Una mujer ha vencido en los tribunales al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ante una reclamación de más de 4.000 euros que casi provoca el embargo de sus cuentas. Un caso que supone un «tirón de orejas» a la administración pública, cuya burocracia es, en ocasiones, una misión imposible para los ciudadanos que deben cumplimentarla, a pesar de sus problemas de salud.
Delia (nombre ficticio) contaba con un subsidio por desempleo desde marzo de 2022, fecha en la que el SEPE dictaba la resolución de reconocimiento de esta ayuda. Un subsidio que, además, estaba marcado por el hecho de que la mujer tenía dos hijos a su cargo, siendo madre soltera.
Algo que la propia mujer demostraba ante la administración pública en febrero de 2022. Ello, aportando los convenios reguladores con los progenitores de sus hijos, y volante colectivo de empadronamiento.
Una situación que cambiaba radicalmente en julio de 2023. Momento en el que el SEPE exigía nuevamente los documentos ya acreditados anteriormente a la mujer. Una solicitud burocrática que Delia no pudo cumplimentar en tiempo por razones médicas.
«La cliente justo tenía problemas de salud, y se tuvo que operar. Presentó un manuscrito explicando que no estaba en condiciones de reunir la documentación», explica a Confilegal el abogado de Delia, Ignacio Palomar Ruiz, socio director de Servilegal Abogados.
Dificultades médicas a las que se unía el hecho de que la mujer tuvo problemas de acceso al correo, «debido a una orden de desalojo del Ayuntamiento de Soto del Real» de la vivienda habitual de la madre y sus dos hijos.
Falta de «papeleo» que llevaba al SEPE a retirarle el subsidio a la mujer. Ello, por no quedar «debidamente acreditado que tenga responsabilidades familiares».
Un precedente ante las «injusticias» del SEPE
Negación del subsidio por parte de la administración pública de la mujer que el SEPE acompañaba de la exigencia de que Delia procediera a la devolución de más de 4.600 euros por las prestaciones recibidas. Una cuestión que la mujer llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Social nº 24 de Madrid.
«En el expediente ya constan las explicaciones de la demandante que le impidieron aportar la documentación requerida. Se justificó médicamente, y por razón de orden público, la imposibilidad de hacerlo en plazo y forma», destaca el magistrado Jacob Jiménez Gentil en su sentencia 42/2025.
Algo que supone, para el magistrado madrileño, la estimación de la demanda, debido a que la resolución impugnada «no se ajusta a Derecho». Y así, anular la decisión del SEPE frente a Delia. Tanto en la revocación del subsidio, como de la devolución exigida de 4.604 euros.
«Esta sentencia sienta un precedente importante» asegura Palomar Ruiz a Confilegal. «No podemos permitir que las administraciones tomen decisiones arbitrarias que afectan a los ciudadanos sin un fundamento legal sólido. Hemos conseguido revertir una injusticia. Y asegurar que esta madre no sea castigada por errores burocráticos».
Un «tirón de orejas», afirma el letrado, a la administración pública, que «sienta un precedente para otros ciudadanos que puedan estar en una situación similar».
«Refuerza la necesidad de un mayor control sobre las decisiones del SEPE para evitar revocaciones injustas» asegura. Y con ello, garantizar una mayor protección de los ciudadanos más vulnerables.
