El grupo progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha alcanzado un acuerdo que pone fin a las tensiones internas abiertas en los últimos meses y permite la recomposición del bloque.
El entendimiento se ha basado en la integración de las distintas sensibilidades existentes en su seno y en el reconocimiento de posiciones diferenciadas, especialmente en lo relativo al apoyo institucional a la presidencia del órgano, Isabel Perelló, por parte del vocal progresista «disidente», Carlos Hugo Preciado.
Según informan fuentes de este grupo, el pacto implica la aceptación de esta postura como parte de la pluralidad interna. Este reconocimiento ha sido la clave para desbloquear las negociaciones y avanzar hacia la perdida cohesión en la actuación del grupo, que vuelve a estar conformado por Inés Herreros, Bernardo Fernández, Ricardo Bodas, Ángel Arozamena, Lucía Avilés, Esther Erice, José Mª Fernández Seijo, Luis Martín. Argelia Queralt y Carlos Hugo Preciado.
Fernández, Queralt y Preciado forman parte de la Comisión Permanente del CGPJ.
Como gesto adicional para facilitar el acuerdo y contribuir al buen funcionamiento de la institución, Preciado ha cedido su puesto en la Comisión de Escuela Judicial a José María Fernández Seijo, también progresista.
Fernández Seijo presentó su renuncia tras el conflicto de octubre pasado, lo que no admitió la presidenta Perelló.
La medida ha sido comunicada y conocida por el conjunto del CGPJ. Responde, insisten las mismas fuentes, a la voluntad expresa del grupo progresista de mejorar el entendimiento y la integración de todos los miembros.
La asunción de la responsabilidad en la Comisión de Escuela por parte de Fernández Seijo es de vital importancia ya que la Escuela Judicial del CGPJ, que tiene su sede en Vallvidriera, Barcelona, debajo del Teleférico, afronta una próxima reforma que obligará a su traslado temporal a la Ciudad de la Justicia, en Hospitalet de Llobregat, población fusionada con la ciudad condal.
En este contexto, esta reorganización interna de la Escuela, marcada por la cobertura de nuevas plazas, pretende asegurar estabilidad y una gestión eficaz de esta etapa.
Fernández Seijo, magistrado de carrera, tiene su destino –suspendido durante los 5 años en los que está siendo vocal– en Barcelona, por lo que sus aportaciones serán decisivas.
El acuerdo alcanzado devuelve al grupo progresista a una situación de relativa normalidad. No obstante, las fuentes consultadas advierten de que su recorrido será limitado en el tiempo, ya que en octubre está prevista la renovación de las comisiones del Consejo, un proceso que podría volver a poner a prueba los equilibrios internos alcanzados.
