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La justicia no debería llamarse gratuita sino pública
Lourdes Pulido es la socia directora de la firma Alcón Abogados.
12/7/2023 06:30
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Actualizado: 11/7/2023 23:37
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La caótica situación de la justicia es un problema que a nadie le resulta, a estas alturas, ajeno, máxime si, en estos últimos años, se ha sufrido el tener que instar un proceso o se ha visto demandado por alguien.
Antes de la pandemia, los juzgados acumulaban ya importantes retrasos. Durante la pandemia, los profesionales de la abogacía ya pusimos de manifiesto que el parón que se estaba produciendo, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno, iba a pasar factura, si no se ponía remedio.
Y esa factura ahora, se ve incrementada, por las huelgas que se han producido durante este año. 2023 va a ser un año perdido a nivel judicial.
Todo ello está repercutiendo no solo a los justiciables, que ven como se eternizan sus procesos, sino que, de una forma muy directa, está afectando enormemente a la abogacía y a la procura, y a la abogacía de oficio mucho más.
La justicia no debería llamarse gratuita, sino publica, dado que es un servicio público, al igual que lo es la sanidad o la educación. Nadie habla de educación o salud gratuita, sino de educación y salud públicas.
Y como tal, publica, debería ser sufragada por las instituciones, y no por los profesionales, que somos los que año tras año, estamos echándonos a las espaldas el mantener un sistema de justicia “gratuita”.
EL TRABAJO QUE HACEN LOS ABOGADOS DEL TURNO NO ESTÁ PAGADO
Y ello es así porque, el trabajo de los profesionales de la abogacía no está pagado, ya que, lo que se abona, denominado inadecuadamente como “indemnización”, es una cuantía no ya ridícula, sino que raya con una mísera limosna.
Si a la cantidad que se nos paga por llevar un asunto de oficio, le tenemos que restar, los costes de material, infraestructura, traslados, parking, gastos y el tiempo que se dedica, el importe resultante es indignante.
¿Se entendería que un profesor tuviera que poner dinero para comprar los libros que utiliza en sus clases, o que un médico tuviera que pagar parte de los fármacos que receta?
Pues lo abogados, estamos costeando la justicia “gratuita”.
Además, el retraso de los procesos, que se dilatan en el tiempo de una forma manifiestamente anticonstitucional, ya que no olvidemos que la constitución española dice que se tiene derecho a obtener una tutela judicial efectiva y por tanto, sin “dilaciones”, genera que el cobro de nuestros honorarios también se dilate en el tiempo. Y si un pleito que, debería durar 4 o 5 meses, tarde 2 o 3 años, ello supone que debemos seguir asumiendo gastos durante esos años, pero percibiremos el mismo importe, sin actualizar.
El juez, el fiscal o el funcionario que tramita el proceso, ganará su sueldo exactamente igual, incluso con las subidas que le correspondan, y si el pleito dura 2 meses o 5 años, no se ve perjudicado económicamente por ello, pero los profesionales de la abogacía si.
El problema de la justicia es que ni al presidente del gobierno ni al señor Núñez Feijóo les preocupó en su debate.
Nada dijeron en relación a ello. Posiblemente porque como dijo el ministro Bolaños, no hace demasiado tiempo, en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid, “la justicia es algo que no ha interesado a ningún gobierno”, obviamente ni al suyo, ni tampoco, cuando ha estado el PP dirigiendo el destino de españa.
Pero lo más grave es que, nuestra situación, no solo la de los letrados y letradas del turno de oficio, sino en general, la situación de la abogacía, parece que no le importa al máximo órgano de la abogacía, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que, con poner cuatro tuits, días antes del día de la justicia gratuita, entiende que cumple con su papel garante y protector de la abogacía.
El descontento de la abogacía con esta institución es manifiesto, y con que pongan a una plaza el nombre de plaza del turno de oficio, no nos vale.
