Hace unos días el fiscal de Sala del Supremo, Javier Zaragoza, recordaba que «en 200 años de historia del Ministerio Fiscal, jamás un Fiscal General del Estado había sido investigado». Es verdad que la actual situación por la que está pasando Álvaro García Ortiz, encausado por un supuesto delito de revelación de secretos, tiene a tirios y troyanos, dentro de este cuerpo, con el corazón «encogío».
Todos reconocen el daño que esta publicidad le está haciendo a la carrera fiscal.
En estos tiempos de «modernidad líquida», según definición del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, lo que antes era una sociedad estable y estructurada se ha transmutado en otra flexible y en constante transformación, donde todo fluye y nada permanece.
Como pollos sin cabeza, para decirlo con más claridad. Porque eso es lo que ha ocurrido con este caso.
Porque, ¿de verdad nadie en la Fiscalía –y en el Gobierno– se paró a reflexionar un solo minuto cuando recibieron, el 2 de febrero del pasado año, la propuesta del abogado Carlos Neira, representante legal de Alberto González Amador –pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso–, reconociendo de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública?
Lo que proponía Neira fue un acuerdo de conformidad. González Amador aceptaba devolver lo defraudado (350.951 euros), más una multa, para evitar su entrada en prisión.
El 12 de marzo, el fiscal de la causa, Julián Salto, le escribió a Neira para informarle de que había presentado la denuncia en el que hizo alusión al «acuerdo».
A partir de ahí todo se acelera. Las publicaciones de eldiario.es, de El Mundo, La Sexta, Cadena SER precipitaron todo. El fiscal general del Estado, la fiscal provincial de Madrid, el fiscal de la causa, la fiscal superior de Madrid, filtraciones y finalmente el Tribunal Supremo.
GARCÍA ORTIZ SE ENCUENTRA AL BORDE DE UN PRECIPICIO PROFESIONAL
Lo lógico habría sido dejar que las cosas siguieran su cauce natural. Que Salto hubiera cerrado el acuerdo de conformidad con el abogado de González Amador, lo que hubiera desembocado en una sentencia condenatoria pocas semanas después.
El Gobierno, y particularmente el presidente Pedro Sánchez, habrían tenido lo que estaban buscando: metralla mediática contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Y todos contentos, incluyendo García Ortiz.
Como se suele decir, leña al mono que es de goma. Así de fácil.
Pero no, como pollos sin cabeza se optó por la vía de la supuesta filtración, lo que ha devenido en una investigación del Supremo sobre un delito de revelación de secretos.
El fiscal general del Estado, al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. se están viendo, al borde de un precipicio en el que podrían perder hasta sus respectivas carreras profesionales.
Si García Ortiz hubiera dejado fluir la cosa. Si no hubiera movido un dedo podría haber evitado lo que está padeciendo.
Dicen que no hay mayor muestra de sumisión que asumir como propios los enemigos de los «jefes». Cuando eso ocurre se pierde hasta el sentido de la razón. Y ocurren cosas como estas. Sus consecuencias son impredecibles. A las pruebas me remito.
Y todo por no pararse a pensar unos minutos para decidir qué hacer. O qué no hacer, que era lo más recomendable.
Lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad.
