La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una nueva providencia en la que marca tres días de abril y mayo, para deliberar si plantea finalmente o no una cuestión prejudicial sobre el caso ERE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras las sentencias del Tribunal Constitucional y su aplicación.
Así reza en esta nueva providencia emitida por la Audiencia sevillana, que recientemente habilitaba un plazo de diez días, para que las partes del procedimiento judicial informasen al respecto.
En concreto, el tribunal fija los próximos días 24 y 29 de abril y 13 de mayo, para celebrar dicha «deliberación» y tomar una decisión al respecto, según figura en esta nueva providencia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La decisión de deliberar desde el próximo jueves se produce después de que la Audiencia cuestionara en una providencia anterior que el amparo concedido por la corte española de garantías (TC) a condenados del caso ERE como los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves fuera del todo compatible con el Derecho de la Unión Europea.
La Sección Primera pidió por ello opinión a las partes personadas -Fiscalía, acusaciones del PP y Manos Limpias y defensas- sobre si el Constitucional se extralimitó e invadió ámbitos reservados a los jueces, y planteó la posibilidad de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Este movimiento de la Audiencia llevó al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a abrir el debate sobre si el tribunal sevillano podía acudir al TJUE, para lo cual pidió que se remita la providencia, algo que no gustó en Sevilla.
Según el presidente del TC, permitir que una instancia judicial nacional eleve una cuestión prejudicial tras una sentencia firme del TC supone abrir la puerta a que el TJUE se convierta en una especie de “quinta instancia” judicial, lo que vulneraría el principio de seguridad jurídica y socavaría el valor de cosa juzgada que debe tener cualquier resolución del máximo intérprete de la Constitución.
La discusión partía del citado caso de los ERE, cuya Audiencia Provincial en Sevilla se planteaba acudir a la justicia europea tras la anulación por el TC de varias condenas, y se extendía también a un reciente caso similar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que afecta a Cabify.
Lo cierto es que, hasta ahora, las cuestiones prejudiciales ante el TJUE se plantean, normalmente, antes de que se haya dictado sentencia firme; no, después (como es el caso), pues su función es la de resolver dudas interpretativas sobre el Derecho europeo que pueden afectar al fallo del juez nacional.
Con todo, a medida que iban pasando los días, se acumularon hasta cinco informes internos de letrados adscritos a magistrados progresistas y conservadores del TC que coincidían en que no se puede impedir al tribunal andaluz acudir a la Justicia europea.
Ante dicha situación, Conde-Pumpido incluyó la cuestión en el orden del día del pleno del TC como «debate jurídico» sin horizonte de dictar una decisión procesal, lo que fue interpretado como una señal de que la corte de garantías no iba a obstaculizar la actuación de Sevilla, como sucedió.
