La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 366/2024, que delegaba al País Vasco la autoridad sobre la homologación y equivalencia de títulos universitarios. Esta decisión responde a los recursos conjuntos interpuestos por Unión Profesional y los Consejos Generales, integrantes de la asociación, en defensa de mantener estas competencias a nivel estatal.
Tomás Cobo, presidente de Unión Profesional, celebra esta sentencia que “reconoce el derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de igual garantía en la prestación de los servicios profesionales, independientemente de la comunidad autónoma en la que se presten”.
La organización de profesiones colegiadas expresó su «profunda preocupación y rechazo» a la ley publicada en el BOE el 19 de abril de 2024.
En su recurso de junio, argumentó que, por primera vez, una norma transfiere funciones reservadas al Estado a una Comunidad Autónoma en una área crucial para el ejercicio de las profesiones colegiadas.
Advierten que esta medida, aplicable a nivel nacional, compromete las homologaciones de títulos universitarios extranjeros al minar los estándares de exigencia y competencia profesional necesarios.
La sentencia del Tribunal Supremo recoge la jurisprudencia sobre la materia, llegando a la conclusión de que, tal y como indica el artículo 149.1.30ª de la Constitución, el Estado tiene atribuida “la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales”, competencia “estrechamente ligada al principio de igualdad proclamado por el artículo 139.1 de la Constitución y al ejercicio de las profesiones tituladas”.
Debido a estos argumentos, el máximo órgano judicial ha anulado el Real Decreto 366/2024, que transfería al País Vasco competencias estatales sobre la homologación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros.
El fallo, motivado por los argumentos presentados, sostiene que la regulación y verificación de los niveles formativos deben ser competencia exclusiva del Estado.
