"El ejemplo ministerial sobre la Oferta Vinculante Confidencial evidencia un preocupante desconocimiento de la ley", lamentan los expertos. Foto: EP
El Ministerio plantea una Oferta Vinculante Confidencial que parece estar olvidando a los abogados
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11/4/2025 05:35
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Actualizado: 10/4/2025 23:11
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La explicación ofrecida por el Ministerio de Justicia sobre la Oferta Vinculante Confidencial (OVC) podría provocar un aumento en los precios de servicios, y un incremento de la morosidad. Ello, además de provocar que los abogados parezcan ser «superfluos» en estas ofertas, a pesar de que la realidad es muy distinta.
Con la llevada de la Ley de Eficiencia, el pasado 3 de abril, cualquier reclamación que haga un ciudadano en materia civil y mercantil deberá contar con un intento de negociación antes de acudir a los tribunales.
Un planteamiento con el que se busca «evitar el colapso que sufre actualmente la justicia civil y mercantil. Y fomentar los medios de solución de conflictos extrajudiciales», explicaba recientemente el magistrado Vicente Magro.
Normativa en la que la Oferta Vinculante Confidencial se ha convertido en una protagonista indirecta. Y es que el Ministerio de Justicia publicaba, dentro de estos medios de solución de controversias (MASC) a la OVC como una buena opción.
«Es un medio adecuado para la solución de controversias mediante el que cualquier persona hace una oferta a la otra parte. Esta oferta debe ser aceptada de manera expresa. Y una vez aceptada, ambas partes están obligadas a cumplir lo acordado», explica el Ministerio en su web.
Explicación que va acompañada de un ejemplo. Pero que, sin embargo, parece demostrar que ni el propio departamento de Félix Bolaños comprende su naturaleza.
El «burdo ejemplo» de la Oferta Vinculante Confidencial
«El ejemplo planteado resulta simplista y preocupante. Describe una situación en la que Ana, diseñadora gráfica, mantiene una controversia con su cliente, Luis, quien se niega a pagarle alegando insatisfacción», explica Óscar Pérez Núñez, de Prius Abogados S.L.
Un ejemplo en el que el Ministerio propone como solución que Ana, «pese a que le deben 300 €, formule una OVC reduciendo su factura a 250€, abonable en 2 mensualidades para zanjar el asunto en un mes».
“El problema no es solo la tardía publicación del ejemplo, sino su falta de rigor”, señala el abogado. “Cuando alguien tiene un problema jurídico, lo sensato es acudir a un abogado, no improvisar una renuncia económica sin conocer las consecuencias legales.”
A su juicio, el proceso de asesoramiento brilla por su ausencia. “No se valora jurídicamente la situación, ni se contempla el derecho del acreedor a reclamar la totalidad de la deuda, con intereses y costas, si procede. En este contexto, la defensa letrada de Ana difícilmente habría aconsejado una OVC en esos términos.”
“Este ejemplo no solo es desafortunado; revela una preocupante falta de comprensión sobre el conflicto jurídico que pretende ilustrar.”
Los abogados, un papel fundamental en la negociación
Desconocimiento que, tanto para él como para Vicente Magro, podría provocar, o bien un aumento de los precios de los que ofrecen el servicio, para «regatear» posteriormente el precio real, como un aumento de la morosidad.
Ello, ante algunos ciudadanos que se amparasen «en este sistema para dejar de pagar sus deudas y que, finalmente, soliciten que se reduzcan las mismas para admitir el desarrollo de una negociación».
«El planteamiento transmite una idea peligrosa: evitar ir a juicio a cualquier precio, incluso a costa del propio derecho. Se plantea una supuesta eficiencia basada en ceder sin criterio», advierte Pérez Núñez.
Sin embargo, no es solo el erróneo ejemplo del Ministerio lo que preocupa al abogado. Y es que lo escrito en la web oficial dependiente de Félix Bolaños también parece dar una falsa sensación de que «los abogados están al margen de esta historia».
«Lo verdaderamente relevante aquí es que cuando una persona tiene un conflicto jurídico, necesita asesoramiento legal. El conocimiento de la ley y de sus mecanismos no puede sustituirse por una oferta improvisada de rebaja», subraya.
Una relevancia —la del abogado— que no parece ser prioritaria para el departamento de Félix Bolaños, ni en el contexto de la OVC ni en el conjunto de los MASC. “El mensaje implícito que transmite el Ministerio es que la figura del abogado resulta prescindible. Que lo recomendable es que el ciudadano acepte, sin más, rebajar su pretensión económica sin recibir asesoramiento jurídico alguno. Y eso supone debilitar el derecho, no reforzarlo, ni hacerlo más eficiente.”
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