Y lo han hecho con el aparente visto bueno de la policía local de Alguazas, una localidad de 10.000 habitantes de la Vega Media del Segura.
Se ha logrado «un hito poco común: ha conseguido echar a casi 100 okupas de sus viviendas sin intervención judicial, sin burocracia interminable y, sobre todo, sin enfrentamientos. ¿Cómo lo han hecho? Con una idea tan simple que sorprende: tapiando las puertas de las casas okupadas», dice una información publicada por la COPE.
«Sí, tal como suena. En cuanto los okupas abandonan momentáneamente la vivienda —ya sea para ir a comprar o para cualquier otra actividad—, se activa un protocolo conjunto entre los propietarios, vecinos y autoridades locales. Primero se cortan la luz y el agua. Después, se retira la puerta de entrada y, acto seguido, se levanta un muro de ladrillo en su lugar. Resultado: los okupas no pueden volver a entrar», añade.
La clave, asegura, está en la velocidad de respuesta. El margen de acción se reduce al instante en que la vivienda queda vacía. Al actuar con rapidez, evitan que la ocupación derive en una situación jurídicamente más compleja.
El propio efecto disuasorio ha hecho que nuevas tentativas de okupación desaparezcan del municipio: el mensaje es claro, aquí no se tolera.
Desde el punto de vista jurídico, dicen que la actuación se mantiene dentro de los márgenes legales siempre que se respete una condición esencial: que no haya una situación protegida por resolución judicial —como ocurre en casos de vulnerabilidad social reconocida— y que el inmueble se recupere sin incurrir en delitos como el allanamiento de morada (art. 202 del Código Penal) o el uso de la violencia.
Lo que han hecho en Alguazas es aplicar el principio de «legítima recuperación de la posesión», amparado en el hecho de que la okupación no genera derechos frente al propietario si no hay título ni consentimiento, y mucho menos cuando se ha abandonado temporalmente el inmueble.
El Ayuntamiento ha reforzado, además, la vigilancia en las zonas sensibles y coordina con la Policía Local para evitar altercados. La implicación ciudadana ha sido clave: los vecinos alertan, colaboran y vigilan, añade la información. El mensaje ha calado: en Alguazas, okupar no compensa.
La iniciativa ha despertado interés fuera del municipio. Otros ayuntamientos de la Región de Murcia —y de comunidades vecinas— ya estudian replicar el modelo. Y no es para menos. Frente a un problema de alcance nacional, Alguazas ofrece una respuesta práctica, asequible y, sobre todo, eficaz.
«Lo que ha ocurrido en Alguazas no es solo una historia de éxito contra la okupación, sino también un ejemplo de cómo una comunidad puede unirse frente a un problema que afecta a todos. Vecinos, propietarios, autoridades locales y fuerzas del orden han colaborado con un objetivo común: recuperar sus barrios y devolver la tranquilidad a sus calles«, subraya la información de la COPE.
«La experiencia demuestra que, con determinación, organización y un poco de ingenio, es posible hacer frente a un problema tan complejo como la okupación. Y, quién sabe, quizás dentro de poco, otros pueblos y ciudades sigan el ejemplo de este rincón murciano donde, literalmente, se han cerrado las puertas a los okupas… con ladrillos y cemento», concluye.
LAS COSAS NO ESTÁN TAN CLARAS
Sin embargo, las cosas no están tan claras como afirma la información. Según fuentes jurídicas consultadas por Confilegal, cortar suministros como luz y agua y bloquear el acceso mediante obras puede encajar claramente en el tipo penal de coacciones previsto en el artículo 172 del Código Penal. “
El problema aquí son las coacciones. Aunque no haya violencia física, impedir el acceso a una vivienda de forma deliberada entra dentro del delito”, señalan estas fuentes.
El hecho de esperar a que los okupas salgan para entonces proceder a tapiar no elimina la ilicitud de la conducta. “Eso es precisamente lo que agrava la situación. El objetivo es evitar que regresen, lo que supone una intromisión directa en el uso del inmueble, aunque la posesión no sea legítima”, indican.
La gravedad del asunto podría ir incluso más allá. En caso de que se tapiara la vivienda con personas aún en su interior, se estaría ante un supuesto claro de detención ilegal, tipificado en el artículo 163 del Código Penal: “Eso ya sería otra liga. Estaríamos hablando de penas de prisión serias. El secuestro de hecho de personas, aunque se realice en el marco de una okupación, no puede justificarse bajo ningún concepto”.
Uno de los aspectos más polémicos de esta actuación es la supuesta participación o connivencia de agentes de la Policía Local en el operativo: “Coadyuvar en una actuación de este tipo podría suponer, para los agentes, responsabilidades penales o disciplinarias, por colaborar en una conducta presuntamente delictiva”.
Aunque el caso de Alguazas se presenta como un ejemplo de eficacia frente a la okupación, las citadas fuentes advierten que no puede considerarse un éxito si vulnera el Estado de Derecho. Porque esta práctica normaliza una forma de justicia por mano propia, lo que supone un grave riesgo desde el punto de vista jurídico y democrático.
El alcalde de Alguazas es José Gabriel García Bernabé, de Unidad X Alguazas (UxA), un partido localista, que obtuvo 5 de los 13 concejales. Gobierna junto con Vox, que tiene 1 concejal. El PSOE obtuvo 4 concejales y el PP, 3.
