La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 15 años y medio de prisión para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, además del pago de 966.000 euros en multas y una indemnización solidaria de 4,5 millones de euros por el perjuicio económico causado a la Federación.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público atribuye a Villar y a su entonces vicepresidente económico, Juan Antonio Padrón, haber favorecido “a personas físicas y jurídicas de su entorno” entre 2007 y 2017, valiéndose de sus cargos en la RFEF.
Según Anticorrupción, ambos firmaron contratos en condiciones lesivas para la Federación o autorizaron pagos sin justificación o con contraprestaciones muy inferiores a lo abonado.
El resultado, según el cálculo de la Fiscalía, fue un quebranto económico de al menos 3,83 millones de euros para la Federación, mientras que Gorka Villar y su empresa habrían obtenido ingresos por valor de 366.583 euros.
A esto se suman retribuciones indebidas, entre ellas las percibidas por la acusada Adoración de Pedro, por valor de 684.441 euros, por servicios no prestados o sin relación con lo abonado.
En total, el perjuicio estimado asciende a 4.514.441 euros, cantidad que Anticorrupción reclama como indemnización.
El origen de la causa
La causa arranca con la denuncia presentada en enero de 2017 por Jorge Juan Pérez Arias, exsecretario general de la RFEF. En ella se apuntaban posibles delitos cometidos por Gorka Villar, hijo de Ángel María Villar, en la organización de partidos amistosos de la Selección Española de Fútbol.
La investigación, iniciada ese mismo año, dio lugar a diversas detenciones —incluida la de Ángel María Villar— y a una instrucción que ha desvelado un complejo entramado de decisiones arbitrarias, contratos opacos y pagos injustificados.
Entre 2007 y 2017, Villar, en su calidad de presidente, y Juan Antonio Padrón, como vicepresidente económico, tomaron decisiones que favorecieron a personas y sociedades de su confianza.
Una de las prácticas más relevantes fue la organización de partidos internacionales bajo condiciones desfavorables para la Federación, pero convenientes para Gorka Villar, quien, sin tener vinculación formal con la RFEF, seleccionaba rivales y negociaba condiciones económicas a través de su empresa, Sport Advisers SL.
La Fiscalía detalla que, gracias a esta operativa, Gorka Villar firmó contratos de asesoramiento con las federaciones de Corea del Sur, Chile, Venezuela, Perú y Colombia, obteniendo ingresos por 366.583 euros. A cambio, la RFEF dejó de percibir cantidades mucho mayores: en algunos casos, hasta 1,6 millones de euros por partido, como ocurrió con Chile en 2013
