El comisario de Justicia y Estado de derecho de la Comisión Europea, Michael McGrath, ha reiterado en una respuesta parlamentaria al Partido Popular la preocupación en la judicatura española por los ataques en declaraciones de políticos, incluido desde el Gobierno, contra el poder judicial y ha avisado del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sentencias.
De este modo, McGrath recupera el análisis que el Ejecutivo comunitario ya incluyó en su último informa sobre la salud democrática de los Estados miembro publicado el pasado julio y en el que, en el caso de España, recogió que «algunas partes interesadas habían expresado su preocupación por las declaraciones públicas de políticos en las que estos criticaban el poder judicial».
El poder judicial debe gozar de la confianza pública
En este contexto, recuerda el comisario en su respuesta al eurodiputado del PP Adrián Vázquez, «la Comisión recordó que, de acuerdo con las normas europeas, si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, el poder judicial debe gozar de la confianza pública para poder desempeñar su labor correctamente, habida cuenta de su especial papel en la sociedad».
«Esto es especialmente importante en lo que respecta a las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial», continúa el dictamen del Ejecutivo comunitario.
En todo caso, el comisario apunta que «no es ésta una cuestión que afecte sólo a España» y que así ha quedado recogido en el informe anual sobre el Estado de derecho de julio que recuerda estas normas «en situaciones comparables en otros Estados miembros».
La jefa de la delegación del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha celebrado en un comunicado la respuesta del comisario en tanto que considera que «percibe el gravísimo e inaceptable ataque del Gobierno contra los jueces» con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «busca esquivar las responsabilidades por los escándalos de corrupción que salpican a su entorno».
