencias, en cómo nos afecta el lamentable estado de la justicia en España a unos y a otros, son muy claras. Ciudadanos, profesionales y jueces y funcionarios, vivimos de muy diferente forma esta situación.
A los ciudadanos, les afecta de la forma más directa, dado que cuando acuden a los tribunales, no suele ser por gusto, sino por necesidad. Y si se presenta una demanda de divorcio o de medidas paternofiliales, es como consecuencia de una ruptura que hace muy difícil su situación, ya no solo personal, sino económica. Pasan de convivir en un mismo domicilio, compartiendo ingresos y gastos, a tener que vivir en dos viviendas, asumiendo gastos de forma independiente, que para muchas familias es una auténtica crisis económica. Se enfrentan a situaciones muy complicadas emocionalmente, y está en juego la estabilidad no solo económica, sino también la psicológica de menores y adultos.
Piden a los juzgados que regulen su situación, y hay familias que no pueden esperar un año y medio, como en el caso de mi despacho, para que un juez dicte una resolución. Porque, hay familias que no pueden esperar ni unos pocos meses para recibir una pensión de alimentos, o para disponer del uso de una vivienda.
Cuando mi cliente me llamaba y me preguntaba que pasaba, como es que llevamos esperando meses y no sabíamos nada, como es que íbamos para un año y pico y seguíamos en la misma situación, me resultaba difícil explicarle que el juzgado estaba “atascado”.
Nosotros lo vemos “normal”, porque ya estamos mal acostumbrados a que hay juzgados en los que esperar más de un año para que admitan una demanda es lo habitual, pero a una madre, que tiene dos hijos y que no recibe ni un solo euro del padre de sus hijos, ¿Cómo le puedes decir que no le queda más remedio que esperar más de un año a que se celebre su juicio, porque el juzgado va con un enorme retraso?
Todos los ciudadanos pagamos impuestos para que haya unos servicios públicos adecuados. Y la Justicia, no está dotada adecuadamente a nivel presupuestario, ni a nivel personal, para acometer el cumulo de trabajo judicial que existe.
Pero esto no es nuevo, esta lacra la llevamos padeciendo desde hace mucho, y los profesionales de la justicia, insisto, nos estamos mal acostumbrando a algo que desde hace tiempo ya no se sostiene.
Los jueces y funcionarios de justicia, sufren también este despropósito. Si un Juez señala para dentro de un año o dos años, es porque su agenda no le permite señalar antes. Si un Fiscal se excusa de acudir a una vista, es porque entiendo le resultará imposible personarse o ni tan siquiera comparecer por medios telemáticos. Hacen un trabajo importante, con los medios que les dan las diversas administraciones.
Pero, con mayor o menor dificultad, realizan su jornada, y perciben un sueldo acorde a su categoría. Que no se pueda señalar la vista hasta dentro de un año, o que no puedan poner una sentencia en un plazo razonable, no les supone una merma en sus salarios.
La otra parte de la administración de justicia la formamos los profesionales del derecho, abogados y procuradores. Somos el eslabón entre el ciudadano y los órganos judiciales, y que por el solo hecho de estar en medio, recibimos de ambos lados, lo bueno y lo malo.
A diferencia de los funcionarios, un retraso judicial nos supone un coste adicional importante, dado que durante todo ese tiempo tenemos que seguir manteniendo nuestros despachos, pero no podemos cobrar las actuaciones que no se producen, no podemos cerrar los asuntos en un tiempo prudencial, y por lo tanto, no podemos liquidarlos cobrando el trabajo que hemos realizado.
La dilación de los procesos, perjudica no solo a los justiciables-clientes, sino a quienes les representamos ante los juzgados, porque ello nos genera, además, un incremento de trabajo, presentando escritos pidiendo, el ya tan habitual, escrito solicitando impulso procesal.
Los funcionarios cobran sus sueldos, mes a mes, si los procesos se dilatan, no les supone ninguna merma económica, pero a los ciudadanos y a los profesionales, les supone un perjuicio muy relevante.
Pero, es que, además, un abogado no puede presentar un escrito en el juzgado diciendo que se “excusa” de ir a la vista porque tiene muchos vencimientos, porque tiene mucho trabajo, o porque le es “imposible” trasladarse al juzgado. ¿Se imaginan que un abogado presentara un escrito en tales términos? No, ¿verdad?
Esa es la diferencia, que los abogados no podemos excusarnos en plazos, ni decir que no nos ha dado tiempo a presentar el recurso, porque teníamos otros vencimientos anteriores, pero, un juez si puede dictar una sentencia con un cierto margen de tiempo, como consecuencia del cúmulo de asuntos que tramite en su juzgado.
Un abogado se tendrá que quedar en su despacho trabajando, las horas que sean necesarias, porque es un profesional liberal que tiene que cumplir con sus obligaciones, que tiene que cumplir con sus responsabilidades, y no puede derivarlas con un simple, “me es imposible”.
Pero, por si fuera poco, si jueces, LAJ y funcionarios, consideran que su trabajo merece un sueldo superior, que no están suficientemente reconocidos sus esfuerzos laborales, tienen la posibilidad de hacer una huelga, paralizando los juzgados, y conseguir, tras ello, cierta satisfacción con una subida en sus emolumentos, como así ha ocurrido en las huelgas que no hace mucho se han producido.
No pretendo, ni mucho menos, responsabilizar ni a jueces, ni fiscales, ni funcionarios de la situación que la justicia vive, porque ellos no son los que deciden al respecto, pero, los abogados y procuradores, es evidente que lo vivimos de una forma muy distinta, sobre todo, cuando eres abogado del turno de oficio, en donde realizamos un trabajo enorme, ínfimamente pagado, regalado en muchas actuaciones, obligado, y desde luego, muy poco defendido por nuestras instituciones colegiales y por el Consejo General de la Abogacía Española.
Finalizo, excusándome, en su acepción de disculpar o dispensar, por no poder decir, que tengo esperanzas en que esto cambie, me excuso por estar enormemente enfadada con las instituciones, porque no mueven ni un dedo para solucionar el caos de la justicia española, me excuso, porque me gustaría poder decirle a mis clientes que tendrán una sentencia en un plazo justo, y por último, no me excuso y si me enfado, porque los culpables de todo este despropósito, nuestros políticos, no dan la talla ni se espera que la den, en la solución al problema judicial que tenemos.
Otras Columnas por Lourdes Pulido Alcón:
