En el derecho penal existe la figura del cooperador necesario, que se regula en el artículo 28 del Código Penal: “Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”.
Es aquella figura del que facilita o colabora en un ilícito penal, y que tiene un papel determinante en la comisión del delito, considerándosele como “autor” y condenándosele a la misma pena que este.
Pero hoy en día tenemos muchos cooperadores necesarios en hechos que, a priori, no merecen reproche penal, pero que sí merecen un reproche moral e incluso, en muchas ocasiones, rozan la línea roja de lo delictivo.
Y a ellos me voy a referir.
Recientemente, un político del PP de Madrid decía que el PSOE en Madrid ha perdido el norte, que los socialistas madrileños eran “colaboradores necesarios” de Pedro Sánchez, de la “mafia sanchista”, y otra militante de cierta entidad del mismo partido manifestaba que los socios del PSOE son “colaboradores necesarios de la corrupción del Gobierno”.
Hace unos pocos meses, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juanma Moreno, señalaba a Vox como “cooperador necesario” de Sánchez para que el jefe del Ejecutivo español “tenga aire”.
Y, a su vez, el PSOE-A apuntaba a Juanma Moreno como el “colaborador necesario” para “tapar la podredumbre” del PP en Almería.
Mafia, corrupción, escándalos, todos contra todos y ninguno con las manos limpias.
Colaboradores y cooperadores necesarios son apelativos que se utilizan de forma habitual en las acusaciones que se tiran unos y otros en parlamentos, ruedas de prensa y en el día a día de la política española.
LO QUE DICE LA RAE
Según el diccionario de la RAE, colaborar significa: “Trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra” o también “contribuir”, y cooperar significa: “Obrar juntamente con otro u otros para la consecución de un fin común” y “Obrar favorablemente a los intereses o propósitos de alguien”.
Colaborar, cooperar, prácticamente tienen un significado muy parecido, por lo que, cuando nuestros políticos aluden con tanta asiduidad a estos términos, nos ronda el pensar que también estén refiriéndose a esa “cooperación necesaria”, en hechos y acciones que caminan sobre esa línea divisoria entre lo legal y lo ilegal, en el ámbito penal.
En nuestra política estamos acostumbrados a este tipo de comentarios, que en la mayoría de las ocasiones no llegan a nada y que a los ciudadanos ya nos parecen triviales y sin relevancia.
Y qué decir de las entidades y empresas que contratan con organismos públicos y de las que la UCO y los juzgados van identificando como “cooperadoras necesarias” en tramas corruptas que reparten millones a diestro y siniestro para conseguir contratos millonarios en los que, de forma escandalosa, se habla del dinero que va cambiando de mano en mano, con términos como chistorras o endodoncias.
Términos que, si no fuera porque se refieren a cómo el dinero de los contribuyentes termina ilícitamente en manos privadas, sería para hacer un monólogo por Leo Harlem o una película que se titule “Siete apellidos corruptos”, en la que seguro hay una larga lista de directores y actores.
De casos de corrupción en los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, tenemos conocimiento de forma demasiado habitual y, con ellos, de muchos nombres que figuran al lado de los más importantes implicados, que permanecen en un segundo plano, pero respecto de los cuales obligatoriamente nos tenemos que preguntar si no resultan ser unos cooperadores necesarios de todos esos entramados que salpican a unos, pero no a todos.
HAY EMPRESAS Y PERSONAS QUE COLABORAN CON POLÍTICOS CORRUPTOS
Cada día nos topamos con muchos, pero que muchos, “cooperadores”, cuyas actuaciones rozan la línea de lo delictivo.
Actuaciones que sin ningún género de dudas son éticamente reprochables, pero respecto de las cuales parece que no se deriva ninguna consecuencia ni penal, ni pública, ni profesional. ¿Dimitir? Esa palabra parece que en nuestro diccionario no existe.
Me refiero, por ejemplo, a todas las empresas y personas que colaboran con los políticos corruptos y que quedan como en un limbo, que no les salpica.
Y también me refiero, desde luego, a todos los políticos que, amparándose en su condición de diputado o senador, o por ejercer determinado cargo en instituciones públicas, tienen un blindaje procesal que el resto de los mortales no tenemos.
Los, para muchos, “benditos aforamientos”, que no dejan de ser un clavo ardiendo al que agarrarse cuando a uno le han descubierto llevándose los dineros de los contribuyentes.
