A punto de cerrar 2024, la asociación de consumidores financieros, Asufin, asegura seguir «sin noticias de por qué el ciclo de subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) que sufrimos desde mediados del ejercicio anterior no se trasladó a la remuneración del ahorro de los consumidores».
Recuerda que el BCE elevó los tipos hasta un máximo del 4,5 % en julio de 2023. Durante este periodo, los consumidores en España enfrentaron hipotecas más costosas debido al impacto en el Euríbor, sin beneficiarse de una remuneración similar en depósitos.
La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) no ha facilitado aún el análisis sobre el nivel de competencia entre la banca que prometió y que podría confirmar que ha habido concertación para topar el coste del pasivo a sus clientes.
La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ya denunció en julio de 2023 en el seno de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) «que las entidades no estaban trasladando la política monetaria a los depósitos en España y Portugal al contrario que en otros países europeos, denominándolo por ello la “excepción ibérica”:
Señaló que “Los plazos fijos han desaparecido en nuestro país, lo que supone una anomalía histórica, si tenemos en cuenta lo sucedido en otros contextos de tipos altos, como el anterior, desde el año 2004 hasta el año 14. En esa década, la subida de tipos se acompañaba de forma casi equivalente de una subida en la remuneración de los depósitos a tipo fijo a 12 o 24 meses”.
Igualmente, la CNMC debe analizar si los bancos trasladaron el impuesto a la banca a las comisiones cobradas a los clientes, como estipulaba la ley. Sin embargo, el nuevo gravamen que entra en vigor el 1 de enero omite esta prohibición y no contempla supervisión del organismo, lo que supone un retroceso en la protección de los derechos de los consumidores.
Más asignaturas pendientes para Asufin: vivienda, Autoridad bancaria y ley de acciones colectivas
Asufin, también recuerda que el inicio del año trae retos pendientes para la protección de los consumidores, y en este sentido, subraya que la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuyo trámite de enmiendas concluyó en diciembre, aún no se ha materializado.
Por su parte, la Ley de Acciones de Representación Colectiva enfrenta un retraso de dos años en su transposición y fue retirada tras un proceso legislativo deficiente. Desde ASUFIN, junto con el BEUC, hemos denunciado este incumplimiento ante la UE e instamos al Gobierno a tramitar un nuevo texto con urgencia.
En el ámbito financiero, «urge mejorar las costas procesales para promover buenas prácticas bancarias y reducir el colapso judicial». ASUFIN lidera una campaña con más de 3.500 firmas para abordar este problema.
Finalmente, desde la asociación de consumidores financieros exigen medidas inmediatas para frenar la crisis de vivienda, especialmente en alquileres, y garantizar acceso en condiciones financieras justas.
E instan «a todos los poderes públicos a articular medidas eficaces que contribuyan a mitigar la burbuja de precios que percibimos, sobre todo, en el ámbito de los alquileres».
