El Compliance, o cumplimiento normativo, se ha convertido en la «asignatura pendiente» de muchas empresas. También de partidos políticos y administraciones del Estado. Algo que, actualmente, es un elemento clave en la actual crisis del PSOE, como partido de Gobierno, o del fiscal general del Estado, actualmente imputado.
Los «cambios de opinión», los acuerdos con las formaciones separatistas, o la falta de apoyos para conseguir unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Ello, unido a una fuerte polémica sobre la aparente intervención política en el Poder Judicial.
Éste es el contexto en el que, actualmente, se mueve el PSOE, como formación del Gobierno nacional. Una crisis en la que el Compliance político se ha convertido en un elemento clave para comprender la actualidad política. Ello, comenzando por la elección de los propios candidatos de las formaciones.
«No cabe duda que la idoneidad en la elección del candidato es el pilar esencial del cumplimiento del programa de Compliance», explica la abogada especialista María de la Torre Rodríguez, de GovCom Abogados.
Un cumplimiento que, de no producirse, «difícilmente podremos seguir avanzando en la prevención».
De lo que habla la abogada De la Torre es de la irrupción del Compliance político, un concepto emergente que traslada los principios y herramientas del Compliance corporativo al ámbito político y gubernamental.
Se basa en la implementación de mecanismos de control, prevención y supervisión para garantizar que las instituciones, los partidos políticos y los representantes públicos actúen de acuerdo con la legalidad, la ética y la transparencia, previniendo las malas prácticas y los delitos. No solo reduce riesgos legales y reputacionales, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Brecha de Compliance en el Gobierno
«En mi opinión, de los mayores errores que se está percibiendo de una manera muy clara y muy abierta es las diferentes varas de medir que están teniendo en su gestión interna», explica la abogada a Confilegal
Una falta de gestión interna en la que la separación entre las siglas socialistas y el Gobierno es clave, según María de la Torre. Así, «habría que deslindar su actuación como partido político y su actuación como partido político en el gobierno.
En el primero de los casos llama mucho la atención que diferentes dirigentes socialistas, históricos, han sido expulsados del partido por discrepancias de opinión y sin embargo, frente a acusaciones muy serias de potenciales o presuntas comisiones o tráfico de influencias, etcétera, no se está tomando ninguna acción preventiva, ni se informa acerca de cualquier medida interna de investigación».
«En cuanto al gobierno, es decir el partido político que está en el gobierno, está pasando exactamente lo mismo. En ningún lado se ha puesto de manifiesto se ha informado que procedimiento interno se ha aplicado de investigación para acreditar que los hechos han sido analizados de una forma objetiva», valora.
Realidad que, para la experta, es un error gravísimo dentro de los procedimientos de Compliance. Ello, «para liberar y para proteger al partido político de las acciones individuales que presuntamente hayan podido cometer las personas físicas que desarrollan su actividad con cargos adscritos al partido político».
«Todas las empresas privadas tiene muy claro ya que siempre que preserva la persona jurídica respecto de la conducta que despliega de manera aislada la persona física», compara.
El caso de Álvaro García Ortiz ante la Justicia
Compliance como elemento clave que también sucede en el caso de la polémica que existe actualmente alrededor de la figura del Fiscal General del Estado.
«En este caso, obviamente, nos encontramos ante un supuesto en el que el propio Tribunal Supremo ha declarado su falta de idoneidad. A partir de ahí y con los hechos que estamos conociendo a través de la prensa, el siguiente paso en el programa de Compliance sería establecer si la actuación que ha desarrollado el fiscal general y que está siendo objeto de investigación por parte del Tribunal Supremo ha sido como consecuencia de una actuación a título particular o bien ha sido como consecuencia de una falta de control interno dentro de la Fiscalía del Estado, porque cabe recordar que la Fiscalía tiene su propio estatuto«, establece María de la Torre.
Una situación que, para la abogada, es «una anomalía en la Administración de Justicia que nunca debería haberse producido y que un ‘Compliance Officer’ y un programa de prevención penal, como deberían tener en todos los ámbitos de la administración de justicia, incluida la Fiscalía General del Estado, podría haberlo detectado y corregido».
«Por ejemplo, hemos podido leer que el Fiscal General del Estado declaró ante el Tribunal Supremo la existencia de un protocolo de borrado de mensajes que, al parecer, no existe. No cabe duda que de haber tenido implantado un sistema de prevención penal ese protocolo estaría inventariado y habría certeza de los procedimientos que aplican al Ministerio Fiscal», lamenta.
