La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha demostrado en este medio año largo pasado al frente de este Leviatán su talante.
Nada de imposiciones. Hablar, hablar y volver a hablar. Comunicación y confianza. Recuerda mucho, salvando las distancias, la figura de John Marshall, que presidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1801 y 1835.
Porque ese era, precisamente, el secreto del mítico juez estadounidense.
Como se suele decir en nuestros días en términos deportivos, Perelló hace equipo. Una buena prueba de ello fue la reciente elección de los 36 nombramientos por unanimidad. Hacía mucho tiempo que el consenso había dejado de ser realidad en el edificio de la calle del Marqués de la Ensenada.
Ahora toca otro reto mayor si cabe. Desde el nombramiento de este Consejo el órgano de gobierno de los jueces tiene el mandamiento, contenido en la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de elaborar un informe que examine los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español.
Y de producir una propuesta que deberá ser remitida al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para su consideración y posible tramitación legislativa.
Será un día antes de que se cumpla el plazo de seis meses establecido en dicha Disposición adicional, el 6 de febrero.
La mañana del próximo miércoles los 20 vocales –10 progresistas y 10 conservadores– y su presidenta se verán las caras en un Pleno extraordinario con ese cometido: desbloquear la cosa. Y no está tan clara.
La intención de los progresistas es que los 12 vocales jueces sigan siendo nombrados por el Parlamento –6 por el Congreso y 6 por el Senado–, como ha venido haciéndose desde 1985. Desde la sede de la soberanía nacional.
Los segundos reivindican que esos 12 vocales sean elegidos, mediante voto secreto y directo, por los 5.500 jueces y magistrados que conforman la carrera judicial. De la misma forma que se viene haciendo desde hace años con los componentes de la Comisión de Ética Judicial. O como se hizo en el primer Consejo de la historia, el de 1980.
El Tribunal Supremo propuso, el pasado mes de diciembre, informe mediante, que 8 de los 12 vocales fueran nombrados directamente por la carrera judicial. Los conservadores abogan porque no sean 8 sino 10. La cosa quedaría 10 por el Parlamento y 10 por la carrera. Sin vencedores ni vencidos.
De otra forma, sería precisa una mayoría de 3/5 de los 21 votos, es decir, 13, para producir la propuesta que se requiere.
GRUPO DE TRABAJO
Sobre este asunto han venido trabajando, como grupo de trabajo, los vocales Bernardo Fernández Pérez, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Argelia Queralt Jiménez. Pero no se ha producido la fórmula mágica que concite la voluntad unánime de todos.
Eso es el nuevo desafío de la presidenta Perelló. Sobre la mesa el Pleno tendrá el informe elaborado de los servicios técnicos del Consejo y después las dos propuestas de los dos lados, que serán debatidas, si no se produce de aquí a ese día un acuerdo previo.
Los conservadores ya han dado visos de flexibilidad. Admiten que no todos los 12 vocales sean elegidos por la carrera. Pueden ser 10. El Supremo dice que 8. Las posiciones no son irreductibles. Eso es lo que se va a dilucidar el miércoles en la planta primera del número 8 de la calle del marqués de la Ensenada.
Conseguir 8 o 10 ya sería un triunfo. Y un cambio tangible.
Hay que recordar que no es la primera vez que se intenta que la carrera judicial tenga voz en el nombramiento de sus representantes. En 2001 se introdujo un sistema de elección preliminar intermedio.
Los jueces que aspiraban a formar parte del CGPJ podían presentarse de dos formas, propuestos por sus asociaciones o mediante la presentación del 2 % de avales de jueces y magistrados en activo.
Se estableció un máximo de 36 candidatos. Y de esos 36, el Congreso elegía 6 y el Senado otros 6, por una mayoría de 3/5. Es decir, 210 votos, de 350, por el Congreso, y 159 votos de 264, por el Senado.
Estamos en 2025. Con una presidenta en cuya elección no han tenido nada que ver ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición y un ambiente que no se parece a los anteriores. Como en los partidos de fútbol, todo puede pasar. Incluso el «efecto Perelló».
