Los matrimonios por conveniencia siguen siendo una preocupación real para los encargados del Registro Civil, a pesar de que el número total de bodas en España no se acerca todavía al de décadas anteriores.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), tras un descenso continuo en la primera década del siglo, los enlaces repuntaron ligeramente hasta 2019, antes de volver a resentirse por la pandemia.
Pero más allá del volumen de matrimonios, lo que inquieta a las autoridades es la autenticidad de algunos de ellos. “Los matrimonios simulados, también conocidos como de conveniencia o fraudulentos, son aquellos en los que las partes no tienen intención de formar una verdadera comunidad de vida conyugal, sino que buscan obtener beneficios legales, como pueden ser la residencia en España u otras ventajas fiscales”, explica Rocío Ocaña, socia del despacho Marín & Mateo Abogados. El Código Civil es claro al respecto: el consentimiento matrimonial debe ser “real y libre”; de lo contrario, el matrimonio es nulo.
En 2019, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) registró la nulidad de 75 matrimonios y la denegación de más de 350 solicitudes de autorización para casarse civilmente, en las que al menos uno de los contrayentes era extranjero. Ese mismo año, se revisaron 238 expedientes en vía de apelación.
Para detectar este tipo de uniones, los funcionarios del Registro Civil realizan entrevistas por separado a los contrayentes. “Les formulan preguntas personales, como la fecha y lugar de nacimiento, el nombre de los padres, dónde se conocieron o dónde viven. Pero también cuestiones cotidianas: quién cocina, quién se levanta antes, cuál es el color favorito del otro o cómo le gusta el café”, detalla Ocaña.
Existen otros indicios que también hacen saltar las alarmas: grandes diferencias de edad, ausencia de un idioma común, falta de convivencia o de responsabilidades compartidas.
En los casos más extremos, se ha detectado la existencia de matrimonios forzados o concertados. Entre 2020 y 2022, se contabilizaron 25 de este tipo en España.
Las consecuencias de un fraude
La declaración de nulidad matrimonial tiene efectos claros: “Supone que el matrimonio no ha existido nunca, así que no se puede disfrutar, por ejemplo, de la pensión de viudedad o de los derechos hereditarios que corresponden al cónyuge”, subraya Ocaña.
Si uno de los contrayentes ha obtenido la residencia o la nacionalidad española a través del matrimonio, estas pueden ser revocadas, con la consiguiente posibilidad de expulsión del país. Además, el cónyuge nacional puede enfrentarse a un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.
El fraude puede conllevar también un delito de falsedad documental, con posibles sanciones penales y administrativas. No obstante, si del matrimonio han nacido hijos, estos conservarán todos sus derechos, incluso cuando se haya demostrado que uno de los cónyuges actuó de forma engañosa.
“La nulidad puede solicitarla el Ministerio Fiscal o cualquier persona interesada ante el juzgado de primera instancia del domicilio conyugal”, precisa la letrada. Para ello, será necesario aportar pruebas, como declaraciones de los cónyuges, informes de extranjería o evidencias de no convivencia.
