El acuerdo saltó por los aires ayer a las 20 horas. Los 36 nombramientos que, al parecer, habían quedado cerrados a las 14 horas, en la misma línea de los 36 del pasado 29 de enero, es decir, por unanimidad, saltaron por los aires.
El último contacto entre los cuatro miembros que componen el grupo negociador –José María Fernández Seijo y Esther Erice Martínez, por los progresistas, y José Antonio Montero Fernández y Alejandro Abascal Junquera, por los conservadores– dejó claro que esta vez no habría fumata blanca como entonces.
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El «freno» a este acuerdo ha procedido del ala de la izquierda del Consejo General del Poder Judicial que, a última hora, consideraron que el «cocido» no estaba en su punto. Lo que supone un revés para la presidenta de la institución, Isabel Perelló, cuya implicación personal en estos acuerdos es conocida.
Desde el lado conservador atribuyen la ruptura del acuerdo a las consignas que, desde la sede del Ministerio de Justicia, se han lanzado. Perelló, por una parte, no era la favorita de Félix Bolaños para ocupar la doble presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo, y, por otra, no gusta su defensa cerrada de la carrera judicial.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que todos estos nombramientos tienen que hacerse por una mayoría cualificada de 3/5 de los votos de los 21 miembros del Pleno del órgano de gobierno de los jueces, es decir, 13.
El grupo progresista cuenta con 10 votos y el conservador con otros 10. Además está el voto de la presidenta.
Por lo que es improbable que se llegue a ningún acuerdo para el nombramiento de los 36 altos cargos en el Pleno previsto para hoy. La matemática no da. Lo que sí sería posible, explican fuentes consultadas, es que salgan los ocho nombramientos militares previstos.
Con esa matemática es imposible que se aprueben las propuestas para cubrir la Presidencia de la Audiencia Nacional, y las presidencias de sus salas de lo Penal, de Apelaciones, de lo Social y de lo Contencioso.
Como tampoco es posible que salgan los nombramientos de las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco, y Cataluña. Ni las presidencias de las salas de lo Contencioso-Administrativo de 6 TSJ, y las de lo. Social de 2. Así como las presidencias de 18 Audiencias Provinciales.
En esta tanda no entraban las presidencias de las Salas de lo Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social.