Ejemplos de ello: Luis Bárcenas, quien era senador y que se vio implicado en uno de los mayores casos de corrupción en España, el caso Gürtel, o el caso reciente de Miguel A. Gallardo, a quien se le propició un aforamiento, llamémosle “exprés”, para tratar de esquivar la investigación judicial.
Los aforamientos son un privilegio de unos pocos (bueno, más bien unos muchos) que conllevan que ciertos cargos y trabajadores públicos no se vean sometidos a los mismos juzgados que el resto de los mortales. Y digo que más bien ya son muchos, porque en nuestro país rondan el nada desdeñable número de 10.000 personas las que se benefician del aforamiento.
17.600 AFORADOS EN ESPAÑA
En España estamos derrochones en materia de aforamiento si lo comparamos con otros países del entorno, en donde de esta figura no se benefician tantos políticos, ya que en países como Alemania, Francia o Reino Unido esta figura es anecdótica.
Recientemente leía un artículo en The Objective que comentaba que “el aforamiento en España beneficia a una amplia gama de figuras públicas.
Se estima que hay aproximadamente 17.600 aforados en instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, incluyendo políticos (cerca de 2.000)”, y que “el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha instado repetidamente a España a reducir el número de aforados, señalando que este sistema obstaculiza el funcionamiento de la justicia”.
Pero claro, ¿quiénes son los cooperadores necesarios para que esta figura del aforado siga tan viva en nuestro país?
Obviamente, ellos mismos, que son los que tienen en sus manos cambiar la ley que les otorga este privilegio. Ya que lo que en un principio debería haber sido una figura excepcional ha terminado convirtiéndose, en virtud de legislación estatal y estatutos de autonomía, en que miles de cargos se blindan ante posibles problemillas judiciales.
También me refiero a esos cooperadores necesarios que mantienen en sus puestos a personas poco dignas de ejercer cargos públicos, a los que luego hay que “recolocar” en algún puesto en el que sigan ganando un sueldo acorde con el estatus al que se han acostumbrado.
Como ejemplo, recomiendo la lectura del informe publicado por la Fundación Hay Derecho, el “Dedómetro”, presentado en Barcelona, que destaca la falta de mérito y capacidad de gran parte de los directivos de las entidades públicas catalanas analizadas y la sobredimensión institucional del sector público catalán.
En el mismo se menciona que el 40 % de los máximos responsables analizados no cuentan con la formación ni la experiencia apropiadas para el cargo, y que la elevada politización facilita el nombramiento de perfiles poco cualificados, incluso en entidades con gran peso estratégico o presupuestario.
EL CASO DE LA FONTANERA DEL PSOE LEYRE DÍAZ
Como ejemplo, me llama la atención el caso de Leyre Díaz (caso “fontanera”), que ha ostentado, por ejemplo, el cargo de jefa de Comunicación en Enusa, una empresa pública que gestiona el suministro de uranio enriquecido a centrales nucleares (con unos ingresos superiores a los 108.000 € anuales), o en Correos.
Es evidente que, sin esa cooperación necesaria de quienes, desde sus altos puestos, a dedo, van nombrando o cambiando de cargo en cargo a sus amigos y/o compañeros de partido, no sería posible esta situación.
Cuántas veces vemos a exdiputados, exministros, que ya están en primera línea, pero a los que hay que encontrarles un sitio para que puedan seguir cobrando un holgado sueldo, impidiendo con ello que aquellos que tienen los conocimientos para dicho puesto accedan a los mismos y resultemos los ciudadanos perjudicados al tener que mantener con nuestros impuestos a tantísimos asesores y entidades públicas o semipúblicas cuya existencia es más que dudosa.
En nuestro país, el amiguismo se ha instaurado y lo sufrimos como un mal con el que tenemos que tragar, y nos concienciamos de que todos estos “cooperadores necesarios del amiguismo y enchufismo” son algo que tenemos que soportar.
En grandes firmas privadas, que el amigo o el hijo de trabaje, no por méritos sino por su apellido, es algo que no afecta a la ciudadanía, pero cuando el amigo o el hijo se beneficia de lo público, entonces sí que debería pasar factura tanto al cooperador como al enchufado, y desde luego factura en un proceso penal, en el que ese “cooperador” ya tenga una calificación penal, dado que para algo está el delito de tráfico de influencias.
