La exclusión de Vigo como sede del Mundial 2030 ha desencadenado una nueva tormenta sobre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una institución que, desde hace años, arrastra una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas.
El detonante ha sido la revelación de El Mundo sobre la manipulación en el proceso de selección de sedes, lo que ha llevado al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, a exigir explicaciones públicas al presidente de la RFEF, Rafael Louzán.
“Vigo se cayó de la lista 48 horas después de que Louzán tuviera el listado”, denunció Caballero, aludiendo al correo electrónico en el que María Tato, responsable de la candidatura, garantizaba que la ciudad contaba con el respaldo del Gobierno.
Más allá del agravio local, lo que ha salido a la luz es un modus operandi opaco y presuntamente arbitrario en el seno de la Federación.
“Vamos a meter valores hasta que nos cuadre el resultado”, dice Tato en una grabación de una reunión técnica revelada por el mismo medio, frase que el propio alcalde ha calificado de “extrema gravedad”.
En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿no ha llegado ya el momento de que la RFEF adopte mecanismos reales de control, rendición de cuentas y transparencia? La respuesta parece haber llegado, precisamente, desde el mundo jurídico.
Los colegios de la Abogacía de Barcelona, Madrid y Málaga presentaron en mayo del año pasado el “Decálogo para la Transparencia en el Deporte”, un documento elaborado por sus institutos de investigación e innovación jurídica, junto con las Secciones de Derecho Deportivo del ICAB y del ICAM.
La propuesta tenía un objetivo claro: regenerar el deporte español desde dentro, incorporando la transparencia como principio rector en su estructura, gobernanza y toma de decisiones.
TRANSPARENCIA COMO EJE FUNDAMENTAL
El decálogo proponía diez medidas concretas, entre ellas: reconocer normativamente la transparencia como eje fundamental; reforzar los controles sobre el Consejo Superior de Deportes; establecer un canal de denuncias eficaz; limitar mandatos y regular las retribuciones de las presidencias; reformar el régimen electoral de las federaciones para hacerlo más democrático; e impulsar portales de transparencia con datos accesibles y sistematizados.
Javier Orduña, exmagistrado del Supremo y coordinador del documento, fue claro: “La transparencia es el único antídoto frente a la opacidad estructural que lastra el deporte español”.
A su juicio, solo con medidas como estas puede recuperarse la confianza pública y garantizar una verdadera rendición de cuentas.
La situación de la RFEF ilustra con crudeza esa necesidad. Como recordó Enrique Arnaldo Benzo, presidente de la Sección de Derecho Deportivo del ICAM, la figura del Compliance Officer ya existe en el deporte, pero su aplicación real es prácticamente nula. No ha habido, hasta ahora, una voluntad de regeneración auténtica.
El escándalo de Vigo, con grabaciones y correos que evidencian prácticas irregulares en un proceso de selección que debería ser riguroso, ejemplar y auditable, pone de relieve esa urgencia.
La imagen internacional de España como anfitriona del Mundial 2030 está en juego, pero más aún lo está la credibilidad de sus instituciones deportivas.
Como ha dicho el alcalde Caballero, “esto tiene un efecto negativo sobre la marca España en todo el mundo”. Y como han advertido desde la abogacía, la única salida pasa por incorporar los valores de transparencia y honestidad que el deporte predica, pero que sus estructuras dirigentes aún no practican.
La pelota, ahora, está en el tejado de la RFEF.
