Firmas
Opinión | El pragmatismo judicial británico: Algunas lecciones para abogados y jueces del otro lado del Canal
Josep Gálvez, abogado español y "barrister" en Londres explica las peculiaridades del sistema judicial británico y por qué allí es muy importante pensarse mucho interponer una demanda en comparación con España. Foto: JG.
07/1/2025 00:38
|
Actualizado: 07/1/2025 12:48
|
Como ya sabemos a estas alturas del curso, en Inglaterra y Gales meterse en pleitos no es un deporte para todos los bolsillos, sino una disciplina reservada a los más valientes, pero sobre todo a los que tienen más dinero para permitírselo.
Y es que, a diferencia de España, donde las demandas de poca cuantía inundan juzgados y tribunales, reduciendo el precio por hora de los jueces españoles simplemente hasta el ridículo, en esta jurisdicción hay un auténtico déficit en litigios civiles por varios motivos.
En primer lugar, como decimos, litigar no cuesta como quien invita a una ronda de cañas; cuesta como quien decide comprarse un Jaguar nuevecito, sabiendo que en cada curva el depósito de gasolina se vaciará y habrá que repostar de nuevo.
Y si en España es habitual encontrarse con pilas de expedientes de auténtica calderilla, con la esperanza de que “igual cuela”, para desespero de quienes tienen que dedicarle su tiempo tanto a los asuntos sesudos como a los de mero trámite, para los británicos el juego es muy distinto.
Curiosamente, a pesar de compartir el principio de «quien pierde paga las costas«, en la jurisdicción de Inglaterra y Gales esta espada de Damocles impone un auténtico freno a las demandas puestas para pasar el rato.
Y no porque aquí falten ganas de ir a juicio, sino porque el precio del billete para un viaje a los tribunales ingleses viene con importantes recargos y costosos peligros que hacen que cualquiera se lo piense varias veces antes de apretar el gatillo.
Mientras tanto, en España, con el lío de las tasaciones de costas siempre apostando a la más baja, juzgados y colegios solamente hacen que seguir pegándose un tiro en el pie, porque la posible condena en costas no disuade ni al tato.
Y no ya hablemos del laboral, del contencioso-administrativo o de la jurisdicción penal, porque entonces es de apaga y vámonos.
Por eso, cuando uno se enfrenta a un pleito en tierras británicas, el cálculo de riesgos y costes no es sólo una simple formalidad, sino un auténtico ejercicio de supervivencia, porque poco o nada se parece al español y siempre hay que tener las cosas claras antes de meterse en según qué charcos.
UN SISTEMA PROCESAL PARA PENSÁRSELO DOS VECES
Pues efectivamente, el sistema procesal inglés tiene un intenso aroma disuasorio que recuerda a las advertencias sanitarias en las cajetillas de tabaco, ya que litigar puede afectar gravemente a la salud del personal y aquí, créanme, no es una broma.
Eso lo sabemos bien los que nos dedicamos desde un buen inicio a aconsejar sobre las posibilidades de éxito antes de cruzar las puertas de un tribunal inglés, porque después ya no hay vuelta atrás.
Y es que, mientras en España en su mayoría se litiga por cuatro duros y hay quien incluso ha llegado a pagar al cliente un adelanto, en Inglaterra y Gales se ha perfeccionado una maquinaria procesal donde cada movimiento se traduce en facturación con unos niveles de infarto para el cliente español.
Pero ojito, porque estarán facturando tanto nuestros abogados como los del contrario, y si acabamos en pleito verán las facturas ante sus ojos pasar y su bolsillo vaciar.
De hecho, no es para nada raro escuchar historias de clientes españoles indignadísimos por facturas del copón que incluyen hasta los correos electrónicos remitidos por su ‘solicitor’ y facturados al minuto con absoluta precisión suiza.
Entonces, ¿qué tipo de demandas se interponen en los tribunales Inglaterra y Gales?
Pues, para que nos pongamos en situación, el sistema judicial civil de Inglaterra y Gales se divide principalmente en dos niveles básicos en la primera instancia: ‘County Courts’ y la ‘High Court’ de Londres
De esta manera, los casos con cuantías de menos de 100.000 libras esterlinas se resolvían ante los tribunales del Condado, mientras los pleitos de mayor cuantía y complejidad pasaban directamente a la ‘High Court’.
La cuestión es que esto ya no es así y, de hecho, demandas con cuantías incluso de 1,5 millones de libras presentadas ante la ‘High Court’ es muy posible que se chuten directamente a la ‘County Court’ sin dar siquiera los buenos días.
Por eso, actualmente se estima que sólo aquellas reclamaciones de entre 2,5 o 3 millones de libras en adelante se admiten para ser tramitadas ante la ‘High Court’.
