Cerca de 30 pisos de nueva construcción del madrileño barrio de Carabanchel se han visto okupados en las últimas semanas. En concreto, en una urbanización del PAU de Carabanchel, en la calle Excelente, donde el resto de vecinos están atemorizados de ser las próximas víctimas de esta práctica, cada vez más habitual.
Así pues, 30 de las cerca de 160 viviendas de la urbanización se encuentran actualmente okupadas por familias peruanas. Familias que pagaron entre 2.000 y 3.000 euros por estas casas a estrenar a una supuesta mafia, que se puso en contacto con estas familias vulnerables para conseguir «inquilinos».
Ello, no sólo cambiando las cerraduras de las viviendas usurpadas ilícitamente, sino también llegando a poner un conserje de la mafia a disposición de estas familias.
Una situación que no ha pasado desapercibida. Ni para los vecinos, preocupados por esta situación, ni para los políticos.
«Esto es una cuestión, en primer lugar, para todos aquellos que dicen que en España no existe un problema de okupación», destacaba ante esta situación de Carabanchel el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Una okupación en Carabanchel que saldrá «barata»
Okupación en Carabanchel que tendrá consecuencias. Sin embargo, no serán tan altas como podrían esperarse, vista la relevancia de los actos, y los fuertes enfrentamientos que se han producido.
«Los autores de la ocupación ilegal seguramente se enfrenten a un delito de usurpación», asegura a Confilegal el abogado penalista Alejandro Bellanco, de ONTIER.
Un delito castigado con una multa de 3 a 6 meses. Y que, además, contempla tanto la autoría de «quienes idearon el plan de la okupación, como las familias que okupan de facto las viviendas».
Actos en los que también cabría la posibilidad de un «delito de allanamiento de morada, castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años«. Algo que, para el abogado, no será adecuado. «Aunque las viviendas hayan sido ya adquiridas por sus propietarios, estos no habían establecido en dichas viviendas su morada, lo que descarta una afección al bien jurídico protegido esencial del delito de allanamiento, que es la intimidad», asegura.
Situación en la que los actuales inquilinos de Carabanchel, las familias peruanas, «No podrían reclamar ningún derecho sobre la vivienda bajo ningún concepto«. Ello, ni siquiera en el supuesto de «haber firmado el contrato inicial de buena fe».
Eso sí, estas familias sí podrían recuperar los pagos realizados. Y para ello, «deberían iniciar un procedimiento judicial en vía penal por un delito de estafa, o bien en vía civil. De demostrarse que concurren los presupuestos del delito o los que exija la jurisdicción civil, sí podrían reclamar el dinero», asegura.
Los propietarios tardarán en recuperar los inmuebles okupados
Sin embargo, los propietarios de los inmuebles no lo tienen todo perdido. Y es que, tal y como confirma el abogado penalista, estos dueños «pueden interponer las correspondientes acciones penales o civiles correspondientes».
«En caso de querer iniciar un procedimiento penal, pueden acudir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además de al Juzgado competente. Esto les permitiría que, además de las medidas cautelares que se soliciten ante el Juez, la policía pueda expulsar a los ocupantes», explica.
Una expulsión de estos inquilinos ilegales que, para Bellanco, no sólo es posible, sino también imperativo. Ello, «pues se está cometiendo un delito flagrante de usurpación mientras permanezcan en la vivienda».
Batalla por recuperar estos 30 pisos que no se resolverá en un breve espacio de tiempo.
«El tiempo que se necesitaría para la recuperación de las viviendas es variable y depende de que se soliciten —y estimen— medidas cautelares en el juzgado, del tipo del procedimiento que se inicie y de la velocidad del juzgado en el que recaiga. Si hubiese un juicio por usurpación, y a falta de implementación efectiva de la nueva legislación, sería improbable que las viviendas se recuperasen hasta, como pronto, mediados del año en curso«, lamenta el abogado.
