La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha negado ante el magistrado del Tribunal Supremo que le investiga por presunta revelación de secretos haber filtrado información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. También ha defendido que un gran número de personas tuvieron acceso al correo del 2 de febrero de González Amador y que solo los reclamó por órdenes del fiscal general, Álvaro García Ortiz.
Fuentes jurídicas han confirmado que Rodríguez ha asegurado a preguntas de su defensa –a cargo de la Abogacía del Estado– que no facilitó ni los correos ni el expediente tributario sobre González Amador a ninguna persona fuera de la Fiscalía.
La fiscal provincial, que ya compareció ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando éste estaba a cargo de la causa, ha explicado que solo envió información al fiscal general, que ayer miércoles negó también haber filtrado datos sobre este extremo, ha insistido en que estaba obligada a cumplir con la dación de cuentas que fija el Estatuto Fiscal.
Rodríguez, a lo largo de las cerca de dos horas en las que ha declarado, ha incidido en que unas 500 personas tuvieron acceso directo a la denuncia de Fiscalía y al expediente tributario de González Amador a partir del día 5 de marzo; y que al menos 60 personas tuvieron acceso al contenido del correo que el abogado del novio de Díaz Ayuso envió el 2 de febrero a Salto ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo.
Pilar Rodríguez sí contesta al juez
A diferencia del fiscal general, que decidió no contestar al magistrado porque considera que la investigación y el registro en su despacho son nulos, Rodríguez sí ha contestado a las preguntas del instructor. Aunque cabe recordar que también recurrió la decisión del magistrado de autorizar la entrada y registro en su despacho.
Preguntas en las que Pilar Rodríguez asegura que ella sólo «tiene la información que le habían dado Lastra y el FGE». Y que «ella desconocía los correos, nunca los había visto antes de que Salto se los enviara».
«Lo que sabe es que tanto Lastra como FGE indican que informaciones inveraces. Es necesario atajar esas informaciones, dando información veraz a la ciudadanía. Sí se lo requiere con urgencia. Ella no sabe qué estrategias se deben seguir. Si había urgencia, ella no lo cuestiona. No se le dan explicaciones, se le dan instrucciones», aseguraba la fiscal, según ha podido saber Confilegal.
Con todo, la fiscal ha mantenido la línea de García Ortiz de no responder a las acusaciones. La Fiscalía, al igual que ayer miércoles, ha optado por no hacer preguntas este jueves porque, como defendió durante la declaración de García Ortiz, considera que los registros practicados fueron nulos y participar en el interrogatorio sería validar la investigación.
Pilar Rodríguez, además, ha explicado en su declaración que no ha cambiado recientemente de móvil. García Ortiz, este mismo miércoles, aclaró que había utilizado hasta 6 terminales distintos en los últimos 4 años.
Además, preguntada por el protocolo de borrado de información referido por el fiscal general, la fiscal ha aludido también a la instrucción de protección de datos de 2019, señalando, no obstante, que mantener los correos electrónicos imprescindibles es necesario para continuar la labor diaria.
El juez pone el foco en la nota
El magistrado Ángel Hurtado investiga si García Ortiz, Rodríguez o el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, filtraron el correo electrónico que el abogado del novio de Díaz Ayuso envió el 2 de febrero a Salto.
Este jueves, el magistrado –como ya hiciera ayer en el interrogatorio al fiscal general– ha precisado que el objeto de la investigación no solo abarca la filtración de los correos o el expediente de González Amador, sino también la nota de prensa que difundió la Fiscalía, según fuentes presentes en la declaración.
Sobre el contenido de la nota de prensa del Ministerio Público, Rodríguez ha asegurado que no pensó que los datos que contenía fuesen confidenciales y que se limitó a confirmar que lo que la información que recogía correspondía con la de los correos.
«Ella manifestó es que no promovió la redacción de la nota, ni incitó ni participó ni difundió la nota», aseguran fuentes a Confilegal. Una nota que, además, ella «no valida», pero que «lo que ha leído concuerda con el texto de los correos que ha ido recabando. Reitera que sólo cumple las instrucciones del FGE«.