Me imagino que alguno tendrá ya los pelos como escarpias pero recuerden que el sistema de clases se inventó precisamente aquí.
Pero esperen, amiguitos, que aún hay más.
TASAS JUDICIALES, ‘PRE-ACTION PROTOCOLS’ Y «OFERTAS»
A diferencia de España, donde aún se practica el «tató pagao» porque tenemos que ser así de espléndidos según el Tribunal Constitucional, en Inglaterra y Gales hay una simpática tasa de hasta el 10% de la cuantía de la demanda, con un tope máximo de 10.000 libras (12.047 euros).
Esto quiere decir que, por ejemplo, para presentar una demanda de 200.000 libras (240.951 euros), el litigante debe pagar ya de saque esas 10.000 libras sólo para que el juzgado le selle la documentación y notifique a la parte contraria.
Y ahora que parece que en España acabamos de inventar la sopa de ajo, veamos cómo funcionan las exigencias prejudiciales en Inglaterra y Gales, que también tienen lo suyo.
Las reclamaciones civiles, antes de interponer la demanda, deben cumplir con los llamados ‘Pre-Action Protocols’, es decir, una serie de reglas que obligan a los litigantes a intentar resolver el conflicto antes de dar la tabarra ante los tribunales.
Estos protocolos implican esencialmente que el ‘solicitor’ enviará una amable carta a la parte contraria explicando detalladamente los hechos, las reclamaciones que efectúa y las posibles vías de acuerdo amistoso, incluida la mediación.
Y ojo con no cumplir con estos protocolos, ya que puede resultar en la imposición de costas, incluso si la parte que ignoró el protocolo gana el caso finalmente ante los tribunales, ya que el juez inglés tiene plena discreción para imponerlas a quien no obró de buena fe desde el principio.
Pero es que, además, incluso durante el proceso, una de las herramientas más poderosas que existen son las llamadas ‘Part 36 Offers’, es decir, una oferta formal de acuerdo presentada por una de las partes para acabar con el tema y no tener que seguir dando la brasa al pobre juez.
Como se imaginarán las ‘Part 36 Offers’ llevan ese nombre porque están reguladas por la Parte 36 de las Reglas Procesales Civiles en Inglaterra y Gales.
La cuestión es que si la oferta es rechazada y, al final del juicio, el resultado es menos favorable para la parte que la rechazó, el tribunal puede imponer más costas adicionales y penalizaciones, por lo que hay que pensárselo pero que muy bien antes de decidir al respecto.
Esto hace que las ‘Part 36 Offer’ sean una pieza clave en la estrategia, incentivando intensivamente a resolver el conflicto sin tener que arriesgarse al resultado de una sentencia tras un proceso judicial que solamente habrá hecho que sumar facturas.
Y son facturas cronometradas al minuto a uno y otro lado, recuerden.
De hecho, en muchos casos, las ‘Part 36 Offers’ son la diferencia entre salir de un juicio con una factura más o menos razonable o enfrentarse a una condena en costas devastadora que pueden hundir al más pintado.
Pero es que además coste de litigar en Inglaterra, además, tiene una lógica interna: los jueces británicos, especialmente en la jurisdicción civil y mercantil, han sido antes ‘barristers’, y eso pesa mucho.
JUECES QUE HAN SIDO COCINEROS ANTES QUE FRAILES
Esto no es un detalle menor, ya que, a diferencia de España u otros países del continente, donde los jueces acceden a la carrera judicial mediante sesudas oposiciones memorísticas, en Inglaterra y Gales el recorrido es muy distinto.
Pues sí, los jueces ingleses han pasado la mayor parte de su vida profesional en la práctica privada, compareciendo ante los tribunales y acumulando experiencia en el foro.
Pero lo más importante es que saben perfectamente cuánto cuesta redactar una demanda, preparar un recurso ante la ‘Court of Appeal’ o ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, o tener que pasarse una semana estudiando otra vez el maldito expediente de cabo a rabo.
Y les aseguro que aquí no sirven los modelos sacados de internet o por ChatGPT.
Pero sobre todo, es personal que ha enviado facturas, que ha sufrido para cobrar y también ha tenido que justificar cada hora facturada al cliente.
Por eso, cuando un juez inglés mira los costes de un caso, no lo hace como alguien ajeno al mercado profesional, sino como quien conoce muy bien la realidad del día a día en un despacho.
Es decir, que cuando condenan en costas o imponen intereses adicionales, lo hacen con conocimiento de causa, no como un automatismo binario como el César de Roma con su pulgar, lo que añade un importante matiz pragmático al proceso civil inglés.
En fin, lo dejamos de momento aquí de momento porque me enrollo demasiado.
Hasta la semana que viene, mis queridos anglófilos.
Otras Columnas por Josep Gálvez:
