El Pleno del Tribunal Constitucional ha empezado a debatir un asunto delicado: ¿puede un juez español cuestionar en Europa una sentencia del propio TC elevando una cuestión prejudicial?
El presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha planteado a sus compañeros el conflicto abierto tras la intención de la Audiencia Provincial de Sevilla de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al considerar que el Constitucional se excedió al anular las condenas por el caso de los ERE, entre las que se incluyen las de los expresidentes andaluces Manuel Cháves y José Antonio Griñán.
Según fuentes del propio tribunal, no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. La sesión ha tenido carácter exploratorio y ha servido únicamente para recabar la opinión de los magistrados sobre este complejo encaje entre el Derecho constitucional nacional y el Derecho de la Unión Europea.
Este debate cobra especial relevancia tras la reciente jurisprudencia del TJUE, en particular las sentencias Eurobox Promotion (C-357/19), C-430/21 y C-792/22, que avalan que los jueces de los Estados miembros puedan inaplicar resoluciones de sus tribunales constitucionales si estas son incompatibles con el Derecho de la Unión, incluso durante la ejecución de dichas decisiones.
El principio de primacía del Derecho europeo, recordó el TJUE, obliga a garantizar el efecto útil de las normas de la Unión, sin excepciones por jerarquía interna.
Asimismo, desde el Constitucional se ha desmentido que el presidente del TC, Conde-Pumpido, haya encargado informe alguno a los letrados de la institución sobre esta materia.
El asunto, por tanto, sigue en una fase preliminar y de reflexión interna, aunque con visos de convertirse en uno de los focos de atención jurídica más relevantes en el futuro inmediato.
El debate no es menor: está en juego la relación entre la jurisdicción constitucional nacional y el orden jurídico europeo, y, en última instancia, el equilibrio de poderes entre jueces ordinarios y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos y principios consagrados por la Unión.
