El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en el Congreso limitar la figura de la acusación popular como impulsa el Gobierno porque esta es «un nido de ultras» que sirve para filtrar documentos, filtrar vídeos y hostigar políticos progresistas, familiares o humoristas.
«Esto es la acusación popular hoy y hay que regularla», y ha asegurado que tanto el Tribunal Supremo «decían que hay que regularla […]. Hay sentencias donde han instado al poder legislativo a que se reforme la acusación popular». Así llo ha asegurado el ministro Bolaños durante su comparecencia en la Comisión de Justicia en respuesta a varios portavoces que han cuestionado esta medida, del PP hasta Sumar.
De hecho, desde Sumar, el socio minoritario del Gobierno, Enrique Santiago le ha avisado de que sería un «error» porque es una herramienta que, entre otros episodios, sirvió para perseguir «la corrupción del PP».
El PSOE registró el pasado enero una proposición de ley que prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos.
La acusación popular no puede servir para denigrar a personas
En su intervención durante una comparecencia, Bolaños ha reiterado la defensa de esa reforma y ha recalcado que esta figura, «con carácter general», es «una feria de ultras» que solo sirve para castigar, hostigar y acosar a personas progresistas, funcionarios públicos, políticos y periodistas.
«La acusación popular no puede servir para denigrar a personas, para presentar denuncias absolutamente falsas, basadas en recortes de periódicos, de noticias igualmente falsas», ha aseverado.
Ha criticado que por culpa de este «abuso evidente» de la figura «continuamente se filtran documentos» antes incluso de que los tengan las partes.
En cualquier caso, ha precisado que él no está en contra de la acusación popular, sino que quiere regularla «para que tenga un rol diferente al actual», como ya pidió el PP en 2017, «aunque por diferentes motivos», ha puntualizado.
A preguntas de los diputados, ha normalizado el ejercicio de la acusación por parte del PSOE en la investigación por la gestión de la dana, ya que ha explicado que hoy en día está vigente el actual marco: «que alguien ejerza un derecho no debe sorprender a nadie», ha manifestado.
