Los LAJ no respetan a la Abogacía con su huelga

Los profesionales de la Abogacía estamos tan acostumbrados a sufrir las consecuencias de las huelgas de los demás, que una vez más, volvemos a asumir otra huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), pero esta vez, con la peculiaridad de que, incluso participamos de una manera que me hace recordar el refrán español que dice: “Tras cornudo, apaleado”, que recrimina la injusticia de quienes pretenden que no se disguste quien recibe no sólo un mal tratamiento, sino también más penas.

Y creo que nos viene al pelo este refrán porque el Decano del ICAM es el mediador en el conflicto entre los LAJ y el Ministerio de Justicia.

Nuestro Decano, con toda su buena voluntad, está intentando ser un hilo conductor para resolver un problema, del cual, paradójicamente, nosotros, como profesionales de la abogacía, estamos recibiendo parte de las consecuencias.

Esta participación del Decano como mediador ha sido criticada por algunos, entre ellos, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que ha dicho, «El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid se ha equivocado al aceptar la mediación solicitada por las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia para solucionar el conflicto que éstos han provocado».

Esta huelga, está generando graves perjuicios, y todos sabemos que, una huelga, para facilitar que la otra parte muestre “interés” en sus reclamaciones, cuanto más daño genere, más posibilidades de éxito tienen.

Se ha publicado que “Desde la UPSJ, aseguran que el seguimiento en esta primera jornada de huelga ha sido de en torno al 60% y que han suspendido más de 70.000 juicios y actuaciones en todos los órdenes jurisdiccionales a nivel nacional».

70.000 juicios en un solo día.

Ese grave perjuicio lo sufren los ciudadanos, que ven como juicios y diligencias se suspenden, cuando lo más seguro es que lleven esperando un tiempo demasiado dilatado para que se resuelvan sus problemas judiciales.

No nos olvidemos del retraso que se ha acumulado al ya existente, como consecuencia de la pandemia. Eso sí, a la Abogacía se le impuso no tener vacaciones en agosto (como si nosotros fuéramos a solucionar algo), vacaciones que sí pudieron disfrutar, los LAJ y el resto de funcionarios.

NOSOTROS SUFRIMOS LA HUELGA DE LOS LAJ

Y lo sufrimos nosotros, los abogados que nos presentamos en los juzgados y se nos dice en ese momento que se suspenden las vistas, tras haber dedicado horas o días para prepararlas, habernos trasladado al órgano judicial y haber destinado tiempo y dinero para nada.

La causa de la huelga, que no entro a valorar si es justa o no, porque cada uno reivindica lo que considera oportuno, tiene como motivo, el que no quieren continuar en el diseño de una justicia «low cost»: “un servicio público de calidad necesita profesionales adecuadamente retribuidos y considerados”.

Y mira por dónde, esto nos suena muchísimo a los abogados de oficio, que venimos sufriendo una justicia gratuita «low cost» desde hace décadas, muchas décadas. Y sin embargo, ¿se han visto perjudicados los juzgados y los ciudadanos por una huelga de abogados del Turno de Oficio?.

La respuesta es no.

No podemos ignorar que fue el Comité de Huelga de los LAJ quien pidió que nuestro Decano, Eugenio Ribón, fuera mediador en la contienda, que dedicara su tiempo y que dejara otros asuntos colegiales, para buscar una solución a sus problemas.

Pero, ¿han sido los LAJ respetuosos con los perjuicios que su huelga nos está generando a los abogados, acudiendo al Juzgado sin saber si se va a celebrar o no nuestro juicio?.

Se ha publicado en la pagina del ICAM que el Colegio se ha dirigido “a la Jueza Decana de Madrid, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y al Presidente de la Audiencia Nacional solicitando que, en caso de presumir ineludibles suspensiones, se comunique con antelación a las partes para evitar perjuicios a profesionales y ciudadanos”.

Y aunque el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don Celso Rodríguez Padrón ha solicitado al Secretario de Gobierno del TSJ que se informe con antelación de la suspensión de actos procesales tanto a los órganos judiciales y profesionales como al resto de personas que deban comparecer en sede judicial, la realidad es que no es así, y que estamos llamando a los Juzgados y las respuestas están siendo: “lo siento no estoy autorizada para decirle si se suspende”, “no tenemos noticia de que se vaya a suspender”, “el LAJ no nos ha dicho nada al respecto”.

En consecuencia, la realidad es que, seguimos siendo una vez más, los últimos en los que se piensa dentro de la Administración de Justicia.

¿Importa que un abogado se tenga que trasladar, a 100, 200 o a 600 km para celebrar un juicio que finalmente suspenden?, ¿importa que estemos preparando un juicio, que empleemos nuestro tiempo y dinero en acudir a la sede judicial y no se celebre?

Es evidente que no. Que seguimos sin importar, seguimos siendo considerados como elementos ajenos en la organización de la Justicia.

LA ABOGACÍA DEBE RESPONDER ANTE EL MALTRATO QUE SUFRE

Pero eso sí, jueces, fiscales y LAJ ejercen su derecho de huelga, derecho que los profesionales de la Abogacía no tenemos.

Hubiera sido de agradecer que ese ejercicio del derecho de huelga, se haga con un mínimo de respeto hacia los abogados, pero, como parece que se ha institucionalizado esa falta de respeto, que, como estamos acostumbrados a ello, una tacita más no desborda el café amargo que todos los días nos tomamos cuando entramos en las sedes judiciales.

Mientras escribo este artículo, una compañera enojada me llama y me dice, “que no me dicen si se suspende mañana un juicio que tengo en Barcelona, y acabo de llamar a Penal 31 y tampoco me dicen si se suspende una comparecencia que tengo en un par de horas”.

El mes pasado fueron las elecciones del ICAM, y todos escuchamos, y algunos expresamos en nuestros programas, nuestro deseo de que se nos respete, de que se tiene que hacer algo para cambiar las formas, y el primer paso que da el ICAM, es el aceptar la petición de los LAJ, para ser mediador en su conflicto, pero, sin embargo la Abogacía sufre las consecuencias del mismo.

Posiblemente, la Abogacía debería ser lo suficientemente “inteligente” para responder ante el continuo maltrato que sufre, nuestro trabajo es defender, pues defendamos nuestros derechos, y desde aquí solicito a nuestro nuevo Decano, Eugenio Ribón, que no solo pida que se tenga la deferencia de avisarnos de las suspensiones, sino que se exija la previa comunicación de las suspensiones, y si se considera que eso limitaría su repercusión y nivel de presión para sus reivindicaciones, entonces, que el ICAM deje de ser mediador en el conflicto.

Lo dicho, la Abogacía, además de cornuda, apaleada.

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