Y esta derrota que tenemos aprendida los ciudadanos es enormemente decepcionante. Sobre todo en estos días, en los que vemos cómo la educación pública universitaria se resquebraja, teniendo, como en el caso de la Universidad Complutense, una situación de quiebra económica que, si no se soluciona, puede llegar a trastocar el futuro de muchos jóvenes que solo pueden acceder a una carrera pública, de lo que resulta beneficiada la enseñanza privada.
¿Es la administración autonómica cooperadora necesaria de esta situación?
Que cada uno responda a esta pregunta, pero me parece que hay un aplastante resultado afirmativo.
Yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y me da una pena enorme ver las condiciones en las que se encuentra una universidad con el prestigio de la Complutense.
Como dice el refrán, entre todas la mataron y ella sola se murió.
Pero en estos días hemos tenido unos hechos muy graves, como ver a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados. Ha sido solo una persona la que ha sido acusada, pero ¿han existido cooperadores en este asunto?
Parece que existían otros intereses ajenos al estricto proceso penal. Muchas personas estaban muy interesadas en cómo se resolviera el mismo, tanto a favor como en contra.
¿Quiénes han sido cooperadores en que esto llegara a ser un auténtico circo mediático en el que la justicia se ha visto muy resentida?
Ha habido muchos. Los primeros, aquellos políticos que sacaban tajada de todo ello, y aquellos que se han estado dando golpes de pecho por una caza en la que el infractor se vestía de víctima.
La información periodística también ha colaborado en su parte con toda esta situación. Escuchar en un tribunal que un periodista diga “yo sé que este señor es inocente, pero no voy a decir quién es mi fuente” resulta para muchos difícil de aceptar y entender.
¿Son ellos también otros cooperadores necesarios en una injusticia? A mí, desde luego, me resulta muy difícil contestar a esta pregunta, dado que yo me debo a mi secreto profesional, que nadie debe vulnerar.
Los políticos han sido otros cooperadores en este vergonzante suceso, obteniendo réditos de todo ello.
Los políticos, cooperadores necesarios
Nuestros políticos son los auténticos cooperadores necesarios en el estado de nuestra nación, en que no se arrime el hombro para colaborar, en que de lo que se trata es de que el contrincante en las urnas pierda y no de que ganemos todos.
Cooperan en la crispación, en el distanciamiento cada vez más radical entre los ciudadanos, sin asumir consecuencias de su deficiente trabajo, porque parece que quienes obtienen un puesto en el Congreso, en el Senado o en cualquier institución pública no trabajan para nosotros, sino para sus partidos, cuando lo que deben hacer es precisamente eso, trabajar para la ciudadanía y, además, rendir cuentas de lo que hacen, como cualquiera. Cualquier trabajador tiene presente la palabra “despido”, pero en la política esa palabra, y la de “dimitir”, no están en el vocabulario.
Lo más decepcionante es que ellos mismos son sus propios cooperadores necesarios para seguir ocupando puestos enormemente lucrativos, como el reciente caso del expresidente de la Generalitat Valenciana, quien, a pesar de todo lo ocurrido, seguirá disfrutando de unos privilegios que cualquier ciudadano no tiene cuando deja su trabajo. En este caso, además, no parece que el señór Mazón haya dejado el puesto precisamente porque lo haya hecho bien.
Cooperadores necesarios en el mantenimiento de privilegios que no se entienden.
Haber sido presidente del Gobierno, o de una comunidad autónoma, o haber ostentado determinados cargos conlleva una remuneración nada desdeñable y unos beneficios durante el tiempo que se ejerce ese cargo, que compensan, o deben compensar, el trabajo que hacen para los ciudadanos, pero no deberían mantenerse cuando dejan dichos cargos, por mucho esfuerzo que les haya supuesto, que seguro iba compensado con los muchos favores que han obtenido.
Nadie les ha obligado a presentarse a unas elecciones. Lo han hecho de forma voluntaria muchos de ellos, tras años en un partido político en el que poco a poco se han hecho un hueco, y como si fuera una institución pública, se han convertido en unos auténticos funcionarios de la política que, una vez aprobada “su oposición”, es decir, ganadas unas elecciones, parece que nadie les puede echar de esa cómoda poltrona.
Tenemos tantos cooperadores necesarios que quedan exentos de responsabilidades que debe llegar cuanto antes el momento en el que medrar tanto deje de ser una opción que no les “rente” a nadie, y si les “renta”, que sea en Soto del Real.
