La Fiscalía dice que esta querella no aporta hechos nuevos ni pruebas adicionales que justifiquen la reapertura del caso. Foto: EP.
La Fiscalía pide el archivo de la querella contra Juan Carlos I por delitos fiscales interpuesta por 12 personas
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06/3/2025 05:45
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Actualizado: 06/3/2025 08:22
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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la querella presentada contra el rey emérito Juan Carlos I por cinco presuntos delitos fiscales.
La denuncia fue impulsada el pasado noviembre por los magistrados jubilados José Antonio Martín Pallín (del Tribunal Supremo) y Clemente Auger, los fiscales jubilados anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, los juristas Javier Pérez Royo y Joaquín Pablo Urías Martínez, el abogado Eduardo Ranz, los periodistas María del Pilar del Río y Miguel Mora, los filósofos Santiago Alba y Josep Ramoneda y la profesora de derecho constitucional Blanca Rodríguez Ruiz.
En su respuesta, el Ministerio Público recuerda que ya investigó al exmonarca en dos ocasiones, en junio y noviembre de 2020, y que tras un análisis exhaustivo, archivó las diligencias el 2 de marzo de 2022.
Ahora, sostiene que la querella no aporta hechos nuevos ni pruebas adicionales que justifiquen reabrir el caso.
Según la Fiscalía, en su investigación de 2020 ya concluyó que no había base legal para ejercer acciones penales contra Juan Carlos I, ya fuera por falta de indicios incriminatorios, prescripción de los delitos, inviolabilidad del Jefe del Estado o regularización fiscal. Además, recalca que su actuación permitió recuperar más de 5 millones de euros para las arcas públicas, cantidad que el exmonarca abonó en concepto de impuestos pendientes, recargos e intereses de demora.
Sobre las segundas diligencias de investigación, la Fiscalía sostiene que no hay pruebas de que Juan Carlos I haya controlado o recibido fondos del trust JRM 2004 entre 2004 y 2021.
También subraya que, incluso después de su abdicación en junio de 2014 —cuando dejó de ser inviolable ante la justicia—, los movimientos de ese trust no alcanzaron el umbral para ser considerados delito fiscal, y en todo caso, no hay evidencia de que el dinero acabara en manos del exmonarca.
Los argumentos de los querellantes
Cuando las 12 personalidades interpusieron la querella argumentaron que los delitos fiscales cometidos entre 2014 y 2018 no habían prescrito y que la Fiscalía informó a Juan Carlos I de que estaba siendo investigado por posibles infracciones tributarias.
Según su versión, cuando el Ministerio Público notificó la apertura de diligencias, no disponía de todos los datos que confirmarían una posible infracción fiscal, ya que esta información solo puede obtenerse una vez finalizado un expediente sancionador de la Agencia Tributaria.
Por ello, los querellantes solicitaron que Juan Carlos I declarara ante el tribunal y que también comparecieran testigos clave, como su primo Álvaro de Orleans-Borbón y los gestores financieros Arturo Fasana y Dante Canónica, además de representantes de empresas vinculadas al caso.
Finalmente, justificaron su querella en la defensa del interés general, argumentando que los presuntos delitos no solo afectarían a la Hacienda Pública, sino que también vulnerarían los principios de igualdad y solidaridad, así como las obligaciones legales y éticas exigibles a figuras con relevancia constitucional, como la Jefatura del Estado.
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