La Abogacía se ofrece a las instituciones europeas para preservar el Estado de Derecho y la legalidad internacional
Foto del Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, con su presidente, Salvador González en el centro de la imagen.

La Abogacía se ofrece a las instituciones europeas para preservar el Estado de Derecho y la legalidad internacional

21 / 02 / 2025 12:00

Actualizado el 21 / 02 / 2025 12:05

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado esta mañana una declaración en la que ofrece su colaboración a las instituciones europeas al tiempo que les insta a defender con contundencia “el Estado de Derecho, la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales”.

Unos valores, que «constituyen el pilar de nuestras democracias y la base sobre la que se asienta el orden internacional establecido consensuadamente tras la II Guerra Mundial».

Recuerdan, sin citar a ningún país, que «la integridad territorial de países europeos y de otras regiones del planeta, así como la paz y la estabilidad mundiales,
debe estar sujeta al derecho internacional y a la jurisprudencia de las instituciones judiciales de las que la comunidad de países soberanos se ha dotado voluntariamente».

Con la citada declaración, los representantes de los 250.000 colegiados censados en España requieren a las instituciones comunitarias para que, en los tiempos de «zozobra internacional» en que vivimos, refuercen “su compromiso con la defensa del estado de derecho y la independencia judicial”.

Asimismo, la declaración institucional del Consejo alude a la necesidad de “fortalecer la cooperación internacional en materia de justicia, respaldando la labor de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia” y a “Impulsar un diálogo diplomático y jurídico con sus socios internacionales estratégicos para preservar el multilateralismo y el orden basado en normas”.

Los consejeros de la Abogacía Española sostienen en la declaración la imperiosa necesidad de “proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía ante la aplicación extraterritorial de normativas que puedan vulnerar sus garantías”, así como de a “garantizar la protección de colectivos vulnerables y el impulso de la igualdad real, evitando cualquier retroceso en materia de derechos humanos”.

Igualmente, ante las críticas recientes a los medios de comunicación, el Pleno de la Abogacía ha querido mostrar su apoyo a la prensa y a la defensa de la libertad de expresión.

En este sentido subrayan que «rechazamos los ataques a medios de comunicación o a periodistas y profesionales de la información por el desempeño de su labor. La pluralidad informativa y el acceso a una prensa libre y veraz constituyen pilares esenciales de la democracia».

Ley de Eficiencia y avances en la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

En otro orden de asuntos, la Abogacía también ha dado a conocer la estupenda acogida que ha tenido entre los colegiados el ciclo de formación sobre la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que el Consejo General coorganiza junto al Poder Judicial y al que ya se han apuntado miles de colegiados.

Asimismo, las diferentes comisiones implicadas han expuesto que continúa avanzando el diálogo con el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre la elaboración de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Consejo está involucrando a los mejores expertos en el mundo de la abogacía para la que realizan sus aportaciones, tanto a la idea de un modelo mejorado como sobre aspecto técnicos que deben ser corregidos para mejorar el funcionamiento del servicio.

En defensa de los mutualistas

A lo largo de la sesión, también se ha informado de los requerimientos remitidos por el Consejo General en el día de ayer a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para que promuevan las acciones que hagan posible la tramitación urgente de la ley que solucione los problemas de los mutualistas.

La proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista tiene que ser incluida en el orden del día del pleno del Congreso para que, después de ser tomada en consideración, pueda iniciar el trámite de enmiendas.

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