La disputa sobre la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig, todos líderes del ‘procés’ centró este lunes una vista clave en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en función de Sala de Apelación.
La defensa del expresidente catalán, representada por Gonzalo Boye, insistió en que el órgano competente para decidir no es la Sala Segunda del Supremo, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ), al ser Puigdemont diputado del Parlamento autonómico catalán.
“El juez natural en este caso es el TSJ”, subrayó Boye, respaldado por el abogado de Lluís Puig, Jaume Alonso Cuevillas, quien calificó de “arbitraria” la negativa a aplicar la norma.
El debate surge tras la decisión del magistrado instructor de la causa del «procés», Pablo Llarena, de excluir a Puigdemont, Toni Comín y Puig de la amnistía por malversación, argumentando un supuesto daño a fondos europeos.
Las defensas, sin embargo, rechazan esta interpretación: “Los recursos del 1-O no provenían de la UE, sino de la Generalitat”, recordó Boye, citando el voto particular de la magistrada Ana Ferrer para respaldar su postura.
LA TENIENTE FISCAL: «ES SORPRENDENTE VINCULAR LA MALVERSACIÓN A INTERESES ECONÓMICOS»
La Fiscalía, por su parte, respaldó la amnistía, al considerar que los hechos no perseguían un “beneficio patrimonial” personal, como sostuvo Llarena. “Es sorprendente vincular la malversación a intereses económicos”, señaló la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, quien también desestimó el argumento del “daño a la UE” al no existir uso de fondos comunitarios.
La Abogacía del Estado secundó estos planteamientos, pidiendo al tribunal que estime los recursos.
En cambio, Vox defendió la decisión de Llarena y criticó los argumentos independentistas. “Un acto ilícito no puede ampararse en una ley de amnistía”, afirmó Marta Castro, representante de Vox, recordando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las “leyes de desconexión” como precedente.
La Sala de Apelación, integrada por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo, deberá resolver si el Supremo es competente para aplicar la amnistía o si, como reclaman las defensas, corresponde al TSJ catalán.
Mientras, el caso de Marta Rovira —acusada de desobediencia— también se debate: su letrado, Íñigo Iruin, coincidió en que el Supremo no es el órgano adecuado sino la Audiencia Provincial de Barcelona.
