El juez del Tribunal Supremo que investiga por presunta revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado prorrogar por seis meses la instrucción dado que al desaparecer la información que se buscaba en el registro del despacho se ha tenido que desplegar una investigación tecnológica de «no poca complejidad», que ha derivado incluso en solicitar comisiones rogatorias a Irlanda.
Esta investigación está relacionada con la filtración a la prensa de datos reservados sobre el expediente por fraude tributario abierto al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
«Durante la práctica de la diligencia de entrada y registro realizada el 30 de octubre de 2024 en el despacho del investigado, Álvaro García Ortiz, se contó con su total colaboración, las diligencias practicadas han puesto de relieve que ha sido inexistente en orden al esclarecimiento de los hechos, por cuanto que, al haber hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos, ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad», resalta el magistrado Ángel Hurtado en un auto.
El juez recuerda que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de acordar prórrogas sucesivas a la inicial de un año si no es previsible finalizar en ese año la investigación, lo que entiende que sucede en la causa.
Añade que la prórroga es necesaria dado que se está a la espera del resultado de esas comisiones rogatorias «cuya respuesta es previsible que no llegue con anterioridad al próximo 24 de marzo de 2025», y dado que «a resultas de lo que ellas aporten, pudiera ser necesario la práctica de alguna otra diligencia de investigación más».
El plazo de este caso por presunta revelación de secretos al fiscal general se computará a partir del referido 24 de marzo de 2025.
