A partir de hoy, 3 de abril de 2025, no se podrá presentar una demanda civil o mercantil sin haber intentado antes una solución extrajudicial.
Así lo establece la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entra parcialmente en vigor con una de sus medidas estrella: la obligatoriedad de acudir a los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de iniciar un proceso judicial.
La norma busca reducir el número de litigios y descongestionar los juzgados, sustituyendo la cultura del pleito por una del acuerdo.
Solo quedarán fuera de esta exigencia los casos que afecten a derechos fundamentales, filiaciones, procedimientos concursales, medidas cautelares o situaciones de violencia de género, entre otros supuestos expresamente previstos.
Los MASC comprenden distintas fórmulas: desde la mediación, la conciliación o la negociación directa, hasta la intervención de expertos independientes, ofertas confidenciales o la abogacía colaborativa. Cualquier intento serio y documentado de llegar a un acuerdo servirá para cumplir con este nuevo requisito legal.
Pero hay más: la ley también introduce un cambio en el régimen de costas. A partir de ahora, los jueces podrán tener en cuenta si alguna de las partes se negó injustificadamente a buscar una solución consensuada.
Esa actitud, si queda acreditada, podrá volverse en su contra en la resolución final del litigio.
Una reforma estructural de fondo
La Ley de Eficiencia no se limita a promover acuerdos. A partir del 1 de julio comenzará a desplegar su reforma más ambiciosa: la transformación de los actuales 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia. Cada uno de estos tribunales contará con una Oficina Judicial que prestará apoyo administrativo.
Este nuevo diseño permitirá una mayor flexibilidad organizativa y una distribución más eficiente del trabajo, según el Ministerio.
Además, favorecerá la especialización judicial, ya que las plazas se agruparán por secciones, lo que permitirá homogeneizar los criterios y mejorar la calidad de las resoluciones.
Otra de las claves de esta reorganización es la desvinculación entre la creación de nuevas plazas judiciales y la apertura de nuevos juzgados.
Ya no será necesario montar una estructura entera para sumar un juez. Ese cambio permitirá ahorrar cerca de 300.000 euros por plaza, fondos que podrán destinarse a reforzar los tribunales que lo necesiten.
Con este paquete de medidas, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes pretende dar un giro completo al sistema: menos litigios, más acuerdos y una Justicia más rápida, eficiente y cercana al ciudadano.