MOVIMIENTOS QUE LEVANTAN AMPOLLAS
Los movimientos que en los últimos años están surgiendo de ese descontento, están levantando ampollas, porque, no se van a parar, y no van a caer en el desaliento. Que no confíen, ni el CGAE ni los colegios profesionales, en que será una ola pasajera, porque las reivindicaciones de la abogacía son imparables, fruto de que hemos llegado a un punto de no retorno, ante la gravísima situación en la que nos encontramos.
El deterioro de la justicia, desangra a los abogados de oficio, porque cada día tenemos que asumir más trabajo, más responsabilidades, y por ello, un coste económico mayor, solo y exclusivamente a nuestra costa.
El Gobierno, las Comunidades Autónomas, están tan contentas, porque, a ellos, si les sale gratis mirar para otro lado, y ninguna institución les está poniendo contra la pared en este asunto.
Se encuentran muy cómodas, simple y llanamente porque la abogacía de oficio les resuelve el problema de la defensa de la ciudadanía, y les da igual que acudamos a las puertas del congreso o a las de la comunidad de madrid o del organismo que sea, para protestar.
Nos ignoran de una forma indignante.
Nuestros gritos de “turno de oficio digno”, o el que tanto se escuchó ante a las puertas del congreso, el pasado 27 de abril, de “somos abogados, no somos esclavos”, les resbala, porque los políticos son unos personajes que ya están muy acostumbrados a las críticas, y parece que, una más, cae muy rápidamente.
El problema es que, esta justicia gratuita, no se puede mantener por más tiempo así.
La abogacía de oficio no puede seguir costeando el derecho de los ciudadanos a tener una defensa. Sobre todo, cuando la abogacía está poniendo encima de la mesa unas reivindicaciones que en pleno siglo xxi, en la era de la inteligencia artificial, deberían estar ya más que consolidadas.
Porque, para quien no lo sepa, la abogacía, no desconecta, no se puede ir de vacaciones, si no es con su ordenador a cuestas, y disponiendo de conexión a internet por si hay que recurrir una resolución o presentar un escrito.
No podemos conciliar, dado que no se nos paralizan plazos.
LO QUE COBRAMOS DEL TURNO DE OFICIO NO NOS CUBRE LOS GASTOS
Si enfermamos, tenemos que seguir trabajando. Lo que cobramos del turno de oficio no paga todas las actuaciones, por lo que, estamos trabajando sin cobrar, lo cual se asemeja mucho a la abolida esclavitud, y las cuantías que se reconocen en los baremos, no se han actualizado y son manifiestamente insuficientes.
Y, por si fuera poco, el último problemilla, nuestra jubilación de la Mutualidad de la Abogacía. Un nuevo plomo que se nos pone, para terminar de hundir, a quienes han estado durante decenas de años trabajando en el turno de oficio, y que al final de su vida laboral, ven como van a percibir una cuantía que no supera a veces ni los 300.-€ o 400.-€ mensuales de “pensión” y que difícilmente les va a permitir dejar de trabajar.
Pero esto tampoco parece que les importe demasiado a nuestras instituciones.
Porque, cuando acudimos a la comisaría o al juzgado de guardia, o cuando defendemos a un ciudadano, no estamos dados de alta en la seguridad social, ni tenemos ningún tipo de cobertura, como cualquier otro trabajador que presta un servicio a la administración pública.
¿Se entendería que un médico de la Seguridad Social, o un profesor de un instituto, se tuvieran que pagar su cobertura social?
Entonces, ¿por qué la abogacía, que también está prestando un servicio público de enorme transcendencia, como es la defensa de los ciudadanos, no tiene ningún tipo de derecho?
A los abogados que pertenecemos al turno de oficio, se nos exige una especialización y una experiencia que garantice una correcta prestación del servicio público que realizamos, pero incomprensiblemente se nos discrimina no solo no pagando nuestro trabajo, sino, además, sin coberturas laborales ni sociales.
Por todo ello, no es una justicia gratuita, porque, la pagamos los profesionales de la abogacía y de la procura, y debería ser una justicia publica, adecuada y dignamente remunerada, además de reconocida.
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