La Fiscalía de Madrid avala en un escrito que se investigue a Alberto González Amador en la pieza separada abierta el pasado mes de octubre por la jueza Inmaculada Iglesias para indagar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso incurrió en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal al usar una empresa para ocultar unos ingresos con el Grupo Quirón.
En un escrito, el fiscal pide a la Audiencia Provincial de Madrid que desestime el recurso de la defensa de González Amador, y avale la creación de una pieza separada sobre esta nueva línea de investigación.
El fiscal pone el foco en una operación por la que el empresario compró en 2020 a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL, la empresa Círculo Belleza SL, dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética, por 499.836,92 euros.
Esta sociedad que González Amador compró por medio millón de euros cambió más tarde su nombre y pasó a ser Masterman & Whitaker, empresa que -según las sospechas de la jueza- podría haber utilizado de forma interpuesta y simulada en la facturación de unos servicios a Quirón Prevención SL para conseguir un «ahorro fiscal».
Le parece «muy llamativo» la falta de explicación alguna respecto a lo que parece ser el pago de «una comisión encubierta de medio millón de euros, conducta que es susceptible de constituir un delito de corrupción en los negocios».
Recuerda que la acusación popular solicitó «la apertura de pieza separada» ya que a su parecer existían indicios de la existencia delito fiscal agravado, delito de administración desleal y delito de corrupción en los negocios.
En su contestación al recurso, el fiscal también recuerda que descartó la existencia de delito de administración desleal porque, como la defensa señala en su primera alegación, tanto Maxwell como Masterman son propiedad en su totalidad del investigado González Amador.
Lo que dice la Fiscalía es que «no es una decisión irrazonable» pensar que la compra de la empresa «en realidad encubría el pago encubierto de una comisión ilícita» del que la defensa «no ha dado explicación alguna», y que podría constituir un delito de corrupción en los negocios.
Además subraya que el informe de la Inspección tributaria.consideró «claro» que González Amador buscó «un verdadero ahorro fiscal» al utilizar una sociedad interpuesta -Masterman SL- para emitir facturas por servicios que en realidad prestó su otra empresa -Maxwell Cremona-, y para emitir asimismo «facturas ficticias de gasto».
